“Una mejora a la PUAM”, dicen quienes conocen del tema. Esa sería la “mejor alternativa” que el Gobierno propone ante el vencimiento de la moratoria previsional el domingo 23 de marzo, el instrumento que permitió incorporar a la Argentina en la lista de países con mayor cobertura del mundo al extender los beneficios previsionales del 66% al 95% de los adultos mayores desde el 2004. A corto plazo, la opción que más se repite entre las propuestas que recorren los despachos oficiales es la quita de regímenes especiales y la incorporación de una Prestación Proporcional por Vejez, que suma a la PUAM un proporcional por años aportados. El aumento de la edad jubilatoria —un pedido histórico del Fondo Monetario Internacional para bajar el gasto previsional—, frizado hasta después de las elecciones.
¿Qué es la PUAM? Es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, un beneficio previsional que otorga el Estado argentino a personas mayores de 65 años que no tienen una jubilación ni reúnen los aportes necesarios para obtenerla y es equivalente al 80% de una jubilación mínima.
Como antecedente de la intención oficial de eliminar los regímenes jubilatorios especiales y crear una prestación proporcional por vejez, que sume a la PUAM un proporcional por años aportados, es necesario remontarse a la primera versión de la Ley de Bases, en la que el Gobierno había propuesto la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por un nuevo sistema de prestación proporcional para aquellas personas que no cumplan con los años de aportes requeridos.
El proyecto de reemplazo de la moratoria proponía una prestación a la que podían acceder todas las personas con más de 65 años (alargando de esta manera la edad de las mujeres en edad de jubilarse y sin aportes, que es a los 60 años), para cobrar un monto equivalente al 80% del haber mínimo, similar a la PUAM pero con un plus proporcional a los años efectivamente aportados, si corresponde. Según fuentes parlamentarias, ese renglón de la Ley de Bases lo diseñó el exdiputado de la UCR Alejandro Cacace, actual subsecretario de Reformas Estructurales del ministerio que dirige Federico Sturzeneger, por lo que se acerca mucho a la intención oficial.
Entre los proyectos que hoy giran sobre este eje, algunos establecen que esta prestación por vejez tenga como techo a la jubilación mínima, otros que baje la edad de la PUAM para mantener la edad jubilatoria actual de las mujeres.
En carpeta
En paralelo, el Congreso se convirtió en una usina de propuestas. El pasado viernes, entraron cuatro proyectos de ley que se suman a una treintena que proponen desde la extensión de la moratoria actual hasta una reforma integral del sistema, pasando por la quita de jubilaciones o pensiones de privilegio y la Comisión de Previsión y Seguridad Social tratará en una sesión el próximo 9 de abril.
Las propuestas que menor asidero tienen dado el contexto actual son las de diputados y diputadas de Unión por la Patria (Leopoldo Moreau, Andrea Freites, entre otros) y el Frente de Izquierda (Vanina Biasi, Nicolás del Caño), que solicitan prórrogas por dos años a la moratoria previsional vigente. Gisela Marziotta (UxP) apuesta a una prórroga de diez años, y un proyecto presentado por Victoria Tolosa Paz (UxP) propone establecer una ayuda económica de $105.000 con actualización mensual por inflación.
Otro espacio importante en la agenda legislativa lo ocupan las propuestas dedicadas a la eliminación de beneficios previsionales especiales para el clero, presidentes, jueces y diplomáticos. Se destacan en este sentido la cantidad de textos que apuntan la restricción de haberes para condenados por delitos de corrupción. Los diputados cambiemistas Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, Ana Clara Romero, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi presentan uno que propone excluir a expresidentes condenados. Un djaboo respecto al debate de Ficha Limpia.
Finalmente, los diputados Alejandra Torres y Agustín Domingo, del bloque de Miguel Pichetto, propone una reforma integral del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones proponen la eliminación de los 30 años como requisito de un mínimo de servicios, considerar las remuneraciones de toda la vida laboral para el cálculo del haber previsional, establecer como piso garantizado de haber la PUAM y aumentarla en función de los aportes que la persona tenga realizados en su vida laboral y permitir, como ocurre con las jubilaciones, que quien percibe la PUAM pueda trabajar.
Y después: el FMI
El fin de la moratoria previsional coincide con un año electoral y de negociación con el Fondo Monetario Internacional, al que nunca le es ajeno el sistema previsional. Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán y director de la consultora Vectorial, vivió de cerca la última negociación de Argentina con el FMI en 2022.
“Básicamente el Fondo siempre pide tres cosas en la Argentina respecto de la cuestión previsional: la equiparación para de la edad de retiro entre hombres (65) y mujeres (60); la eliminación de la moratoria y un aumento de la edad jubilatoria a 67 años o incluso más. Todo eso en la práctica implica menos gasto previsional, porque tenes que estar trabajando más años para empezar a pagar”, cuenta en diálogo con este diario.
Con la moratoria previsional resuelta, el próximo dardo apuntaría al aumento de la edad jubilatoria. En la Argentina parecen años, pero pasaron apenas un mes y diez días desde que Javier Milei despidiera al extitular de la Anses Osvaldo Giordano, quien había afirmado que el Gobierno iba a presentar un proyecto para aumentar la edad jubilatoria durante 2025. “La reforma jubilatoria no es para este momento”, dijo el Presidente durante una entrevista televisiva después de echarlo, el 9 de febrero de 2024, a menos de dos meses de haber asumido, porque su pareja, la diputada cordobesa Alejandra Torres, había votado en contra de la Ley de Bases.
No hay que olvidar, sin embargo, que el Poder Ejecutivo tiene desde diciembre facultades extraordinarias en materia previsional hasta el 31 de diciembre, gracias al controvertido DNU 70/2023, el megadecreto que le permite derogar, modificar o intervenir sobre aspectos clave del sistema sin pasar por el Congreso.
¿Por qué presentar un proyecto si pueden hacerlo por decreto? ¿Por qué sobreactuar un rechazo al aumento de la edad jubilatoria? La respuesta está, sin dudas, en el terreno político. “El ritmo lo marcan las elecciones”, dice un legislador opositor. La posibilidad de avanzar con una reforma de alto costo social sin consenso legislativo es una carta con la que el Gobierno cuenta, pero también una jugada arriesgada en un año electoral. El camino del Congreso, más lento pero legitimado, parece hasta las elecciones la opción más viable.
elDiarioAR