El primer capítulo del debate sobre criptogate en comisiones de la Cámara de Diputados este martes culminó con la presentación de distintos dictámenes por parte de la oposición sobre pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes por escrito al Ejecutivo, aunque el oficialismo los desconoció, al asegurar que la fecha que se votó por emplazamiento para dictaminar era para este miércoles.
Los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda reunieron 53 firmas en un único despacho sobre pedido de informes con preguntas por escrito.
En tanto, en su despacho, UP y el FIT (40 firmas) reclamaron la interpelación a varios funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El de Democracia para Siempre (6 firmas) incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni; en igual sentido que el de Margarita Stolbizer y Esteban Paulón (EF), que también suman a la hermana del presidente. Finalmente, el de la Coalición Cívica y Oscar Agost Carreño (EF) sólo pide la interpelación de Francos.
En el inicio del plenario de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, el libertario Nicolás Mayoraz ratificó que este miércoles 19 se procedería “a dictaminar”, pero teniendo en cuenta la sesión convocada para el mismo día a las 10 para tratar en el recinto el DNU del acuerdo con el FMI, anticipó que el plenario iba a pasar para las 18.
Luego, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño – quien solicitó el emplazamiento a comisiones del tema – criticó que el Gobierno “tiene apuro por aprobar los pliegos, por sacar el acuerdo con el FMI con una aprobación exprés sin tener Presupuesto”, cuando el Congreso por su parte tiene “mucho más apuro en exigir explicaciones claras y serias por una estafa en la que se vio involucrado el presidente y su entorno”.
El cordobés aclaró que el Congreso “sólo busca lo que hacen los demás Parlamentos, que cuando ve al presidente y su entorno involucrados en un escándalo internacional que salió en todos lados, requiere explicaciones para reestablecer la credibilidad del país ante el mundo”. En tanto, aclaró que desde su bloque no están de acuerdo con el pedido de juicio político porque “creemos que no están dadas las condiciones”.
“Nadie debe ofenderse por pedir explicaciones”, planteó y resaltó: “Estamos ante un Gobierno que confunde mucho lo público y lo privado, es ahí donde el Congreso tiene que estar pidiendo explicaciones”.
El legislador cerró: “Entendemos que la justicia es la que tiene que investigar si hubo delitos y tendrá que castigar a los culpables. Pero el Congreso tiene que tener respuestas políticas como un contrapeso del Poder Ejecutivo sin perjuicio de la tarea que hace el Poder Judicial. Si no hay nada que esconder, entonces expliquen y respondan las consultas. El Gobierno se metió solo en esto”.
Por su parte, el santafesino de UP Eduardo Toniolli reclamó la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya que en palabras del propio Javier Milei: “Iba a planificar su defensa técnica frente a las requisitorias de la justicia en el caso $LIBRA. Milei al decir eso asumió la comisión de un delito peculado de servicio. Queremos que venga y explique cuál es su rol en la defensa técnica”.
Toniolli recordó lo sucedido el pasado 14 de febrero cuando se produjo una “estafa informativa con decenas de damnificados”, donde un tuit del presidente de la Nación “fue el gancho” que permitió que esos damnificados entraran en la estafa. Por ello, acusó: “Milei, o ha sido partícipe de un delito o es un funcionario público irresponsable”, y reiteró que “en uno u otro caso cabe la figura de mal desempeño y, por lo tanto, entendemos que corresponde avanzar con un juicio político”.
El santafesino cuestionó que “circula la idea entre otros diputados de exclusivamente reducir el papel del Congreso en la investigación de esta estafa a una comisión investigadora y a un cúmulo de pedidos de informes. Este ámbito legislativo no puede sustraerse a sus responsabilidades”.
“El presidente ha violado la Ley de Ética Pública, viola sistemáticamente la Constitución Nacional. Estos atropellos y avances irregulares del Gobierno nacional solo pueden ser posibles por la acción, omisión y cobardía de otros poderes del Estado y particularmente de éste, que parecen olvidar el artículo 29 de la Carta Magna que Milei viola cotidianamente. Es tiempo que el Congreso se haga cargo de la responsabilidad y que le haga frente a esta situación y le ponga un freno a un régimen de un orden autocrático”, remató.
A su turno, la diputada Margarita Stolbizer denunció que la ausencia de funcionarios en el Congreso para que den las explicaciones necesarias no es otra cosa que “un intento de ocultamiento y opacidad a la gestión y que no le hace bien al país que necesita reconstruir un vínculo y funcionamiento institucional que se basan en el principio republicano de la transparencia”.
Para la bonaerense, lo ocurrido es de “una gravedad que afecta el funcionamiento institucional y la credibilidad a la que deberá aspirar el Gobierno que llegó con promesas de cambio”. La legisladora de Encuentro Federal también hizo hincapié en que hay una violación a las normas de ética pública y reclamó la presencia de los funcionarios a que den explicaciones: “Me animo a decir que muchos de esos funcionarios jamás leyeron ni la Constitución ni la Ley de Ética Pública”.
“Necesitamos explicaciones porque el episodio es sumamente grave”, planteó y denunció que el tuit de Milei “fue directamente llamar a que se firme un contrato particular porque tenía el link del contrato, no fue solo publicidad”. Así, mostró preocupación por los que se beneficiaron con ese posteo y exigió que la justicia investigue sobre quiénes se beneficiaron e invirtieron en esa criptomoneda.
Stolbizer señaló que hubo una “gran cantidad de reuniones previas” que se llevaron a cabo en Casa de Gobierno con empresarios que aparecen como dueños de la cripto y apuntó: “En todas las reuniones tuvo una actuación decisiva la secretaria general de la Presidencia -Karina Milei-, que tiene funcionalmente y ejerce un cargo de enorme relevancia en el Gobierno y gran poder de decisión y fue una figura determinante en el vínculo del presidente con los empresarios”.
Sobre esa línea, remarcó que Karina Milei es “la persona más importante” que debe concurrir al Congreso por el papel que ejerce en el Gobierno y que tuvo en la generación de “este escándalo y promoción de este negocio privado”.
Por el oficialismo, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, subrayó que la reunión era de “carácter informativa” y que “no se puede emitir dictamen de ninguna manera”. Al igual que Mayoraz, el cordobés aseguró que si la sesión de este miércoles se extiende más allá de las 13, su bloque va a acompañar el pedido de que el plenario se reúna a las 18 para dictaminar porque “estamos abiertos a que se cumplan con los emplazamientos”.
Sobre el tema cripto, acusó al kirchnerismo y sus aliados de “hacer un show $LIBRA por un tuit” porque “plantean cuestiones que no tienen nada que ver con las problemáticas de los argentinos. Les molesta que al presidente le vaya bien, ese es el problema de ellos y les molesta. Lo que se está discutiendo acá no les interesa a los argentinos”.
El diputado de UP Martín Soria consideró que hay “nerviosismo” en la bancada libertaria respecto a este tema y añadió: “Clarín muestra como cae la imagen de Milei después de la estafa cripto”. Respecto a la discusión y la posibilidad de un juicio político, sumó que “no es la primera vez que lo hace (el Congreso) y no tiene nada que ver con un espíritu destituyente”.
El exministro de Justicia llevó recortes periodísticos sobre el tema y nombró a Hayden Davis, a quien le adjudicó “cuatro reuniones en Casa Rosada con Karina Milei”. Luego, fue más allá y aseveró que “la mitad de los argentinos se dio cuenta que Milei es un chanta, un fantoche y un estafador”.
En la misma línea, y con más recortes, Soria vinculó Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, de ser quien “contrató a Royal Class”, la empresa en la que habría volado Davis en varias oportunidades y que ahora estaría relacionada al vuelo que trajo a Laura Belén Arrieta, quien fue señalada de “arribar al país sin pasar por ningún tipo de control”.
En el final de su intervención, apuntó contra la bancada macrista: “Entiendo que el Pro, los grandes socios de los libertarios, quieran desarmar esta comisión”, pero “espero que no se agarren a trompadas como el papelón que hicieron los libertarios la semana pasada”. Finalmente dijo que “confundir lo público y lo privado, eso es lo que está mal, eso es estafa”.
Otra de las que habló en el debate fue Victoria Tolosa Paz, quien también apuntó contra el bloque que preside Cristian Ritondo e ironizó: “¿El Pro? Más que Propuesta Republicana será ‘propuesta represiva’”. Responsabilizó al oficialismo y a los aliados de buscar que se cayera este plenario y lanzó que “han intentado cometer una estafa y quieren hacer de cuenta que no pasó nada. Somos legisladores nacionales y debemos hacer lo propio porque acá hay incumplimiento de la Ley de Ética Pública”.
El diputado nacional Esteban Paulón se dirigió a los oficialistas que inicialmente defendieron al jefe de Estado alegando que no hacía uso de sus funciones cuando publicó el mensaje en X: “El ejercicio de la Presidencia de la Nación es 24/7, no termina cuando uno se va a la casa”. Llamó al hecho como “una estafa del mundo cripto”, y explicó que hay “dos grupos de damnificados: los patrimoniales que perdieron su dinero y el otro grupo que somos los 47 millones de argentinos”.
“Interesa saber cuál fue la trama de las reiteradas reuniones del vocero presidencial y la secretaria de Presidencia sindicada como ‘la cajera’”, enfatizó el socialista del bloque Encuentro Federal, quien también cargó contra el asesor de Milei: “No sabemos si Santiago Caputo participó de las reuniones con Hayden Davis, pero como no es funcionario público no debe responder por nada (en tono irónico)”.
En el final del primer plenario de comisiones, el radical de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, denunció “una maniobra política muy lamentable y muy patética de intentar encubrir e impedir que avancen la comisión investigadora y los pedidos de interpelación; la convocatoria a una sesión para el día de mañana en coincidencia con el emplazamiento es una maniobra”.
“El emplazamiento es para que las comisiones dictaminen, se dio la posibilidad de un doble debate, pero de ninguna manera esto impide que si existe un número se convierta en una cuestión burocrática de no poder emitir dictamen”, aclaró ante la postura del oficialismo de que el dictamen debía ser este miércoles.
Al igual que LLA y Pro, desde la UCR Karina Banfi recordó que “el día para dictaminar era el día 19”. “Hoy algunos diputados imponiendo números quieran adelantar decisiones que son propias de las decisiones que tomaron la semana pasada; no hubieran emplazado con fecha, señores”, expresó y consideró que “no podemos generar un antecedente totalmente perverso”.
En el cierre, la vicejefa del bloque de UP, Cecilia Moreau, avisó que antes que se terminara el plenario ya se habían firmado los dictámenes. “Esta presidencia no recibió absolutamente nada y la secretaría tampoco”, afirmó Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales. Pero Moreau exclamó que “esto va a tener consecuencias penales, civiles y políticas. Están pasados de rosca”.
Tras detallar todos los despachos, la diputada se preguntó; “¿en qué lugar del reglamento dice que no se puede dictaminar? Están poniendo en un problema a la Dirección de Comisiones”. Y agregó que la citación al plenario “no discrimina reunión informativa de otra de otro tipo”.
“Háganse cargo de seguir incumpliendo el reglamento. Presentamos los dictámenes como corresponde. Acá están los dictámenes que ustedes se están negando a recibir. Esto traerá consecuencias reglamentarias. Sigan tirando nafta”, cerró.
Parlamentario