Cuando el presidente Javier Milei se fijó en Patricia Bullrich para conducir la cartera de Seguridad nacional, vio en ella no solo a la aliada que le permitió ganar la segunda vuelta en 2023, sino también a alguien que le garantizaba la idea de orden a cualquier costa y un vínculo directo con las cúpulas de las fuerzas federales de seguridad y las principales agencias del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos e Israel.
Se trataba, para la narrativa del libertario, de una dirigente experimentada que había trabado una “guerra sin cuartel”, así tituló su libro, contra el crimen organizado y las presuntas amenazas externas a las que se había enfrentado entre 2016 y 2019. Será por eso que desembarcó en el Gobierno de Milei prácticamente con el mismo equipo que condujo durante el mandato de Mauricio Macri.
Lo que Milei no vio, no quiso ver o tal vez le ocultaron, es lo que acaba de destapar un informe de la Auditoría General de la Nación al analizar las contrataciones directas que, bajo el paraguas de la Emergencia de Seguridad, llevó adelante la ministra Bullrich en su historia pre libertaria.
Sobreprecios que llegan a quintuplicar el valor estimado de lo adquirido, falta de documentación, prisa inexplicable en varias de las contrataciones e irregularidades de todo tipo en la mayoría de las compras que Seguridad llevó a cabo durante ese lapso de tiempo a empresas relacionadas con el Estado de Israel. Ese es el patrón que establece la investigación realizada por la AGN.
Pero, como siempre, para deshacer un ovillo que se extiende hasta el presente, hay que ir al principio.
Paraguas de emergencia
Todo comenzó el 21 de enero de 2016, cuando, mediante el DNU 228, se declaró la Emergencia de Seguridad Pública. De esa manera, el Ministerio de Seguridad conducido por Bullrich dio forma al paraguas que necesitaba para hacer contrataciones sin llamar a licitaciones públicas a lo largo de cuatro años. Fundamentalmente, se trataba de equipamientos y sistemas de seguridad por millones de dólares.
Ahora, según la AGN, se verificó que esas adquisiciones se realizaron sin un sistema de compras planificado, lo cual se vio agravado porque en casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) no hubo compulsa de precios, sino una elección discrecional por parte del Ministerio de Seguridad. A eso, la cartera conducida por Bullrich respondió que tanto la prisa como la falta de planificación se debieron a “situaciones que demandan respuestas inmediatas e imprevistas. (…) Este enfoque urgente llevó a la administración a reorientar recursos y esfuerzos hacia medidas directas y rápidas, postergando temporalmente la planificación estratégica”.
En parte, el rastro de quiénes intervenían en las negociaciones, ya sea representando al equipo de Bullrich como a Israel y sus empresas, fue quedando en el Registro de Audiencias Públicas. En esa sucesión de reuniones aparecen el entonces secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman (actual diputados nacional), y el secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación, Alberto Fernando Föhrig (actual director de Cooperación Internacional), respectivamente. Föhrig es la mano derecha de Bullrich en estas cuestiones. En tanto que Milman parece haber descongelado los vínculos con la Ministra, o al menos eso es lo que da a entender que hayan blanqueado la reunión que mantuvieron por “asuntos legislativos” el 14 de febrero de este año, según consta en el Registro de Audiencias. Cosas de la vida: Milman y Föhrig militaban juntos en el GEN de Margarita Stolbizer, antes de pasarse al grupo de los halcones de Bullrich.
Las fechas para comunicar las primeras adquisiciones por u$s84 millones no fueron elegidas al azar.
Mientras un país entero se disponía a celebrar el Fin de Año, el 30 de diciembre de 2016 se dio a conocer la compra de un sistema de seguridad fronterizo por u$s35 millones a la empresa israelí IAI ELTA. Poco después, el 2 de enero de 2017, el Boletín Oficial comunicó la Decisión Administrativa 1589/2016, por medio de la cual se informó que el 16 de diciembre se había autorizado la compra de cuatro lanchas patrulleras al Astillero Israel SHIPYARDS para combatir el terrorismo. El costo total alcanzaba la friolera de 49 millones de dólares. La justificación oficial fue que iban a ser utilizadas en la Hidrovía para enfrentar al crimen organizado.
Estas compras fueron impugnadas por diversos motivos, que van desde sobreprecios, pagos injustificados y diversas irregularidades como los $41 millones que se abonaron a Eitamar Barr. El informe incluye una llamada de atención, ya que señala que algunas de las tareas que la empresa de Eitamar Barr le facturó al Ministerio estaban incluidas en el pago de u$s35 millones.
La cosa se pone más rara aún un poco después cuando la empresa de Eitamar Barr fue contratada “sin mediar trámites administrativos” en conjunto con la firma ELTA System Ltd., subsidiaria del Grupo IAI, para servicios de capacitación con el objetivo de operar y efectuar el mantenimiento del Equipo VANT27 BE 650D, a pesar de que estaba incluido en el convenio. Por esto, cobraron un millón de dólares. Menudo premio, más si se tiene en cuenta que se confirmó que los equipos “se encuentran fuera de servicio, en la Unidad de Aviación Orán”.
Como si fuera el hilo de Ariadna para Teseo, el nombre del israelí Eitamar Barr es el que ata muchas de las reuniones. Parece que no sabían muy bien cómo presentarlo ya que en el Registro de Audiencias fue inscripto como asesor de ventas, particular interesado o ya como representante de Israel Aerospace Industries Ltd. y Automation System S.A (actualmente es la empresa que brinda el servicio de mantenimiento del sistema de circuito cerrado de televisión de la Casa de Gobierno de la Presidencia).
Esa multiplicidad de nomenclaturas que acompañan a Eitamar Barr llevó a muchos a pensar que, sencillamente, se trata de uno de los tantos lobistas de Israel que pululan en la región.
Lo cierto es que Eitamar Barr es oficialmente director de la firma Issatec Technologies SA, junto con su socia argentina Irene Fuentes. Issatec se presenta a sí misma en su sitio web como una firma que proporciona “soluciones tecnológicas y consultoría innovadora desde Israel al mercado latinoamericano”.
No obstante, el nombre de Eitamar Barr aparece en la documentación del estudio panameño Mossack Fonseca, cuyos papeles se dieron a conocer al mundo en la filtración que se conoció como Panamá Papers. El israelí emerge como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD, de la que también forman parte Ronen Barr y Amir Dadush. Los detalles de esas compañías se pueden leer en el sitio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Boleto picado
Recién el 20 de septiembre de 2024, la Auditoría General de la Nación elevó un informe de la gestión desarrollada al frente de Seguridad entre 2016 y 2019. Realizado por la auditora general María Graciela De la Rosa, fue aprobado el 20 de noviembre, con la disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva.
En diálogo con Ámbito, el equipo de De la Rosa se jactó de que es la primera vez que se realiza un informe de estas características desde la AGN. Tal vez por eso, los hallazgos son tan resonantes. De acuerdo con lo que reza el texto, las adquisiciones internacionales analizadas se ejecutaron mediante “convenios de implementación”, los cuales son cuestionados por la AGN porque no se explicitaron “los motivos por los cuales se llevaron a cabo apartándose de los Decretos” que regulan las compras y contrataciones del Estado.
El informe de gestión va más allá. Mucho más allá.
En el caso de la compra de los sistemas integrados de vigilancia de cruces fronterizos terrestres, la Auditoría subraya que “el importe adjudicado quintuplica al estimado en el informe de justificación elaborado por las Fuerzas de Seguridad (Subdirección de Fronteras de Gendarmería Nacional), sin que obren constancias que den cuenta del motivo del incremento del valor”.
La AGN da cuenta de que los gastos que se sumaron a los 35 millones de dólares iniciales lleva la cifra a más de 38 millones de dólares.
En ese contexto, la AGN comprobó el pago de u$s325.000 por fuera del convenio con Israel “para aumentar la altura de las torres de vigilancia del Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, denotando la inconsistencia del proyecto ofertado y, que se solventaron con fondos del Ente Cooperador ACARA”.
Según la auditoría llevada adelante por De la Rosa, El Ministerio de Seguridad incrementó los gastos pagándole poco más de 41 millones de pesos a la empresa Issatec Technologies SA, controlada por el mencionado Eitamar Barr, bajo la excusa de que era para “concretar la ejecución del Convenio de Implementación”. El pago también se realizó mediante fondos del Ente Cooperador ACARA. En cuanto a la participación de Issatec, según la respuesta del Ministerio, fue aprobada por ELTA Systems, que era la empresa con la que se había hecho el acuerdo.
Es importante prestar atención a esta caja ya que, en función de lo que se menciona en la página Nº57 del informe de la AGN, la utilización de los fondos de ACARA por parte del Ministerio de Seguridad aumentó 1378% entre 2016 y 2019. Se usaron tanto para pagarle a la mencionada Issatec como para contratar “un servicio de consultoría de medios, sin que obre justificación alguna de la necesidad de dicha contratación”.
Pero las compras objetadas no se agotan ahí.
En el caso de las cuatro lanchas patrulleras Shaldag, que se adquirieron por 49 millones de dólares al Astillero Israel SHIPYARDS Ltd, mencionan que, según el estudio comparativo que llevó a cabo el Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se abonó 138% más que las mejores ofertas que se podían encontrar en el mercado por lanchas similares.
Si alguien se pregunta qué pasó con las Shaldag, en junio de 2024, Prefectura Naval posteó un video bajo la inscripción “Nuestras lanchas patrulleras, en su máximo esplendor”.
En este punto, la AGN hace hincapié en la opacidad de la contratación, ya que Prefectura no accedió a la información ni la documentación necesaria para hacer una evaluación técnica. La auditoría llega a la conclusión de que esta compra se encuentra atravesada por “diversas irregularidades detectadas en materia de razonabilidad y transparencia”.
En la versión larga del informe de la AGN, constan las respuestas del Ministerio de Seguridad ante cada hallazgo. En el caso de aportar nueva información, la auditoría debe revisarlos y evaluar si eso modifica cada uno de los cuestionamientos. No fue así en la mayoría de los casos, por eso aparece repetidamente la inscripción “se mantiene el hallazgo”.
En relación con el contenido de este artículo, Ámbito contactó tanto a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su equipo de comunicación -en tres oportunidades- para solicitar su versión de los hechos pero derivaron el tema sucesivamente en otros colaboradores. En el caso del empresario Eitamar Barr cuando se le informó el motivo de la consulta, evitó responder.
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