La causa por intimidación pública que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada sumó nuevas pruebas que refuerzan su presunta responsabilidad en la creación y difusión de contenido difamatorio contra políticos, empresarios y periodistas de Salta. Se trata de una serie de documentos, que incluyen casi 200 páginas de conversaciones entre el legislador y sus empleados, donde se lo señala como el autor ideológico detrás de la denominada “usina de fake news”.
Según estas pruebas, Estrada no solo habría ordenado la creación de cuentas anónimas para la difusión de contenido falso, sino que también controlaba cada detalle del material, desde la edición de videos hasta la estrategia de publicación. Además, parte de los recursos utilizados provendrían de fondos públicos, ya que algunos de sus empleados destinaban horas de trabajo y salarios pagados por la Cámara de Diputados para operar esta red de desinformación.
Cabe recordar que el escándalo motivo que sus propios colegas en la Cámara de Diputados repudiaran a Estrada. Días atrás, el propio legislador intervino en una sesión para denunciar persecución política y judicial por parte del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y funcionarios provinciales. Sin embargo, generó una ola de críticas de parte de diputados de distintos espacios políticos.
La diputada Pamela Calletti, presidenta del bloque Innovación Federal, quien fue compañera de lista de Estrada en las elecciones legislativas, lo acusó de haber dirigido una red de desinformación que afectó a diversas figuras, incluidos sus propios hijos. Calletti afirmó que las publicaciones generadas por esta estructura fueron de tal gravedad que motivaron la intervención de una fiscal especializada.
“Me vi en la necesidad de pedir la palabra porque fui damnificada por esta usina de fake news que hoy investiga la Justicia”, sostuvo la legisladora. Además, citó declaraciones escritas de dos empleados de la Cámara Baja, quienes señalaron a Estrada como el responsable de dar las órdenes para la difusión de estos contenidos.
Las conversaciones incorporadas a la causa evidencian que Estrada diseñó y supervisó la operación desde su inicio. En junio de 2024, ordenó la creación de una cuenta llamada “El Desenmascarador”, destinada a difundir rumores y ataques contra figuras públicas. Posteriormente, esta cuenta cambió de nombre y pasó a formar parte de una estrategia de desinformación más amplia, que incluía la publicación de videos manipulados y mensajes coordinados para desviar sospechas sobre su autoría.
Entre los detalles revelados en los chats, se menciona que Estrada establecía los horarios de publicación, revisaba cada pieza antes de su difusión y determinaba el tono de los mensajes para hacerlos más creíbles. Incluso ordenó la creación de cuentas falsas que imitaban medios de comunicación reconocidos, como el caso de “Informante Salta”, con una estética similar a la de InformateSalta, para darle mayor alcance y legitimidad a las publicaciones.
Uso de fondos públicos y explotación laboral
Otro de los puntos clave de la investigación es que Estrada utilizó recursos públicos para financiar la campaña. Parte del equipo encargado de la difusión de estos contenidos eran empleados contratados como asesores legislativos, cuyos sueldos se pagaban con fondos de la Cámara de Diputados. Además, algunos de estos trabajadores eran obligados a cubrir gastos personales de Estrada, como alquileres y conexiones a internet, con dinero de sus propios bolsillos.
Las pruebas, difundidas por HolaSalta.com también sugieren que el diputado buscó confundir a la opinión pública al generar ataques contra su propia figura y la de su primo, el exfuncionario Fernando Yarade, con el objetivo de desviar la atención sobre su responsabilidad en la operación.
Avance de la causa y posibles implicancias legales
La incorporación de esta nueva evidencia fortalece la imputación contra Estrada y podría abrir la puerta a nuevos procesos judiciales, tanto en el ámbito penal como en el civil. Además de la causa por intimidación pública, se están impulsando demandas por responsabilidad civil por parte de las víctimas de la campaña de desprestigio.
Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando un fuerte impacto en el ámbito político de Salta, ya que se trata de una de las tramas de desinformación más grandes detectadas en la provincia, con el uso indebido de fondos públicos y manipulación mediática a gran escala.
Ambito