El gigante tecnológico Google, que forma parte del grupo Alphabet, se enfrenta a partir de este lunes en los tribunales de Washington al Gobierno estadounidense, que quiere obligar a la compañía a vender su navegador Chrome, para que haya más competencia en el mercado de los motores de búsqueda en línea.
El resultado del juicio, que se espera que dure unas tres semanas en el Tribunal de Distrito de Washington, podría transformar el ecosistema actual de internet e incluso el de la inteligencia artificial (IA), tecnología por la que se disputan la vanguardia los grandes titanes de la tecnología, entre otros, Google.
Durante el verano pasado, el juez federal Amit Mehta -encargado ahora también este juicio- emitió un fallo que determinó que Google había dominado ilegalmente las búsquedas en línea. “Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantenerlo”, escribió entonces el juez.
Antes de iniciar los alegatos en el juicio, la fiscal general adjunta, Gail Slater, dijo que este caso une a Estados Unidos en un momento “de división política” en el país. “Este caso se presentó durante el primer mandato del presidente Trump y se litigó durante tres administraciones. Ha unificado a nuestra nación. Cuarenta y nueve estados, dos territorios y el Distrito de Columbia se han unido al Departamento de Justicia para procesar a Google. Y con razón”, anotó la fiscal.
En este sentido, Slater destacó que cada generación ha exigido que el Departamento de Justicia de EE.UU. desafíe a un gigante “que aplastó a la competencia” y puso como ejemplo a Standard Oil y AT&T. “El gigante de hoy es Google. Es un guardián de nuestro comercio y nuestra información. Es tan omnipresente y poderoso que interactúa con millones de estadounidenses, miles de millones de veces al día”, añadió la denunciante.
La apelación
Google, por su parte, planea apelar el fallo final, según detalló Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de la compañía. “En el juicio, demostraremos cómo las propuestas sin precedentes del Departamento de Justicia van mucho más allá de la decisión de la Corte y perjudicarían a los consumidores, la economía y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos”, anotó Mulholland.
La semana pasada, un juez determinó que Google infringió la ley para consolidar su dominio en la industria de la tecnología publicitaria en línea, y dio la razón al Departamento de Justicia de EE.UU. en la aplicación de la ley de antimonopolio contra el titán tecnológico. “Los demandantes han demostrado que Google ha participado deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos para adquirir y mantener un poder monopolístico en los mercados de servidores de anuncios para editores e intercambios de anuncios para la publicidad gráfica en la web abierta”, se lee en el fallo de la jueza Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia.
El trasfondo
La economista argentina Cecilia Rikap –profesora asociada de Economía y jefa de Investigación en el Instituto de Innovación y Propósito Público de la University College London– explicó a Página/12 el trasfondo del juicio: “a fines de agosto del 2024, un juez del distrito de Columbia declaró a Google culpable de mantener un monopolio ilegal en búsquedas en línea, y de haberle pagado miles de millones de dólares a los fabricantes de dispositivos y a los desarrolladores de navegadores, para que instalen su motor de búsqueda y lo establezcan como predeterminado, tanto en los navegadores como en los smartphones. Se los acusa entonces de suprimir la competencia y dominar al mercado. Esta demanda fue seguida por la otra que acusa a Google de adquirir y mantener un monopolio ilegal en la publicidad digital. Supongamos que el resultado de la primera denuncia efectivamente dice que hay que desmembrar a Google y en particular, que tiene que hacer una desinversión de Chrome. Esto no va a alcanzar para rasgar siquiera la base del poder de Google, que es su monopolio intelectual. Si se promueve la competencia solamente, sin desmantelar a los monopolios intelectuales –basados en la acumulación sistemática de datos y en los algoritmos de IA– no habrá ningún cambio de fondo. Esos algoritmos se mejoran a medida que se les hacen más preguntas y recopilan más datos. Estos algoritmos son desarrollados en conjunto con una red de miles de organizaciones que terminan trabajando como empresas satélites o universidades satélites de Google, porque la base del monopolio intelectual de Google no son solo las investigaciones de Google, sino también la apropiación de investigaciones realizadas por otras organizaciones. Mientras todo este entramado no se desmantele, cualquier tipo de solución que se quede a nivel del mercado, está destinada a fracasar. Ya que los posibles competidores que surjan, no van a ser preferidos por el público, que ya elijen a Google por default ellos mismos”.
Para Cecilia Rikap, una de las problemáticas para limitar realmente el poder de los tecnofeudos digitales del siglo XXI es que la legislación en favor de la competencia, trabaja los casos por separado. Cuando el asunto debería ser examinado a nivel del ecosistena digital general. Porque la dinámica general de este tipo de negocio es que todo conduce al monopolio de manera “natural”. El ganador de esta carrera se queda con casi todo el mercado, ya que operativamente, lo ideal –desde la perspectiva empresaria– es que exista una sola oferta, una provisión centralizada del servicio, algo que se justifica no solo por la gran inversión en capital fijo que hay que hacer en centros de datos con infraestructura digital, sino también porque los algoritmos se auto-mejoran a medida que procesan información. “Entonces, si queremos tener el mejor motor de búsqueda, necesitamos que sea uno solo y que todo el mundo esté haciendo las búsquedas allí”, dice Rikap. Esto genera que Google sea la que se llene los bolsillos a base de una tecnología que colectivamente los usuarios estamos mejorando y produciendo, mientras nos hace ver publicidad targeteada. Por lo tanto, la solución a este abuso de poder no sería la competencia, sino el considerar al motor de búsqueda como un bien público global o un bien común.
Para la investigadora argentina, la solución debería apuntar hacia otro lugar, más allá de si quitan a Chrome de los dispositivos donde el usuario lo tiene instalado a la fuerza: “Porque esto tendrá un efecto mínimo en el mercado. Lo que se necesita diseñar son soluciones que estén a la altura de poder desmantelar estos monopolios intelectuales. Lo que hace falta realmente es expandir la soberanía mediante la existencia de alternativas digitales públicas que prioricen las necesidades de las personas y la crisis ecológica. Incluso se podría pensar en redes sociales gobernadas de manera autónoma e internacional. Porque en el contexto actual de Argentina y EE.UU. es impensable una solución pública para un servicio tan central. La solución no es que estas tecnologías sigan estando en manos privadas, que son gobiernos todavía más antidemocráticos que los de Miley y Trump, sino pensar en formas de gobierno internacionales, colectivas, que expandan la representación de gobierno, no solo a quienes sean representantes electos de los países, sino también a organismos de la sociedad civil, a representantes sindicales y académicos expertos en las distintas disciplinas”.
Hay más casos
Google no es la única compañía tecnológica que se enfrenta al Departamento de Justicia, pues este también ha demandado a Apple, al argumentar que la compañía de la manzana mordida pone trabas a los consumidores para abandonar sus dispositivos y su software.
En la misma vía, la Comisión Federal de Comercio ha demandado a Amazon, acusando a la compañía de presionar a las pequeñas empresas de comercio electrónico; al igual que demandó a Meta por eliminar a sus rivales al comprar Instagram y WhatsApp. El juicio contra Meta comenzó en la capital estadounidense la semana pasada.
Página/12