“Lo de Lijo ahora queda en manos de Lijo”, asegura a Página/12 una importante fuente de La Libertad Avanza en Senado, poco después de que la Corte Suprema de Justicia le rechazara al juez federal Ariel Lijo el pedido de licencia para poder asumir como integrante del máximo tribunal.
El mensaje es claro: la Casa Rosada ya hizo su parte al enviar su pliego al Congreso y, además, designarlo por decreto. Si quiere asumir, deberá renunciar a su juzgado (algo que adelantó que no piensa hacer) o conseguirse los votos para que su pliego sea aprobado en la Cámara Alta.
Mientras tanto, los libertarios y sus aliados buscan tiempo para redefinir su estrategia: ante un escenario que anticipan adverso, cobra fuerza la idea de proponer una ampliación de la Corte a 7 miembros y que se sumen dos mujeres, además de Manuel García Mansilla y Lijo.
La oposición, por su parte, sigue con su idea de llevar al recinto los pliegos de ambos jueces y ponerle un límite contundente a Javier Milei. En Unión por la Patria primaba un extremo hermetismo para evitar que el Gobierno conozca sus pasos a seguir y presione sobre los legisladores para impedirlo.
“Están todos hablando con todos porque el decreto cayó muy mal en el Senado”, detallaba a este diario un hombre al tanto de las negociaciones entre las bancadas de la oposición. La situación de Lijo, que quedó a mitad de camino, con su designación por decreto pero sin acuerdo del Senado, volvió a agitar las aguas que ya venían revueltas.
Tal como adelantó Página/12, antes de que se conociera la última decisión de la Corte, ya con García Mansilla en el tribunal, la oposición evaluaba pedir una sesión especial para la próxima semana, con el objetivo de rechazar ambos pliegos. Para eso tenía que cumplir varios requisitos reglamentarios y sellar una serie de acuerdos políticos. En el caso de García Mansilla, su dictamen en la Comisión de Acuerdos no tiene las firmas suficientes para ser tratado en el recinto.
Con 17 integrantes en la comisión, se requieren 9 firmas para que haya despacho de mayoría. Según fuentes del oficialismo, hasta ahora sólo habían recogido cuatro. Las de Ezequiel Atauche, jefe del bloque de La Libertad Avanza, la tucumana Beatriz Ávila, y los socios del expulsado Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola y Juan Carlos Romero.
Al menos otros cinco senadores tenían que estampar su firma. En esa comisión Unión por la Patria tiene siete integrantes, la UCR otros cuatro y por último el misionero Omar Arce y la presidenta de la comisión, la larretista Guadalupe Tagliaferri.
La senadora del PRO por CABA aclaró que no es necesario que se reúna la comisión para conseguir las firmas restantes, dado que el expediente ya fue girado para su firma y podrían adjuntarlas sin reunirse nuevamente. Una vez que estén los 9 firmantes (quienes no estén de acuerdo con la designación de García Mansilla pueden acompañar “en disidencia”), el reglamento establece que debe pasar una semana para que el pleno de la Cámara pueda avocarse a su tratamiento.
En las filas libertarias especulaban con que eso aún no ocurrió y que entonces recién la próxima semana se lograría el dictamen y después siete días más para sesionar. Según sus cálculos ganarían entre 10 y 15 días de tiempo para explorar una salida a la encerrona constitucional en la que se metieron con el decreto presidencial.
En cambio, el pliego de Lijo ya tiene dictamen de comisión, logrado precisamente gracias a las firmas de Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma, de Unión por la Patria. Ese aval de los integrantes de la principal bancada opositora, sin embargo, se produjo mucho antes de que el Presidente nombrara a los jueces por decreto, situación que, aseguran en la conducción del bloque de UxP, revirtió el escenario.
“Ya dijimos con la firma de un acta compromiso de 32 senadores que no vamos a permitir el nombramiento de jueces en la Corte Suprema sin el aval del Senado”, recordaba una figura del bloque kirchnerista. Aquella nota del 26 de noviembre tenía de puño y letra la firma de todos los senadores y senadoras, menos una senadora, que estaba de viaje pero aseguró que estaba de acuerdo.
El bloque de UxP ahora tiene 34 integrantes, por lo que no debería ser tan díficil conseguir que 37 senadores se sienten en sus bancas para dar quórum. El problema es que ya pasó en la sesión en la que se iba a votar la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la estafa $LIBRA. A último momento, el presidente del bloque radical, cofirmante del proyecto, se dio vuelta y votó en contra, dejando a toda la oposición en offside y a los libertarios festejando.
En ese contexto, si bien hay senadores radicales como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad que se pronunciaron en contra de las designaciones por decreto, el camino está tan claro. “Hay que defender la Constitución frente a los atropellos autoritarios”, afirmó ayer mismo Lousteau, en un encuentro con vecinos de Villa Devoto.
A las 20.30 del jueves estaba prevista una reunión por zoom del bloque radical, donde entre otros temas debían adoptar una posición. “La postura de Martin ya es pública, cree que el Congreso tiene que tener una postura fuerte”, detallaban cerca del senador y presidente del Comité Nacional. Es la segunda reunión en la que se habla de la situación de la Corte. El viernes pasado hubo otra que según dijeron fue “enquilombada”. Está en juego la cabeza de Vischi, hombre que responde al gobernador correntino Gustavo Valdés. Por ahora, la sangre no llegó al río.
Página 12