Ni el tembladeral que produjo el criptogate hace que la sangría de integrantes del gobierno de Javier Milei se detenga. En el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, le pidieron la renuncia a Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario. Fue uno de los funcionarios que visitó a los genocidas presos en Campo de Mayo y que despidió a los expertos que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas para cooperar con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Su salida se produjo después de la crisis que se generó con los sectores pro-dictadura después de que Petri firmó las bajas de 23 condenados.
En las primeras semanas de la gestión de Petri, Erbes se hizo cargo de la dirección de Derechos Humanos –que, durante la gestión del Frente de Todos (FdT), había estado en manos de Eduardo Jozami. Abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y con un diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Austral, ligada al Opus Dei, Erbes desembarcó en el edificio Libertador. Venía de desempeñarse como empleado de la embajada de los Estados Unidos, como decía en su cuenta de Facebook.
En marzo del año pasado, Página/12 reveló que Erbes había ido de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados los represores Christian Federico von Wernich, Julio Simón, Juan Daniel Amelong, entre otros. Fue acompañado por Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa. Desde la cartera dijeron que la visita no fue para solidarizarse con los criminales de lesa humanidad sino para determinar las condiciones de reclusión.
Hacia finales de marzo, fue Erbes quien les comunicó a diez de los trece expertos que trabajaban en los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que iban a ser echados. El número de despedidos siguió creciendo con las semanas. En julio, Petri derogó las resoluciones que regulaban el funcionamiento de los equipos, que habían sido creados en 2010 por la entonces ministra Nilda Garré después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificara, a través del decreto 4/2010, toda la documentación militar referida a la última dictadura.
Petri acusó a los expertos de conformar un grupo “parajudicial” dedicado a hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas. Pese a que más de 30 fiscales le reclamaron que mantuviera los ERyA por sus aportes a las causas de lesa humanidad, el ministro no dio marcha atrás. La decisión fue celebrada por los represores que estaban en juicio, ya que esto dificultaba el acceso a la prueba en su contra.
Este miércoles, Erbes llegó a su oficina en el piso 10 del edificio Libertador como todos los días. Salió para sumarse a una reunión, pero cuando volvió tenía el rostro desencajado. La versión que recogió este diario es que contó, entre lágrimas, que lo habían echado. Erbes no contestó a la consulta de Página/12.
Cerca de Petri –que quedó en el foco de distintas versiones después de que su pareja, la periodista Cristina Pérez, hablara de las supuestas coimas que piden personas cercanas al Presidente para oficiar de intermediarios– confirmaron la salida de Erbes. Dijeron que obedecía a una “reestructuración” y que aún no estaba decidido quién lo reemplazará.
El 27 de enero pasado, Petri firmó una resolución que encendió los ánimos de la familia militar más rancia. De esa forma, decidió la baja de 23 integrantes del ejército que tenían condenas firmes –es decir, sin recursos pendientes ante la Corte Suprema– por crímenes contra la humanidad. La decisión implica que ya no pertenecen a las filas de las fuerzas y que pierden el haber jubilatorio –únicamente le queda un 70 por ciento a las esposas; si son viudos o divorciados, no tienen derecho al cobro.
Entre quienes habían sido dados de baja estaba Horacio Losito –con tres condenas en su haber por crímenes en el Chaco y en Corrientes. Losito integró la misma compañía de comandos con el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la Guerra de Malvinas y fue recibido con honores el año pasado en el regimiento de Apóstoles, Misiones, pese a las sentencias en su contra.
Petri justificó la decisión diciendo que no había tenido más remedio que acatar una orden de la justicia, que había llegado a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Sin embargo, este diario pudo saber que la nómina que había arribado desde la unidad del Ministerio Público era mucho más extensa, por lo que el ministerio de Defensa afiló el lápiz y depuró la lista. Dentro de las fuerzas hay quienes sostienen que la salida de Claudio Pasqualini de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) fue la condición de posibilidad para que Petri avanzara con las bajas.
La decisión de sacar de las filas del ejército a Losito y compañía provocó el repudio de distintos sectores de la familia militar, arrancando por el Foro de Generales, el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones y la Unión de Personal Militar Asociación Civil, entre otros. Cecilia Pando distribuyó un comunicado diciendo que la decisión de Petri le desgarraba el alma y que era una resolución que podría haberse esperado de un gobierno kirchnerista.
Tres semanas después de ese episodio, Erbes terminó eyectado de la dirección de Derechos Humanos. En ese área recalaron hacia mediados del año pasado Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal para darle una impronta de “memoria completa”. Ambos son hijos de militares que estuvieron secuestrados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) después de ataques contra guarniciones militares. Larrabure integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Villarruel. Ibarzábal, por su parte, es cercana a Pando y es referente de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), que estuvo detrás del hábeas corpus para sacar a los represores de las cárceles.
En las últimas semanas, el Ministerio también terminó envuelto en otro escándalo: la decisión de la Armada de mudar su archivo general (AGA) y de destruir documentación. La mudanza y la destrucción fue frenada por un cautelar que dictó la jueza federal de San Martín Alicia Vence. En ese mismo sentido se expidió su colega de La Plata Ernesto Kreplak, que ya le había dicho a Petri que tenía que preservar los archivos con los que trabajaban los ERyA.
Página/12