Después de casi tres años de gestiones infructuosas para conseguir la conexión de energía eléctrica, un grupo de emprendedores decidió trasladar a la provincia del Chaco el proyecto de su primera planta extrusora de soja que habían fundado originalmente en Ibarreta, Formosa.
El reclamo escaló a la Justicia provincial desde hace un tiempo, sin embargo, los socios todavía no lograron tener una respuesta favorable por parte de Recursos y Energía de Formosa SA (Refsa), el proveedor del suministro eléctrico, que administra el gobierno de Gildo Insfrán, y que se negó a hacer la conexión. La inversión inicial que hicieron fue de $100 millones.
“Después de más de dos años sin poder trabajar en Ibarreta [Formosa] por la falta de conexión de energía eléctrica, nos vinimos a San Martín, Chaco, y hoy tuvimos la visita del gobernador de la provincia. Hoy estamos trabajando con más de 40 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Todo lo que no pudimos obtener en Formosa, en muy corto periodo, lo pudimos lograr en la provincia del Chaco. Siempre aguardando y esperando poder volver a nuestra provincia para que esas fuentes de trabajo sean de formoseños”, dijo Juan Ignacio de Hagen, uno de los socios del emprendimiento.
Según aclaró a La Nación, la planta que construyeron desde cero en el 2021 en Ibarreta no está abandonada, sino parada, ya que no puede trabajar por la falta del suministro eléctrico. “Seguimos sin tener luz. Lo que hicimos fue alquilar una planta en San Martín, Chaco, para poder trabajar y empezar a procesar hasta que se resuelva la situación en Formosa y podamos trabajar”, aclaró. Hasta hace un tiempo, los empresarios habían alquilado un grupo electrógeno que les permitía procesar la soja que llegaba para mantenerla en funcionamiento, pero debían desembolsar cerca de $9.200.000 mensuales por el equipo.
De Hagen agregó que el gobierno de Formosa también les presentó ante el reclamo una medida cautelar de no innovar y la última resolución de la Justicia Federal fue negativa. “La saña ya es total”, precisó.
“Después de más de dos años de reclamos e insistencia, incluso por vía judicial, no logramos que Refsa nos conecte la luz”, lanzó Francisco Paoltroni, uno de los dueños del emprendimiento y senador nacional por Formosa, exaliado del presidente Javier Milei hasta que protestó contra el intento del Poder Ejecutivo de llevar al juez Ariel Lijo a la Corte.
“El gobernador Insfrán sigue poniendo trabas a las inversiones, el desarrollo y el avance del sector privado en Formosa. Este proyecto buscaba generar progreso para los formoseños, pero solo encontramos obstáculos. Necesitamos un gobierno provincial que promueva el crecimiento de la industria y fomente la creación de fuentes de trabajo genuinas para todos los formoseños. El modelo fracasó”, apuntó.
Después de la insistencia de los damnificados en Refsa, en agosto de 2022 recurrieron a la Justicia local para presentar un recurso de amparo, ya que las trabas se habían multiplicado en ese entonces. “Estamos esperando que la Justicia se expida sobre la conexión, que es un derecho constitucional, el acceso a la energía. Eso está en la Cámara de Apelaciones de Resistencia”, aclaró Paoltroni.
En aquel momento, contaron los empresarios, Refsa les pidió las habilitaciones que en realidad estaban en poder de la proveedora de servicios públicos, y que habían sido aprobadas por ellos mismos. Aún así, lograron volver a presentar toda la documentación, con copias certificadas, pero no obtuvieron respuesta hasta el momento. Paoltroni agregó que la última respuesta que recibieron de Refsa fue que se trataba de “una medida autosatisfactiva”, y que iban a informar la fecha de conexión. Jamás sucedió.
“Para no perder la clientela y la operatoria, alquilamos esa planta y estamos produciendo desde julio del año pasado allí en San Martín, Chaco. Ayer nos visitó el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, como visita todas las industrias del Chaco, ya que nosotros somos uno más”, afirmó. El senador aclaró que no tienen créditos provinciales y la inversión que hicieron en el traslado del proyecto fue costeada por ellos. “Solamente queremos trabajar en libertad”, puntualizó el legislador.
El traslado del proyecto, que prometía ser el despegue de la agroindustria en la zona de Formosa y, por tanto, la primera compañía de procesado del poroto de soja en la región, requirió de “más inversión” y todo el lucro cesante que se sumó a lo invertido en Ibarreta. “La planta está terminada desde hace tres años y lista para funcionar. No poder producir significa, claramente, una pérdida enorme. Seguiremos esperando, pero mientras tanto buscamos no perder la clientela ni frenar el desarrollo, por eso decidimos alquilar esta planta, lo cual, por supuesto, representa una inversión adicional”, agregó.
En aquel entonces, una nota firmada por Sebastián Lezcano, apoderado legal de Refsa, argumentó que programar la conexión significa sacar de servicio el alimentador de 33 Kv de la zona. “Dejarían sin suministro de energía eléctrica a localidades como Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Tigre, Perín, entre otras”, se indicó en la respuesta. Agregó que la situación “generará pérdidas a la empresa [Refsa]” por la energía no vendida “e inconvenientes a los usuarios de toda esa zona”.
La Nación