Sobre el fin del 2024, el presidente Javier Milei, que ya había vetado la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, decidió prorrogar el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo. En este contexto, la situación de las universidades nacionales, que ya era crítica y provocó algunas de las protestas más masivas contra el actual gobierno libertario, empeoró drásticamente. Por eso, a sólo días del inicio de las clases, se reaviva la lucha de docentes y no docentes para garantizar los fondos suficientes para que haya cursada todo el 2025.
El jueves pasado, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a gremios docentes y no docentes, resolvió convocar a un paro de 48 horas para el lunes 17 y martes 18 de marzo, en el comienzo de una semana en la que estaba previsto que arranquen la mayoría de las cursadas. En cambio, ahora arrancarán el miércoles 19. “Por la recuperación de nuestro salario y por la convocatoria urgente a paritaria, por una universidad de calidad con salarios dignos”, convocaron los gremios.
“El incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU), continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024. El gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo”, indicó el comunicado del Frente Sindical, que siguió: “Además, el desfinanciamiento de las universidades nacionales se constituye en un grave problema que la comunidad universitaria y la sociedad en general enfrenta. Sin ley de Presupuesto para el 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”.
Son muchos los motivos para la medida de fuerza, además de las ya mencionadas. Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, señaló a El Destape que el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso fue la “punta de lanza para el arancelamiento de toda la educación superior”. Con palabras falaces, Milei dijo que buscará el arancelamiento para extranjeros en las universidades nacionales. “Todo aquel que quiere inscribirse en la universidad pública tiene que tener DNI argentino, no es un residente temporal y durante toda su instancia en el país paga todos los impuestos al igual que los ciudadanos”, explicó Roselló, marcando la mentira que dijo el Presidente.
Al igual que en 2024, el principal conflicto es el salarial, tanto de docentes como de no docentes. “Nuestros salarios están por el suelo, y están por el suelo porque no hay paritarias desde agosto del año pasado. Y decimos por el suelo con total tranquilidad y datos duros científicos: el salario mínimo garantizado de un profesional universitario que tiene dos comisiones de 100 alumnos cada una, no menos de 20 horas de trabajo frente al aula, que tiene que preparar las clases y corregir esos 200 parciales, cobra 420 mil pesos. Según el INDEC, está debajo de la línea de indigencia”, marcó a este portal Rosselló. Además, contó que los salarios de los trabajadores de universidades “han perdido 70 puntos porcentuales desde que asumió el gobierno de Milei”.
El jueves pasado, a semanas del inicio del primer cuatrimestre de 2025, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) envió un mail a sus estudiantes en el que alertó por la crítica situación de las universidades. “Nos encontramos cerca del inicio de un nuevo ciclo lectivo otra vez en un contexto social y económico complejo, que nos pone frente a un posible escenario de conflicto en tanto comunidad universitaria”, arrancó el comunicado, que continuó: “Durante el 2024 atravesamos graves dificultades presupuestarias que alcanzamos superar parcialmente con el compromiso y movilización de todos los actores de nuestra Facultad, de la Universidad de Buenos Aires y del sistema universitario en su conjunto. Así logramos la actualización de los gastos de funcionamiento, lo cual permitió sostener el día a día de nuestra institución. No obstante, y como es de público conocimiento, no se obtuvo la actualización salarial correspondiente, por la cual hemos luchado durante todo el 2024”.
La Facultad de Ciencias Sociales relató que “este 2025 se presenta con similares desafíos” a los de 2024, sin ley de Presupuesto y sin “definiciones desde la Secretaría de Educación de la Nación respecto del presupuesto con el que efectivamente” cuentan las instituciones de educación superior. “Es decir, estamos trabajando en un escenario hipotético, donde presuponemos disponer del mismo monto nominal que en el 2024, pero sin considerar las proyecciones de inflación interanual”, explicó el comunicado firmado por la decana, Ana Arias, y el vicedecano, Diego de Charras.
“Asimismo, se ha profundizado la emergencia en materia salarial”, continuó el mail enviado el jueves 27 de febrero al mediodía. “A lo antes descripto, se suma el incesante ataque sobre el sistema científico nacional, el intento de vaciamiento y su impacto sobre buena parte de nuestra comunidad de investigadores e investigadoras, sus carreras y los proyectos en curso”, siguió. “Les deseamos un buen año lectivo. A cada paso, en cada clase, en cada aula, en cada espacio de nuestra Facultad, nos guía la convicción de defender la universidad pública siempre”, concluyó el mensaje.
El Destape