El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene una versión para las redes sociales y otra para los organismos internacionales. Hace diez meses anunció con bombos y platillos que haría una auditoría sobre las reparaciones que se han pagado y debían pagarse a las víctimas de la última dictadura. “No quiero pagar”, se sinceró en una entrevista televisiva. La noticia fue celebrada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reeditó entonces la idea del “curro de los derechos humanos” con la que había hecho campaña Mauricio Macri. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei le informó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que estaba abonando las indemnizaciones en un reconocimiento de las responsabilidades que tiene el Estado argentino.
El 12 de noviembre pasado, tres funcionarios de la ONU –Bernard Duhaime (relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), Gabriela Citroni (presidenta del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias) y Morris Tidball Binz (relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias)– enviaron una comunicación al Estado argentino en la que expresaban su alarma por el desmantelamiento de distintas políticas.
“Expresamos preocupación por las nuevas medidas de reducción de las estructuras y programas de gobierno dedicados a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, las cuales son objeto de reconocimiento nacional, regional e internacional, y han servido de ejemplo para el diseño e implementación de medidas de justicia transicional similares en otras partes del mundo”, decía la nota.
Recién el 14 de febrero pasado –cuando el Presidente estaba ocupado promocionando $LIBRA– la Misión Permanente de la República Argentina ante organismos internacionales en Ginebra remitió la respuesta que había elaborado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que conduce Alberto Baños. La contestación se hizo pública en estos días porque estaba siendo examinada por los expertos.
“La reestructuración actual no ha afectado en ningún caso el normal funcionamiento”, dice el Gobierno argentino, negando que los despidos impacten en las políticas de derechos humanos. Dio como ejemplo lo que pasaba en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias. Dijo que allí se encontraban en trámite 20.438 expedientes.
“En relación a las órdenes de pago y su efectivización, se hace saber que en el periodo comprendido entre enero de 2024 y la actualidad, se enviaron desde la Unidad de Pago de Leyes Reparatorias de la Dirección General de Administración (DGA) al Ministerio de Economía un total de 202 liquidaciones en base a la Ley No. 24.043 y 10 vinculadas a la Ley No. 24.411. A su vez, respecto 2 de la Ley No. 25.914 se pagaron 6 beneficios: 3 por lesiones gravísimas, 1 por lesiones graves y 2 por ‘menor detenido’. Además, durante el periodo que se informa se dictaron 54 Resoluciones Ministeriales de las cuales 16 fueron positivas y 38 denegatorias (todas correspondientes a la Ley No. 24.043 Detenidos y Exiliados)”, detallaron.
En abril, Cúneo Libarona informó que había ordenado una auditoría. Públicamente dijo que fue porque habían detectado que había una banda que se dedicaba a tratar de estafar al Estado. En realidad, como contó Página/12, la denuncia nada tiene que ver con La Libertad Avanza (LLA). Fue promovida desde 2014 por organismos de derechos humanos –como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos– y víctimas al advertir que había estafadores fraguando declaraciones. Durante el gobierno del Frente de Todos, la causa fue impulsada por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, que pudo designar al organismo como querellante.
A la ONU, la administración libertaria únicamente le informó que había concluido con la auditoría. No dio detalles. La auditoría había entusiasmado a la vicepresidenta que llegó a tuitear que había que “auditar el curro de los derechos humanos que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”. Nada de eso figura en la respuesta a los relatores especiales.
La suerte del Conti
“Durante el año 2024, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti continuó con sus actividades culturales enfocadas en la temática de memoria, verdad y justicia”, escribió el Gobierno de Milei. Sin embargo, lo que no figura en la contestación es que el espacio está cerrado desde el 2 de enero por decisión de Baños. Entonces, el secretario de Derechos Humanos justificó su decisión diciendo que se haría una reestructuración. El cierre coincidió con una nueva tanda de despidos en la SDH. El Gobierno hizo trascender que reabriría sus puertas en febrero o marzo con una nueva programación.
El centro cultural, ubicado en la exESMA, sigue cerrado. “Es difícil que puedan reabrirlo sin trabajadores, coordinadores o artistas que quieran mostrar algo ahí”, respondieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la consulta de este diario sobre la posibilidad de que el lugar vuelva a ponerse en marcha. Por el momento, sigue sin tener director.
Antes de avanzar con la clausura del centro cultural, Baños había suspendido el XV seminario de políticas de la memoria mientras se estaba llevando a cabo. En las jornadas participan académicos y activistas comprometidos con los derechos humanos, que denunciaron que se trataba de un acto de censura.
“Las nuevas autoridades han considerado que esta actividad presentaba un enfoque marcadamente ideologizado, reflejando perspectivas parciales y distorsionadas sobre las políticas de derechos humanos implementadas en gobierno previos”, se justificaron frente al reclamo de los expertos de la ONU.
“El hecho de que esta actividad se haya desarrollado de manera continua desde 2008 no establece una obligación para la actual gestión gubernamental de mantener su continuidad bajo los mismos términos”, continuaron.
En paralelo, argumentaron que no habían recibido los ejes y la agenda con la suficiente antelación – una explicación similar a la que usaron para frenar las actividades previstas en los sitios de memoria, que, en ese caso, lo hicieron a través de medidas cautelares. “No es cierto. Tenían la programación de las jornadas desde febrero de 2024”, explicó una trabajadora del Conti.
Página/12