La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya fueron informadas de la represión que desplegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir la marcha de los jubilados de todos los miércoles.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya cursó comunicaciones advirtiéndoles a los dos organismos de la magnitud del operativo represivo. En las próximas horas, se formalizarán las presentaciones.
“Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales”, resalta Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Desde el organismo, denunciaron que “el gobierno resucita la narrativa del ‘golpe de Estado’ para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer (por el martes) con las amenazas de la Ministra Bullrich”.
No es la primera vez que desde la administración de Javier Milei se habla de una intentona golpista por la presencia de manifestantes en las calles: ya lo había hecho con la represión del 12 de junio a quienes se manifestaron –o estaban en las inmediaciones del Congreso– cuando se debatía la Ley Bases.
El CELS advirtió que las decenas de personas heridas y detenidas eran trabajadores de prensa, jubilados, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales. “No hay golpe, hay represión”, enfatizó. En las últimas horas, Bullrich intentó justificar el ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo –que tuvo que ser intervenido y se encuentra en un delicado estado de salud– diciendo que era militante kirchnerista y trabajaba en el municipio de Lanús, dato que fue desmentido por el intendente Julián Álvarez.
La arbitrariedad de las detenciones quedó en manifiesto con la resolución que firmó Karina Andrade, jueza penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Andrade ordenó la soltura de 114 personas que estaban detenidas. Entre las irregularidades que detectó, la jueza Andrade enumeró que:
-Cuando se informaban detenciones, la información era imprecisa- no se sabía a qué hora ni en qué lugar se habían producido las aprehensiones;
-No se sabía por qué delito era detenida cada persona;
-No se precisaba en qué lugar sería la persona detenida alojada.
“Advertí, como adelanté al resolver, que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”, escribió Andrade. “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, completó.
La CIDH ha dedicado audiencias a analizar la situación de la protesta en la Argentina desde que La Libertad Avanza (LLA) llegó a la Casa Rosada. En julio pasado, el enviado del Ministerio de Seguridad –Alberto Föhrig– intentó justificar la situación que se produjo desde que Bullrich puso en marcha el llamado protocolo antipiquetes invocando situaciones similares a intentos de golpes de Estado.
Durante esa audiencia, Jan Jarab, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), le puntualizó al gobierno que le preocupaba la estigmatización de la protesta y que le alarmaba la respuesta que un sector de la justicia había dado frente a la represión del 12 de junio. Puntualmente se refirió al fiscal Carlos Stornelli, que había usado la información que proporcionaba el propio gobierno desde las cuentas de X para hablar de “actos terroristas”.
En las primeras semanas del gobierno de Milei, Bullrich recibió tirones de orejas por su protocolo anti-manifestaciones. El relator especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Nyaletsossi Voule, tuiteó que estaba recibiendo informes alarmantes sobre lo que sucedía en la Argentina y resaltó que “silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”. La CIDH y la Relatoría de Libertad de Expresión también recordaron en X que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe garantizarla.
Página/12