En nuestra región, el podio lo integran Corrientes con el 45.0%, Posadas 44.2% y Formosa 41.6%; mientras que el Gran Resistencia registra un 36.8%, casi cuatro de cada diez asalariados que están en la informalidad. En cuanto a los datos de jubilaciones otorgadas con moratorias muestran los índices más altos en Formosa, con 90,1%; Chaco, con 86%; Misiones, con 82,4% y Corrientes, con 81,1%.
Esa incidencia del grupo de trabajadores sin aportes a los sistemas jubilatorio y de salud – que se eleva a más del 56% entre quienes no terminaron el ciclo educativo secundario – es más alta en el Conurbabo que en el país en general y, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, donde uno de cada cuatro empleados no está registrado.
A la vez, es una tasa más baja que la de centros urbanos como el Gran Salta (48,8%), Gran San Juan (47,5%), Gran Tucumán (47,1%) y las ciudades de Concordia (Entre Ríos) y Santiago del Estero y La Banda, donde cerca de la mitad de los empleados no cuenta con aportes.
Los datos, consignados por un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP (UBA-Conicet), surgen del análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, según resultados al tercer trimestre de 2024, cuando la tasa promedio para el país de empleados sin aportes fue de 36,7%.
En el cuarto trimestre ese índice cayó levemente, a 36,1%, aunque lo cierto es que se mantiene en niveles similares (y altos) desde que se recuperó el empleo tras la crisis causada por la pandemia de Covid-19 (la tasa bajó fuertemente en 2020, pero solo porque se destruyeron muchos más puestos informales que formales).
Los datos del empleo asalariado del sector privado registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en tanto, muestran que a diciembre de 2024 hubo una caída de puestos en blanco de 1,6% respecto de ese mes de 2023, aunque en julio de 2024 se revirtió la tendencia a la caída y hubo leves incrementos.
La situación es heterogénea, según destaca el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP, coordinada por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria. Mientras en Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego) el índice fue de 14,3% y en Neuquén-Plottier y Río Gallegos, de entre 18% y 19%, en la ciudad de Salta y sus alrededores llegó a 48,8%, tasa similar a la de Concordia.
En el Gran Córdoba resultó de más de 43%; en el Gran Mendoza, de 40%, y en el Gran Rosario, de casi 33%. El índice de CABA, de 23,6%, aunque alto, se ubicó entre los más bajos, junto con los de ciudades patagónicas.
El reflejo en las moratorias
Desde el lado del sistema previsional, un dato que refleja esa situación de informalidad – entre otros aspectos de la realidad social, como la pobreza y la inactividad – es el del porcentaje de jubilados que obtuvieron su beneficio mediante un plan de moratoria, por no haber acumulado los aportes que exige la ley.
De las jubilaciones en curso de pago, dos tercios fueron dadas de alta tras la adhesión de sus titulares a esos planes. De acuerdo con la estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social, en CABA la mitad de los jubilados tuvieron moratoria, al tiempo que en partidos del conurbano como La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, Moreno, Quilmes, San Miguel, Escobar, Berazategui, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Merlo, Tigre y Malvinas Argentinas, la tasa de incidencia de esas prestaciones es de entre el 70% y el 80%. En Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín, Morón y San Fernando, en tanto, el índice es de entre 65% y 70%.
En el interior, los índices más altos se observan en Formosa, con 90,1%; Chaco, con 86%; Misiones, con 82,4%; Corrientes, con 81,1%; Entre Ríos, con 74,1%; La Pampa, con 70,2%, y Neuquén y Santa Fe, con cerca de 70% en cada caso, según datos de la subsecretaría a mayo de 2024 (últimos disponibles).
En el promedio de la provincia de Buenos Aires, considerando las prestaciones del sistema nacional gestionado por la Anses, la incidencia de casos con moratoria es de poco más de 70%.
Se trata de una jurisdicción en la cual, a diferencia de lo que ocurre en CABA, para los empleados del sector público hay un sistema propio, en tanto que quienes trabajan en el sector privado o por cuenta propia están comprendidos en el régimen nacional (salvo el caso de los incluidos en otros regímenes, como las cajas de profesionales). Es decir, la provincia tiene también jubilados y pensionados que son de su propia caja, al igual que en las demás jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes a la Nación.
Cuentapropismo, con mayor informalidad
Cuando se mira la situación de todo el mercado laboral, considerando el empleo asalariado y el cuentapropismo, los números muestran una mayor gravedad. Según un informe del Instituto Torcuato Di Tella, basado también en datos de la EPH, la tasa de informalidad alcanzó el 52,4% en el tercer trimestre de 2024. Para ese período de cada año, la tasa no bajó del 50% desde 2021.
Del total de trabajadores informales, en tanto, poco más de la mitad son empleados sin aportes (la gran mayoría está en unidades que ocupan solo hasta 5 personas), en tanto que cuatro de cada diez son cuentapropistas, y el resto, empleadores o –en mucha menor proporción– trabajadores familiares sin salarios.
El problema, según la actividad y grupos poblacionales
El análisis de los datos de la encuesta de hogares del Indec permite concluir, según el trabajo de del IIEP de la UBA y el Conicet, que existe una alta disparidad según la actividad. En el servicio doméstico y la construcción, las tasas de empleados sin aportes llegaron en el tercer trimestre de 2024 a 78,7% y 77,6%, respectivamente. En el empleo en la gestión pública y en los servicios financieros, en tanto, los índices fueron de 9,9% y 26,2%, en cada caso.
En el segmento de las mujeres, entre quienes la informalidad en el empleo asalariado fue de 38,6% según el relevamiento del Indec –contra un 35% entre los varones–, la tasa “se reduciría al 30,3% al excluir del cómputo al servicio doméstico”, según concluye el informe del IIEP. Y en la población masculina, se agrega, el índice “pasaría del 35% al 29% si se excluyera la construcción”.
En el grupo de mujeres jóvenes, de 16 a 24 años, se observa la mayor tasa de no registro laboral cuando se hace un análisis combinando dos aspectos: género y edad. En ese grupo, el índice de informalidad trepa al 69,5%. La incidencia más baja se da en el segmento de varones de entre 45 y 65 años, con una tasa de 25%.
Los datos de jubilaciones otorgadas con moratorias muestran, a la vez, una mayor participación de casos entre la población femenina. Del total de prestaciones que, en promedio, se pusieron al pago mes a mes en 2024, el 47,5% de las cobradas por varones fue obtenida con moratoria, en tanto que ese indicador trepa al 79,4% entre las mujeres, producto de la mayor informalidad y de la menor participación en el mercado laboral.
La Nación