Por Carlos Burgueño*
De los aproximadamente US$ 40 mil millones que recibirá la Argentina por el acuerdo de Facilidades Extendidas más los aportes de los organismos financieros internacionales, el paquete de ayuda de los Estados Unidos, alcanzó los US$ 22 mil millones. Unos 10 mil millones de aporte directo vía Fondo Monetario Internacional. Otros 6 mil millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), divididos en unos US$ 3 mil millones directos al Banco Central y otros 3 mil millones destinados al sector privado.
Y otros 6 mil millones del Banco Mundial, divididos en US$ 3 mil millones de crédito directo y otros 3 mil millones de dólares a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad que integra el grupo y que tiene como característica fundamental el poder destinar fondos directos de libre disponibilidad.
Es mucho dinero. Una cantidad sólo comparable con aquellos US$ 25 mil millones que Bill Clinton le giró a Ernesto Zedillo en la crisis del Tequila entre diciembre de 1994 y marzo de 1995. Y que, en aquel evento, ayudaron a que México saliera de su última gran crisis de pagos. Fue el precio que EE.UU. debió pagar para que México permaneciera en el Nafta, firmado dos años antes, en diciembre de 1992. Sin embargo, Clinton exigió un largo listado de condiciones, a las que Zedillo accedió. No quedaba otra en realidad.
Ese paquete de ayuda es muy similar al que ahora recibió el gobierno de Javier Milei, pero no de manera directa, sino a través del FMI, el BID, el BM y el BIRF. Incluso el dinero es aún mayor, ya que entre las cuatro entidades se le otorgaron a la Argentina unos US$ 18 mil millones más. Semejante ayuda directa, trae también una lista de requerimientos desde los Estados Unidos, que Argentina deberá cumplir. O atender. Y que la liberación para la importación de maquinaria usada fue el primer eslabón. Vendrán más.
El más complejo, obviamente, será el fin del programa de swap con China, un reclamo que el Gobierno atenderá. Pero no ahora. Se pidió tiempo. Y desde Washington se otorgó. Las razones son simples. Argentina le debe a China, aproximadamente (no hay cifras exactas ni actualizadas ni oficiales), unos 9 mil millones de dólares, de los cuales unos US$ 5 mil millones se renovaron hasta el próximo año.
Esos yuanes se utilizan, básicamente, para el intercambio comercial entre Argentina y China, con un mecanismo que permite salvar la intermediación de dólares. Con esta alternativa, el BCRA evita que cada déficit comercial entre los dos países, se transforme en menos dólares, ya que la contabilidad se realiza con los yuanes vía swap. En tiempos difíciles de demandas de incrementos de reservas reales, el swap no molesta.
Incluso, teóricamente, convendría una renovación y ampliación. Imposible por ahora, pero, eventualmente, se sabe desde Buenos Aires que China siempre está dispuesta a la ayuda financiera. Si lo sabrá Alberto Fernández que en su gobierno la única usina abierta de financiamiento fue Beijing. Todo esto lo sabe Washington, que durante la visita de Scott Bessent, se habló del tema. En privado y en público.
La idea del gobierno de Javier Milei es que pase el tiempo. Que se llegue al segundo trimestre del 2026, y que allí, con el vencimiento de la renovación del swap pactada un día antes de la aprobación del acuerdo con el FMI, pensar en la resolución del problema. Especulan muchos dentro del Gobierno, que para esa época la guerra comercial entre Estados Unidos y China tendrá un epílogo, sin vencedores ni vencidos, y que los reclamos por el swap se habrán esfumado. La gran pregunta es qué pasaría si esto no sucede. Simple, la solución debería venir de Washington. No de Beijing.
La habilitación de este instrumento fue siempre polémica. Un swap es un mecanismo por el cual los dos países se comprometen a habilitar eventualmente el cambio de divisas, sin la intervención de terceras monedas, en este caso, el dólar.
El aporte de capital lo hace el Banco Central de China, bajo la certeza de que los yuanes serán eventualmente utilizados. Hasta que se ejecute el cambio, quedan como libre disponibilidad del depositante: el BCRA. La idea fue otorgar este dinero en cuotas, como garantía para el intercambio financiero entre los dos países para la construcción de las grandes obras en el país comprometidas con el país asiático, fundamentalmente la represa Cóndor Cliff-La Barrancosa, proyecto que en algún momento el gobierno de Mauricio Macri prometió clausurar pero que, por la vigencia del swap decidió mantener vigente.
Milei dio la orden de suspender el proyecto más importante de infraestructura vigente, dentro del marco de paralización de la obra pública en todo el país. Decisión de la que solo se salvó la reversión del Gasoducto del Norte.
El conflicto con el swap no es lo único que Estados Unidos le reclamó al Gobierno a cambio de la abundante ayuda de divisas que agrandó las arcas del Banco Central el martes pasado. Desde Washington llegó la renovación de un clásico reclamo, para modificar un gran tabú local: la legislación que ampara los registros de propiedad a nivel mundial. O la falta de protección a estos. Algo conocido como la ley de patentes.
Un reclamo de décadas, que ante la existencia de un Gobierno que ampara la libertad, los derechos de la propiedad privada y el libre comercio basado en el respeto de las normas internacionales; sería un capítulo imprescindible. Y que desde los Estados Unidos se trajo a la mesa de reclamos. Curiosamente, lo que se pide desde el gobierno de Donald Trump. Coincide con los reclamos que desde casi todo el mundo se le envía periódicamente, con poco éxito, a la Argentina; y que, según la letra del pedido mundial, regirían en la comarca latinoamericana.
Pero por algún motivo proteccionista clásico criollo, por estos lugares o no se aplicaría, o los grados de libertad y desregulacion serían mínimos. Muy mínimos. Se habla de muchos rubros, pero en dos concretos la situación sería más problemática: investigación de productos para el agro y medicamentos. En el primer caso, se conoce la historia del desarrollo de semillas resistentes a la sequía desarrolladas en el país por multinacionales, que no se pueden registrar ante el mundo por falta de reciprocidad con legislaciones internacionales en materia de propiedad intelectual.
En el caso de los medicamentos, el más clásico de los reclamos, se mencionan lobbys eternos de laboratorios locales que permanentemente frustran el avance de la innovación en el mercado local por ser casi imposible patentar un medicamento desde 2012, cuando Juan Manzur y Debora Giorgi armaron un cepo regulatorio todavía vigente. Incluso, se insiste, por debajo de las legislaciones de países vecinos. Por ejemplo, el Uruguay, donde curiosamente fue con gobiernos de centroizquierda donde la flexibilización de la normativa para los medicamentos dio un paso importante.
Ahora, desde los Estados Unidos de Donald Trump, se encontró la oportunidad de avanzar, de una vez, en esta flexibilización de un mercado que para ese país se considera clave. Un reclamo sobre el que se suben también laboratorios europeos. Y donde, probablemente, haya novedades rápidas desde el gobierno argentino.
Finalmente, se suma un reclamo que no sorprende. Estados Unidos busca ingresar con preferencia sobre algunos minerales clave como el litio y el cobre, y las denominadas “tierras raras”. En el primer caso, todo es más simple de comprender: se trata de dos de las gemas más preciosas de la economía argentina, de las que necesitan miles de millones de dólares para desarrollar, y donde China avanza con rapidez. Argentina forma parte con Chile y Bolivia del “Triángulo del Litio”, se cree que posee unos 19 millones de toneladas de reservas, de las cuales 7 millones, pueden ser extraíbles en un plazo relativamente rápido, y con inversiones de entre 7 mil a 10 mil millones de dólares.
El litio es clave para la industria de conservación de la energía, donde los automóviles eléctricos son el principal demandante. Obviamente, la referencia directa lleva a Tesla, la empresa de Elon Musk, uno de los referentes más ineludibles en la relación entre Javier Milei y el Estados Unidos de estos tiempos. En el caso del cobre, casi todo está por hacerse. Los proyectos son pocos, y las especulaciones muchas. Pero hay una realidad mundial. Debido a la electromovilidad, la demanda de cobre seguirá subiendo, y los yacimientos internacionales son pocos, y teniendo en cuenta los costos y tiempos que tiene el cobre para empezar a producir, sin nuevos jugadores no habrá cobre suficiente.
Y ahí aparece la oportunidad argentina. Quien tenga cobre, tendrá gran parte del problema de la transmisión energética solucionado. En un mundo donde el mineral comenzó a faltar. Otra vez, el principal interesado en invertir es China; con sus miles de millones de yuanes (otra vez el swap) a la espera. Bessent fue claro. Nada de China en los minerales raros. La prioridad deberá ser el interés de los Estados Unidos. En realidad, para el Gobierno, no habría problemas en el cambio de socio, especialmente en este tipo de proyectos mineros. En definitiva, se trata de dólares, y negocios son negocios.
Los argentinos que negociaron alguna vez con él o con gente de su administración, fundamentalmente funcionarios de Juntos por el Cambio en los tiempos de Macri, sacaron una conclusión sobre Donald Trump y su forma de negociar. El presidente de EE.UU. es un comerciante. Si da algo, es porque quiere o necesita algo a cambio. Negocia, comercia, intercambia. No regala. Trump le otorgó a Milei una oportunidad de seguir adelante con su programa económico. Y de volverlo al centro del ring. Fue con unos US$ 22 mil millones. Ahora llegó el tiempo de sentarse a negociar retribuciones. Algo a cambio. Y que equipare en el tiempo en dinero invertido en el país y en el gobierno de Trump. Evidentemente, el listado ya está confeccionado.
(*) Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología
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