Apenas el oficialismo avisó que no convocaría la sesión de este viernes en la que estaba prevista la votación del pliego del juez federal Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema, desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales partió un mensaje en tono de advertencia: si Javier Milei opta por el camino de los decretos “en comisión” para completar el máximo Tribunal y elige a actuales jueces, deberán renunciar a sus cargos previo a cualquier jura.
El dardo tiene doble destinatario y funciona como una confirmación: no habrá licencias extraordinarias para magistrados que estén actualmente ocupando cargos en el Poder Judicial. Impacta ante la encrucijada en la que está ahora el Ejecutivo con su plan magullado, pero sobre todo, en los eventuales candidatos que sean elegibles para un decreto. Difícil que un juez federal acepte renunciar a su cargo para asumir en comisión en la Corte Suprema a riesgo de que en 8 meses no logre aval y su participación se esfume de manera definitiva.
Obviamente, la primera alusión parece dirigida a Lijo cuyo poder y ascendencia en Comodoro Py se forjó a través de los años como juez federal de primera instancia en Comodoro Py. Pero también se extiende -señalaron a Ámbito desde Talcahuano 550- a cualquier otro magistrado que pueda sonar en la “wish list” del Gobierno. Una alta fuente del Ejecutivo deslizó una lista de nombres como plan alternativo ante el naufragio de la votación por Lijo y dejó en el misterio la eventual candidatura de una mujer. Ayer, resonó la chance de que esa mujer fuese la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Para ella también cabe la advertencia de liberar su cargo, eventualmente.
En el mundillo de abogados se preguntaban si, en realidad, el Gobierno hablaba de Úrsula Basset, una abogada ligada también a la Austral y que asesoró en el Ministerio de Relaciones Exteriores y es cercana a la Secretaria General de Presidencia, “El Jefe” Karina Milei. Su desembarco en Cancillería se interpretó como una intervención, previo a la salida de Diana Mondino.
Ante la consulta de Ámbito, la definición fue terminante: si hay un decreto que nombre a un juez o jueza en ejercicio, previo a tomar la jura de rigor se espera la recepción de su renuncia al cargo. Eso indica que hay una mayoría que no está dispuesta a conceder licencia alguna para un magistrado y una señal de desaliento para cualquier candidato que integre actualmente el Poder Judicial para que acepte ingresar a través de un decreto “en comisión”. Agregan, fuentes del máximo Tribunal otro obstáculo funcional sobre en cuántos expedientes podría llegar a intervenir antes de que finalice la “comisión”, que alcanza solamente al fin del año parlamentario que comenzará el próximo 1 de marzo.
Como adelantó Ámbito, el Gobierno había ingresado en un cono de confusión ante la eventual caída de la sesión del viernes por no reunir la cantidad de votos suficientes para aprobar el pliego de Lijo, el único de los dos candidatos propuestos que alcanzó dictamen de la Comisión de Acuerdos. Empezó a disparar nombres de otros eventuales candidatos por decreto, de perfil más cercano al ideario libertario, o incluso de personas que fueron tentadas para ocupar otros cargos como la Procuración del Tesoro.
Además de Manuel García Mansilla que quedó empantanado en la comisión, el Ejecutivo había lanzado globos de ensayo con otros nombres como los del académico de la UDESA Ricardo Ramírez Calvo, el abogado del Estudio Cassagne Carlos Laplacette, Alberto Bianchi –socio y mentor del nuevo Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla y un respetado administrativista-, y el que casi se convierte en reemplazante de Rodolfo Barra, el ex juez Ricardo Rojas. Para todos estos casos, no habría impedimentos porque ninguno integra el Poder Judicial.
Antes de fin de año, Lijo había deslizado a su entorno cercano que no estaba dispuesto a aceptar el cargo por decreto “en comisión”. Al final del camino quedaba a merced del bloque PJ que había reunido 33 voluntades para comunicar que no prestaría aval a nadie que aceptara ingresar por decreto. Ahora se agrega el obstáculo de la renuncia previa.
La Corte parece querer angostarle cada vez más el camino a la Casa Rosada en pleno tiempo de descuento: al filo del final de las extraordinarias, con la apertura del año parlamentario encima y condicionando cada vez más las opciones por decreto con las que el Gobierno buscaba responder redoblando la apuesta.
Ámbito