La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano había presentado un pedido de investigación de los fondos de Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio al señalar que “no hay rendición de cuentas públicas de los millonarios fondos, que tiene de rehenes a todos los comerciantes y alimenta a la casta gremial empresaria”.
El titular de la asociación señaló que el reciente decreto del Gobierno que determina que las empresas ya no están obligadas a hacer aportes económicos a Cámaras empresariales, afecta a todos los convenios colectivos de trabajo del país y remarcó que el de comercio es “el más grande” de Argentina”.
De todas formas, sostuvo que la medida dispuesta por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado no impactará de lleno en el sector ya que “en la práctica ya era voluntario”. En ese sentido, dejó en claro que “jamás se le obligó” a pagar desde el instituto a ningún comerciante.
“Lo importante es que esto es un aporte del empresariado para los empresarios, acá no hay ningún tipo de aporte de los empleados, al contrario, en muchísimas cámaras del interior son beneficiados con las capacitaciones que se llevan adelante”, explicó sobre el uso de los fondos del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap) durante una entrevista con Radio Rivadavia.
Al respecto, agregó: “CAME tiene a 1.495 entidades como socias en todo el país. Se distribuye y se trabaja en conjunto todo el tema de capacitación para todas las entidades, que no solamente bajan a sus colegas empresarios sino a sus empleados para que se puedan capacitar en las cámaras de comercio en cualquier punto del país. Todos los números son públicos”.
A su vez, apuntó contra el ministro Federico Sturzenegger y aclaró: “También es importante que sepan, el ministro se equivocó en el número, porque lamentablemente ya no tenemos un 1.200.000 trabajadores de comercio, no llegamos a 700.000”.
La aclaración de González surgió luego de que el titular de la cartera de Desregulación afirmara: “Necesitamos aplicar la motosierra para eliminar los aportes obligatorios injustificados, como el del Inacap, que no ofrece un beneficio real. Ningún empleado se capacita todos los meses, o incluso nunca lo ha hecho, pero el empleador sigue obligado a aportar desde 2008 por cada trabajador registrado, que en el caso del convenio mercantil son 1,2 millones de empleados”.
“Veo mucha mala intención con datos infundados. Pero bueno, eso también es parte de lo que se vive hoy con esta rapidez de noticias y de títulos pero no hay nada para ocultar”, cerró el presidente de CAME.
Por otro lado, González también habló del nuevo relevamiento sobre las ventas minoristas de las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) en febrero que elaboró la CAME.
En cuanto a número interanual, registraron un aumento del 24%, aunque registraron una baja del 2,9% mensual desestacionalizada.
El dato significa el tercer aumento fuerte a nivel interanual, tras la suba del 17,7% de diciembre y del 25,5% de enero.
Sin embargo, la performance del mes pasado no fue suficiente para compensar toda la merma de febrero de 2024, cuando las ventas retrocedieron también un 25,5%.
“Lo que es preocupante para nosotros es que también se registró una baja en la intermensual, eso hay que mirarlo un poco más. Veníamos creciendo intermensualmente. Ahí se ven un poco las ventas reales”, analizó González.
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