¿Qué nivel de adhesión tienen actualmente las agendas de género y derechos sexuales y reproductivos en la población? ¿Qué opinión social hay sobre el rol que debe jugar el Estado para dar respuesta frente a la desigualdad por razones de género? ¿Qué diferencias hay en los posicionamientos entre varones y mujeres? Estas fueron tres de las preguntas que buscó responder un amplia investigación realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en articulación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y la colaboración de Luis Costa y Asociados.
El estudio “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina 2024”, se hizo a partir de una encuesta en línea a 2000 personas a nivel nacional y además, incluyó el desarrollo de 13 grupos de discusión en todas las regiones. Se encuestó a personas mayores de 16 años, seleccionadas para representar la diversidad de contextos sociales y territoriales de la Argentina.
Entre los resultados, se encontró que el 80 por ciento de las personas encuestadas considera que falta mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos en la Argentina.
Siete de cada 10 personas cree que el Estado debería involucrarse y/o invertir mucho o bastante en brindar asistencia integral a víctimas de violencia de género, facilitar información y métodos de prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual, y brindar educación sexual integral. En otras cuestiones sociales, como aumentar salarios en salud y educación, esta valoración alcanza el 80 por ciento. Y se acerca o supera el 90 por ciento en cuestiones como garantizar la calidad y continuidad educativas y reducir la pobreza.
Las mujeres muestran mayores niveles de simpatía en todas las causas, como ya han mostrado otros estudios de opinión. “Una mirada global de los resultados permite tener una apreciación diferente de lo que el clima cultural parecería indicar. El Estado aparece como un actor clave que, lejos de retirarse, debería involucrarse y garantizar inversión social en una sociedad en la que las personas consideran que resta mucho por hacer para generar condiciones de mayor igualdad de derechos”, analizó Lucila Szwarc, investigadora del CEDES.
Las simpatías son especialmente fuertes con las causas de derechos de las personas con discapacidad, derechos de niños, niñas y adolescentes, y defensa de las mujeres en situación de violencia. La sociedad no rechaza las reivindicaciones de las organizaciones que luchan por la igualdad entre varones y mujeres, revela el estudio. Por el contrario, las apoya: causas como el registro de violadores y el acceso a información sobre MAC y prevención de ITS generan las mayores adhesiones (8 de cada 10 personas), y el acceso al aborto y los cupos femeninos en espacios de trabajo tienen menores niveles de acuerdo relativos, aunque nunca por debajo del 50 por ciento.
En contraste con el discurso que desestima la desigualdad entre los géneros, 6 de cada 10 personas considera que existen desigualdades grandes o muy grandes entre mujeres y varones y 5 de cada 10 cree que estas desigualdades son menores que hace una década. Es decir, que en los últimos diez años se lograron considerables avances para reducir las brechas de género.
Si bien tanto varones como mujeres consideran que hoy existen desigualdades de género “grandes” o “muy grandes”, son ellas las que comparten en mayor proporción esa visión. Entre las mujeres, la suma de la opción “muy grandes” y “grandes”, que implican el reconocimiento de una disparidad, llegan hasta un acumulado de 66 por ciento, mientras que entre los varones, la suma de ambas opciones de respuesta llega a un bastante menor 49 por ciento. Los varones, además, tienen una diferencia muy marcada en la selección de la opción “no existen” las diferencias. Entre estos, ese valor alcanza un 20 por ciento, mientras que en las mujeres solo al 9 por ciento.
La violencia por motivos de género en la pareja es considerada el principal problema que enfrentan las mujeres, seguido de la exposición a abusos y a violencia sexual. Al momento de señalar “otros problemas”; es decir, ante la chance de ampliar las consideraciones de la reflexión, las mujeres señalan en mayor medida, respecto de los varones, el maltrato laboral por parte de jefes y/o pares, también las “diferencias salariales con los varones” y la “dificultad para ocupar espacios de poder o de toma de decisiones”.
El 65 por ciento (70 por ciento de las mujeres y 59 por ciento de los varones) considera que la educación sexual integral afecta positivamente la vida de las personas. Y el 46 por ciento cree que interrumpir el embarazo en situaciones seguras tienen ese impacto. Acá también se muestran diferencias de género: piensan que afecta positivamente el 49 por ciento de las mujeres frente al 43 por ciento de los varones.
Por otra parte, las mujeres apoyan más que los varones los derechos de las personas LGBT (33% y 17% respectivamente) y tienen mayor valoración positiva del acceso a un documento acorde a la identidad de género para la vida de las personas (44% y 30%).
¿Qué se puede concluir?
“Los resultados de este estudio parecen indicar que el cambio cultural sobre la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos experimentado por la sociedad argentina en las últimas décadas, ha sido profundo y ha dejado sus huellas”, señala el estudio.
“El desafío a futuro es visibilizar las adhesiones de la sociedad a estas agendas para sostener los avances logrados, continuar fortaleciendo la comunicación social para enfrentar los embates y evitar retrocesos tanto en el clima cultural como en la garantía normativa de esos derechos. Lo que la marea trajo y el viento no se llevó es mucho más de lo que el lugar común actual nombra y propone”, destacó la investigadora Silvina Ramos, coordinadora del relevamiento
“El estudio nos muestra un camino para el encuentro de una sociedad que se ve en muchos sentidos fracturada. Pero lo cierto es que hay espacio para la conversación y la construcción de consensos con personas con las que podemos disentir en muchos temas, pero con quienes compartimos aspiraciones comunes en torno a la no discriminación, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y el rol del Estado en ese trabajo”, consideró la directora ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi.
Página/12