La abogada María Florencia Zicavo, la número dos del ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona, será la persona encargada de liderar la investigación impulsada por el Gobierno para dilucidar los hechos detrás de la estafa de $LIBRA. Es decir, no solo que será un organismo que depende del propio Ejecutivo para investigar a Javier Milei y su entorno, sino que la persona que estará al frente es la mano derecha de quien, en un primer momento, se mencionaba como posible defensor del Presidente.
El 15 de febrero, cuando ya había estallado el escándalo por la fallida cripto que promocionó el presidente y dejó un tendal de estafados, el Gobierno buscó pasar de página con la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y la intervención de la Oficina de Anticorrupción en el caso. Esa UTI, indicó, estaría “en la órbita de la Presidencia de la Nación”. Es decir, se investigaría a sí mismo en vez de darle participación a algún organismo externo.
Con la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia publicada este miércoles, las sospechas sobre la imparcialidad del proceso se profundizan.
“Establécese que la UNIDAD DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN (UTI) será presidida por la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nro. 114 de fecha 20 de febrero de 2025”, apunta la resolución, que evita mencionar a la funcionaria con nombre y apellido.
Zicavo fue nombrada como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia el 5 de junio de 2024 mediante el decreto 499/2024, que lleva la firma del presidente Milei y de Mariano Cúneo Libarona.
Según consta en el decreto de su creación, la UTI tendrá el objetivo de “recabar información relacionada al criptoactivo, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal a través de la remisión inmediata de la documentación e información recopilada”. De esta manera, Zicavo podrá requerir información, datos y documentación a funcionarios, órganos y organismos del sector público, como a su vez a entidades provinciales, de la Ciudad, y a Estados y organismos internacionales, a través de la Cancillería.
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