El juez federal Alejo Ramos Padilla notificó directamente a Javier Milei de que está revisando las designaciones en comisión de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El magistrado le dio diez días hábiles al Gobierno nacional para que responda a los cuestionamientos contra el decreto 137, que fueron presentados por organizaciones de la sociedad civil y por la dirigente de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió –que actuará como amicus curiae (amiga del tribunal) en el expediente. La principal apuesta de la Casa Rosada pasa por sacarse de encima a Ramos Padilla con el auxilio de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Ramos Padilla arrancó la semana enviando oficios. Uno llegó a la Casa Rosada para Milei. Otro fue al cuarto piso del Palacio de Justicia, donde, desde el 27 de febrero, García-Mansilla ocupa la vocalía que solía pertenecer a Juan Carlos Maqueda. El tercero arribó al tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, donde está el despacho de Lijo, que quedó a la espera de la resolución del Senado después de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y García-Mansilla le negaran la licencia excepcional que pedía para asumir en la Corte.
En La Plata tramitan planteos para declarar la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137 de Milei. El reclamo lo iniciaron los abogados Mariano y Emanuel Lovelli por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Se sumaron después un grupo de organizaciones de la sociedad civil integrado por Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Ramos Padilla inscribió el litigio en el registro público de procesos colectivos de la Corte. Explicó entonces que el colectivo afectado está representado por cada uno de los ciudadanos del país que, como destinatarios del servicio de justicia, tienen derecho a una justicia independiente e imparcial y a que se respete la Constitución.
El Gobierno ya pidió que Ramos Padilla rechace las cautelares que habían solicitado las organizaciones. Ahora, deberá expedirse en el fondo del asunto. Aunque algunas cosas ya adelantó. En un escrito presentado por el flamante procurador del Tesoro de la Nación (PTN), Santiago Castro Videla, el Poder Ejecutivo valoró la inestimable colaboración que prestaron los cortesanos al tomarle juramento a García Mansilla en una ceremonia exprés y secreta.
“La inmediata intervención del Máximo Tribunal demuestra de conformidad expresa con la regularidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional, dando de ese modo respaldo a la constitucionalidad del decreto 137/2025 y despejando así de manera definitiva toda posible sospecha de ilegalidad manifiesta”, dice la presentación que también rubricaron el subprocurador Julio Pablo Comadira y Nicolás Olivari, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.
Más allá de la formalidad, la verdadera apuesta del gobierno es sacar a Ramos Padilla del expediente. Ya lo recusó sin causa –es decir, sin dar argumentos– en la causa. El juez rechazó la pretensión de apartarse.
En simultáneo, le informaron que habían hecho un planteo de inhibitoria ante el juzgado federal en lo contencioso administrativo 8, que está a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. La presentación fue el 12 de marzo, un día después de que Carrió se presentara en La Plata para pedir la inconstitucionalidad del decreto 137.
“Admitir un juez diferente resultaría entonces de una gravedad institucional inusitada por cuanto se permitiría a la actora modificar arbitrariamente al juez competente, sustrayendo su causa de su juez natural para llevarlo al de su injustificada elección”, planteó el Poder Ejecutivo.
Según pudo saber Página/12, el tema está a estudio de la fiscalía. Si Gilardi de Negre aceptara movilizar el planteo del Gobierno, debería trabar una contienda de competencia con Ramos Padilla –que posiblemente llegue a la Corte Suprema.
En diciembre de 2015, Ramos Padilla –cuando todavía ocupaba el juzgado federal de Dolores– frenó la designación en comisión de Rosenkrantz y Rosatti que había hecho Mauricio Macri, ganándose para siempre la antipatía del líder del PRO. Tras el fallo de Ramos Padilla, Cambiemos activó el trámite en el Senado y los dos candidatos pasaron por el trámite que dispone la Constitución.
Los pliegos de García-Mansilla y Lijo están en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado. Unión por la Patria (UxP) pidió una sesión especial para el jueves, que debería ser convocada por Victoria Villarruel en su rol de presidenta de la Cámara alta. La vicepresidenta no tiene demasiadas razones para defender la estrategia de Milei, con quien se aborrecen, pero ya dijo que García-Mansilla era un jurista de su confianza y a quien le pedía asesoramiento.
Página/12