A siete meses de la represión por el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria en la que la Policía Federal gaseó en la cara a una niña de 10 años, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de Cristian Rivaldi, el policía que apuntó con gas lacrimógeno contra la pequeña. Entre aquella represión y la decisión del fiscal Taiano ocurrieron una decena de nuevas represiones a los jubilados, entre ellas, la que dejó internado de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo el 12 de marzo pasado.
“Conforme se advierte de la videograbación incorporada al legajo, la actitud de Carla y Fabrizia Pegoraro, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia intimidación y/o violencia, de ningún modo pudo – ni puede – considerarse una situación amenazante o de riesgo suficiente para el personal policial o de terceras personas que justificara a Rivaldi la utilización del armamento no letal”, advirtió el fiscal Taiano.
El video que sirve de argumento para llamar a indagatoria al policía Rivaldi se viralizó durante días en canales de noticias y redes sociales. Incluso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a respaldar el accionar policial a partir de un video falso que difundieron desde su ministerio.
La ministra sostuvo que presentarían ante el Poder Judicial ese video, pero rápidamente se supo que era falso y hasta generó una réplica en vivo del periodista Eduardo Feimann, quien denunció que le habían pasado la grabación desde la jefatura de la Policía Federal, a cargo de Luis Alejandro Rollé. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se paseó por distintos medios diciendo que una mujer de naranja había gaseado a la pequeña. A pesar de las mentiras, ambos siguen en sus cargos.
En su demorado pedido de indagatoria, Taiano consideró contar con las pruebas suficientes para que el policía Rivaldi declare adelantando que podría su accionar podría ser “constitutivo del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves”.
Fabrizia Pegoraro, la niña de 10 años gaseada, y su madre, Carla Marina Pegoraro, fueron aceptadas como querellantes el 18 de septiembre, pocos días después de la represión; con la representación del abogado Gregorio Dalbón. En su presentación por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, pidieron ampliar la investigación más allá de la responsabilidad del policía Rivaldi y citar a indagatoria en los términos del a Bullrich, Monteoliva, Rollé y el comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini.
“En un esfuerzo por encubrir el acto de represión, Bullrich, Alejandra Monteoliva y Luis Rollé se valieron de sus altos cargos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Jefatura de la Policía Federal Argentina para orquestar una maniobra mediática, que incluyó la difusión de un video manipulado con el objetivo de ocultar la brutalidad de los hechos”, recordó Pegoraro en su presentación.
La causa en la que interviene Taiano esta radicada en el Juzgado Federal 9 que subroga María Eugenia Capuchetti.
Página 12