“Respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, señala Andrade en su resolución, en la que advierte que los adultos mayores son parte de los “sectores más vulnerables de nuestra Nación” y que están “protegidos convencionalmente”.
“Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, explica la jueza y adelanta que se dispone “la inmediata soltura de los detenidos”.
La unidad de flagrancia pretendía hacer un operativo de salud con médico legista sobre cada uno de los detenidos, lo que hubiera implicado una extensa demora en la liberaciones. Por ese motivo, se ordenó que la soltura sea inmediata y se solicitó a la fiscalía que informe si quedan aun personas detenidas.
Hasta ese momento, llevaban registradas 114 personas privadas de su libertad pero podrían sumarse nuevas.
La decisión de la jueza contrasta con la actitud adoptada por la jueza federal Maria Servini, quien había demorado semanas y hasta meses en ordenar la liberación de las personas detenidas durante las protestas contra la aprobación de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Por otro lado, la jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Susana Parada, libró un oficio a los jefes de la Policía Federal y de la Ciudad para que informen antes de las 8 de la mañana la nómina de personas detenidas, autoridad policial que intervino, y Jueces/as a cuya disposición pudieran encontrarse. Lo hizo en el marco de un Habeas Corpus.
Página 12