Desde que el Gobierno anunció el año pasado su intento de desvincular a 3155 agentes y el congelamiento salarial de la planta, en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se respira un clima de conflictividad permanente. Uno de los gremios del organismo activó en la jornada un apagón informático y asambleas en las diferentes sedes del organismo en rechazo al ajuste que impuso la administración de Javier Milei.
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), uno de los gremios más representativos de la ex-AFIP, recurrió a la Justicia y logró que se dicte una medida cautelar que le impide al Gobierno avanzar con despidos o con otras medidas que atenten contra la “estabilidad laboral”.
El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictado en enero, en plena feria, se mantiene vigente. Juan Pazo, titular del organismo, intentó abrir un canal de diálogo con el gremio, pero puso como condicionar que se levante el reclamo judicial, según contaron fuentes sindicales a LA NACION. Como no hubo acuerdo, se renuevan ahora las protestas, que contemplan parálisis y asambleas también la semana próxima.
ARCA
Los trabajadores de la ex-AFIP tienen sus ingresos congelados desde marzo de 2024. La inflación interanual de marzo de 2024 a marzo de 2025 fue de 55,9%, según el relevamiento del Indec. Hoy, el salario básico en ARCA es de $1.700.000, según fuentes consultadas del organismo. Además, parte del salario, el que está atado a los porcentajes de recaudación obtenidos, ha sido nominalmente disminuido un 12%.
“Internamente el organismo está en un agresivo proceso de vaciamiento de estructuras, tareas y personal con miles de bajas desde el inicio del 2024. Los trabajadores reclaman abrir las negociaciones paritarias sin condicionamientos para discutir salarios y condiciones de trabajo, ante un organismo sordo y sin visión encabezado por Juan Pazo, un funcionario sin experiencia alguna en lo que a las cuestiones fiscales se refiere”, argumentó el gremio la medida de fuerza. La AEFIP está encabezada por Pablo Flores.
En octubre del año pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por la ARCA. También, dijo que iban a desvincular a 3155 de los 22.200 empleados del ente recaudador. El Gobierno sostuvo que se trataba de empleados nombrados “de manera irregular” durante el gobierno de Alberto Fernández, que representaban el 15% de la dotación del organismo y que correrlos era imprescindible para eliminar la “burocracia innecesaria”.
Actualmente, por la medida cautelar dispuesta por la Justicia laboral, no hubo despidos, aunque si se dieron numerosas bajas. El año pasado hubo 800 empleados que se acogieron al retiro voluntario, mientras que unos 1600 inciarion sus trámites de jubilación. Antes de la gestión libertaria, el promedio anual de jubilaciones en el organismo era de 350 personas, aproximadamente, según fuentes del ente recaudador.
Además de la protesta de este miércoles, que afectará el normal funcionamiento de la sede central y del resto de los organismos, se prevé otro apagón informativo el martes próximo. El gremio, además, convocó a movilizarse el 30 de abril junto con la CGT en apoyo a los jubilados y por el Día del Trabajador.
La Nación