La causa “Vialidad”, donde se juega el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, ya está en manos del Procurador General interino, Eduardo Casal. La Corte Suprema decidió pedirle opinión respecto del recurso presentado por el fiscal de Casación, Mario Villar, quien pretende que se eleve a doce años de prisión la condena a seis que le impusieron a la presidenta del PJ tanto el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) como la Cámara Federal de Casación Penal, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los supremos, que volvieron a ser tres después de la renuncia de Manuel García Mansilla, dieron este paso en medio de una fuerte presión político-mediático-empresarial para excluir a CFK de las candidaturas de este año.
Movimientos calculados
En la Corte hay 17 recursos de queja desde hace quince días en el caso conocido como Vialidad, por el que la expresidenta fue condenada por administración fraudulenta por el TOF2 y en segunda instancia. Los jueces decidieron pedirle al Procurador que dictamine puntualmente sobre el planteo de Villar, quien en respaldo a los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola, pidió que la condena sea por asociación ilícita, y con eso que la pena sea incrementada al doble por la que fue condenada CFK, además de inhabilitarla para la función pública.
Cuando un fiscal apela, la Corte está obligada a pedirle al jefe de los fiscales que decida si sostiene o no el recurso de queja presentado. Podía haberlo hecho antes, ahora o más adelante. No hay un tiempo estipulado. Pero debía hacerlo. Eligió este miércoles, un día después de que La Nación titulara en su web en forma destacada y por varias horas: “La Corte retiene la causa contra Cristina Kirchner y se despeja el camino para que sea candidata”. Entonces ese diario pasó a decir un día después que “la Corte movió un casillero y aleja las sospechas sobre un pacto para favorecer a Cristina Kirchner”.
El máximo tribunal simplemente le mandó a Casal un texto de una línea: “Córrase vista a la Procuración General de la Nación”, en alusión al recurso de Villar, pero no le envió para que dictamine los planteos de las defensas. Sobre esos no tiene obligación. No le puso plazo –algo que ha hecho en otras ocasiones– aunque todo indica, según allegados a Casal, que no demoraría más de un mes en dar su respuesta. Lo que diga el dictamen no es vinculante para los supremos, pero siempre es un mensaje. En este caso, la encrucijada es si el Procurador avala a fiscales que pidieron, en un juicio donde prácticamente no se la mencionó a CFK, una condena por asociación ilícita. Su evaluación se debe centrar en si Villar ofrece argumentos atendibles. Si se inclina por la posición de Casación, o por otra, implica que desiste del recurso.
Qué está en juego
Un gran interrogante es cuán fuerte está dispuesta a jugar la Corte y cuándo lo haría. En los acuerdos previos, Ricardo Lorenzetti insistía en que quería darle un tratamiento expeditivo al tema, durante el primer semestre. Sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte procuran manejar ellos los tiempos y dejan trascender que serían los mismos tiempos de cualquier otro expediente. Como es evidente, los tiempos en estos casos no son jurídicos, son políticos, y en la historia de los fallos que involucran a dirigentes hubo desenlaces variados, y los casos varían en características también.
La Corte, por ejemplo, tuvo tres años y medio la causa “Dólar Futuro” hasta que resolvió sobreseer sin que haya juicio a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en diciembre último. En el caso Ciccone, a Amado Boudou le confirmó la condena en seis meses, aunque la diferencia es que estaba preso y eso requiere celeridad. En la causa Memorándum, después de un año y dos meses, los supremos resolvieron que la expresidenta debe enfrentar un juicio oral. Hace algunas semanas, hay rumores de que el alto tribunal se pronunciará sobre la condena por lavado de activos a Lázaro Báez en la llamada “ruta del dinero”, pero ahora según fuentes del tribunal, la semana próxima van a debatir si le piden o no opinión al procurador (ahí no hay recurso fiscal, sino de la defensa).
En “Vialidad”, donde se le atribuyó a la expresidenta un supuesto papel en el direccionamiento de 51 obras públicas de Santa Cruz a favor de Báez, hay dos cuestiones claves en juego que, a su vez, dependen del calendario electoral y de cuándo los supremos resuelvan. Si la Corte confirma la condena a CFK la prisión se podría volver efectiva, aunque en su caso tendría derecho a la domiciliaria por tener más de 70 años. Si se postula, como podría ocurrir, a legisladora por la provincia de Buenos Aires, adquiriría inmunidad de arresto al ser elegida. Si no hay PASO, el cierre de listas podría ser el 7 de agosto. Entonces, el desenlace está atado a lo que haga o no la Corte. Si la Corte no resuelve nada antes de esa fecha se podrá postular. Si se postulara para diputada nacional, el cierre es el 17 de agosto. Ese cargo también le daría inmunidad. La discusión que se abriría es sobre la inhabilitación para ejercer cargos.
Puede pasar, como muestran los antecedentes, que el expediente pase mucho tiempo en la Corte Suprema. Los jueces no sólo tienen para analizar lo que dijo Villar y vaya a sostener el procurador, sino el resto de los imputados. La presentación de CFK fue contundente: recordó que los jueces que intervinieron no fueron imparciales -se reunían con Mauricio Macri-; no se hicieron pericias de las 51 obras cuestionadas; no se compararon esas obras con las construidas por otros contratistas; se presentaron pruebas forzadas que ni siquiera se exhibieron en el juicio y no se le permitió a ella responder sobre esas evidencias presentadas fuera de las audiencias. Su abogado, Carlos Beraldi sostuvo al presentar la queja en una conferencia de prensa: “No hay ninguna posibilidad de que Cristina vaya presa en el corto plazo y es falso que la Corte rechaza estos recursos en todas las oportunidades”.
Página/12