Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?
En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.
En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.
Crónica de una (no) regulación anunciada
En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.
Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.
El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país.
Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes.
Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.
La historia
En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas.
Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país.
Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.
El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.
También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente.
Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.
Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.
Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.
En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.
Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.
Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l.
En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.
La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”.
Estado de situación 2025
En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento.
En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).
Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid.
Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.
De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.
Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.
Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) – que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.
En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio.
En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.
El que busca, encuentra
Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.
Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).
En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”.
“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio.
De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.
Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.
El agua en las escuelas
Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.
El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.
Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.
Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.
Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.
Política de Estado
El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.
Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.
También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.
“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.
Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”.
En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.
La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.
“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.