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    Inicio » 25 años de prisión: la primera sentencia por trata con explotación a través de medios digitales y abuso sexual reiterado
    12 April 2025 JUDICIALES

    25 años de prisión: la primera sentencia por trata con explotación a través de medios digitales y abuso sexual reiterado

    Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°4 porteño. Las víctimas fueron tres mujeres -una de ellas se suicidó antes de la detención del imputado-, que eran sometidas en distintos departamentos del barrio porteño de Retiro entre 2017 y 2020. Durante la pandemia, el condenado reconfiguró la modalidad de explotación y obligó a una de las damnificadas a exhibirse vía webcam. Es la primera condena por trata bajo esta modalidad digital.
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    25 años de prisión: la primera sentencia por trata con explotación a través de medios digitales y abuso sexual reiterado
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    El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó ayer a 25 años de prisión a un hombre que entre 2017 y 2020 abusó y explotó sexualmente a tres mujeres a las que engañó con falsas promesas laborales para obligarlas a prostituirse o -a partir de la pandemia- a tener sexo virtual delante de webcams en diferentes departamentos del barrio porteño de Retiro. Se trata de la primera condena por trata con explotación por medios digitales y el caso también tiene la particularidad de que una de las víctimas se suicidó antes de que el imputado fuera detenido.

    En línea con lo solicitado en su alegato por el titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Abel Córdoba, y la auxiliar fiscal María Laura Grigera, el tribunal consideró a Fredy Junior Arturo Zea Ricardo (38) autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado contra tres mujeres.

    La pena de 25 años fijada por la jueza María Gabriela López Iñiguez y sus colegas Guillermo Costabel y Luciano Gorini, es tan solo dos años menor a los 27 que habían pedido los representantes del MPF.

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    Además, el tribunal hizo lugar a las medidas de reparación patrimonial y no patrimonial que había solicitado la fiscalía en su alegato y ordenó extraer testimonios para investigar la posible participación de otras personas en los hechos.

    Finalmente, ordenaron embargar un inmueble del padre de Zea Ricardo ubicado en la localidad bonaerense de Ezpeleta, por haber sido utilizado como instrumento del delito -era base de sus operaciones digitales- y como el sitio donde el ahora condenado se ocultó de la acción de la justicia.

    Este juicio ante el TOCF N°4 comenzó el 4 de octubre del año pasado. A lo largo de diez audiencias declararon 21 testigos y se exhibieron los videos de las Cámaras Gesell de dos de las víctimas, ya que la primera -identificada como María Cecilia S.-, no llegó a declarar porque atormentada por lo vivido tomó la decisión de suicidarse en 2021. El próximo 15 de mayo se conocerán los fundamentos.

    Streaming sexual en pandemia

    En su alegato, Córdoba y Grigera destacaron que el acusado tuvo la habilidad de adaptar la explotación de una de sus víctimas para sortear las restricciones impuestas en 2020 durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ante la pandemia del COVID-19: a través de la transmisión online o streaming.

    Según la fiscalía, esa joven era obligada a someterse a largas jornadas de exposición ante la webcam para transmitir en línea contenido sexual pago. A criterio del MPF, esta nueva modalidad resultó “aún más cruel y tortuosa”, ya que no tenía límite ni descanso, le exigía la exposición constante, el manejo de códigos y lenguajes de exhibición que desconocía.

    Los hechos

    A lo largo del juicio se pudo comprobar que Zea Ricardo captó a la primera víctima, María Cecilia S., a través de la publicación de un anuncio en el Diario Clarín mediante el cual se solicitaban modelos sin experiencia para una supuesta campaña publicitaria. Fue así como, desde mediados de 2017 y hasta el 4 de septiembre de 2020, el hombre la acogió con la finalidad de explotarla sexualmente trasladándola hacia distintos departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    En particular, se constató la presencia de la víctima en los domicilios ubicados en Florida al 800, Tres Sargentos al 400 y avenida Santa Fe al 800, todos en el barrio de Retiro. Durante ese tiempo, el acusado la forzó a mantener relaciones sexuales con distintos clientes en esos domicilios alquilados, bajo una contraprestación monetaria que terminaba quedándose en su totalidad.

    Además, conforme la declaración de la víctima que fuera plasmada en los distintos informes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, así como a través de posteriores relatos escritos por la damnificada, se supo que Zea Ricardo solo la dejaba dormir cinco horas al día y le proporcionaba únicamente media hora para comer.

    Durante el debate, la fiscalía explicó que Zea Ricardo le hacía creer que conformaban una sociedad y que con él iba a ganar mucho dinero, a pesar de entregarle solo 500 pesos para asearse y comer.

    Por otro lado, debido a que en gran parte del período del cautiverio de esta víctima regía el ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el hombre ofrecía un “servicio sexual virtual” en las páginas web “Chaturbate” y “Strip Chat”, los cuales se consumaban a través de la aparición de la víctima en medios virtuales por medio de una webcam suministrada por el propio imputado.

    Esta víctima logró escapar el 4 de septiembre de 2020 del domicilio de la avenida Santa Fe junto con personal de la “Asociación Civil Madres y Víctimas de Trata”. Tiempo después, el 15 de diciembre de 2021, antes de que el acusado fuera detenido, decidió quitarse la vida tras estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico como consecuencia de todos los sucesos relatados.

    Zea Ricardo captó a la segunda víctima en noviembre de 2017 y la sometió hasta el 19 de febrero de 2018 aproximadamente. Según consta en el expediente, la joven fue contactada a través de la publicación de un anuncio en el diario Clarín mediante el cual se solicitaban modelos para realizar fotos publicitarias de lencería.

    La joven relató que el hombre la citó para sacarse las primeras fotos en un domicilio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 600, del barrio de Retiro. Allí, la ocultó, mantuvo en cautiverio y explotó sexualmente, ya que, de acuerdo a la investigación, la forzaba a mantener relaciones sexuales con terceros y con él mismo, y se quedaba con la totalidad del dinero producido.

    Según la fiscalía, durante ese período, la mujer padeció maltrato psicológico, agresiones verbales, tormentos y amenazas de dañar a su familia. Finalmente, en febrero de 2018, la víctima logró escapar del domicilio en cuestión, lo que motorizó el inicio de la investigación.

    En cuanto a la tercera víctima, conoció al imputado en un boliche de zona sur del conurbano bonaerense que ambos frecuentaban. Luego de conversar sobre las aspiraciones laborales que tenía la víctima, Zea Ricardo le prometió brindarle trabajo como promotora.

    Para ello, a fines de 2017 la citó en el departamento de la calle Florida al 800 de Retiro para tomarle fotografías en ropa interior, deportiva e indumentaria sensual. Más tarde, la trasladó al departamento de Marcelo T. de Alvear, lugar donde la acogió para explotarla sexualmente, según la denunciante. Durante ese tiempo, la forzaba a mantener relaciones sexuales con distintos clientes, quienes la sometían a diversas prácticas y se drogaban sobre su cuerpo.

    Según su relato, también era forzada a mantener relaciones con el propio imputado, de quien recibía de manera constante humillaciones, maltrato psicológico, agresiones verbales, golpes y amenazas para continuar la explotación. Finalmente, en junio de 2018, en una ocasión en la que tuvo que salir a comprar provisiones, la mujer logró escapar.

    Inicio de la investigación

    La investigación se inició el 19 de febrero de 2018, fecha en que la segunda víctima logró escapar del departamento donde se encontraba cautiva. En septiembre de 2020, se produjo la huida de María Cecilia S. del departamento de avenida Santa Fe al 800 donde también se encontraba cautiva, y se inició una nueva investigación judicial que por conexidad se sumó a la primera.

    Luego de la detención del imputado, la tercera víctima, que reconoció al acusado como su victimario a partir de ver sus fotos en la prensa, se acercó al proceso a denunciarlo y se presentó como querellante.

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