Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejara sin efecto la medida cautelar dictada a mediados de 2024 que había ordenado suspender los aumentos de los peajes ubicados sobre el puente Chaco-Corrientes y a la altura de la localidad de Makallé, el defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, habló con CIUDAD TV y aseguró que es inminente el incremento del valor a 1.300 pesos. El fallo hizo lugar a la apelación de la Dirección Nacional de Vialidad y de la concesionaria Corredores Viales SA.
“La cautelar ordenó retrotraer el valor a 300 pesos hasta tanto se haga una audiencia pública para que la ciudadanía se exprese, cosa que no pasó, y que se presente un plan de obra que de alguna manera transparente, garantice y de información sobre cuál es el destino final de los fondos que el usuario paga en el viaje”, recordó el titular de la Defensoría sobre la medida interpuesta por el organismo junto a la Fundación de Consumidores Unidos del Chaco.
“Sin embargo, nunca se retrotrajo la tarifa a 300 pesos. Hubo una clara desobediencia de parte de Corredores Viales y de Vialidad Nacional, que no acataron el fallo y que pusieron todas las trabas judiciales habidas y por haber”, cuestionó Voloj y apuntó que después se logró una ampliación de la medida cautelar. “El viaje siguió subiendo de 900 a 1.100, 1.200 y 1.300 como hasta ahora y cuando se amplió la cautelar se hizo como una suerte de paraguas de protección frente a estos nuevos incrementos y el peaje quedó en 1.000 pesos”, explicó.
El defensor planteó que si bien “no se logró lo que se buscaba originalmente que era retrotraer la tarifa, al menos se evitó que sigan subiendo a 1.300 como hasta ahora”. “Lo que hace este fallo de Cámara Federal es dejar caída esa cautelar y ahora se deberán resolver las cuestiones principales en el amparo, pero habilita a que Corredores Viales pueda hacer los incrementos y equiparar a lo que pasa en otras casillas de viaje y que de 1.000 hacemos los usuarios chaqueños a pagar 1.300 pesos”, advirtió.
“La cuestión principal que es el amparo sigue y es lo que se tiene que resolver. No coincidimos con la Cámara porque ni Corredores Viales ni Vialidad Nacional hicieron una presentación de una audiencia pública, por más que el fallo diga algo que no es cierto, nunca se hizo una audiencia pública como tal, aunque sea de forma virtual, ni tampoco hicieron la presentación de un plan de obra”, remarcó.
Apuntó que el cuestionamiento de la cautelar no va dirigido a la tarifa de los peajes, “más allá del salto abrupto que había pasado de 300 a 900 pesos y de ahí a 1.300, lo que cuestionamos es que pagás por un servicio que no se cumple, pagás por un estado de ruta lamentable, pagás por no tener la seguridad vial mínima, y encima no hay respuestas de tipo política para al menos mejorar la ruta”.
“Lamentablemente, este fallo pone a los usuarios casi contra las cuerdas, parece que es un mal momento para reclamar derechos de usuarios y consumidores porque si lo mínimo y lo básico, que es un proceso de audiencia pública y un proceso de acceso a la información, no está garantizado, ni hablar del resto”, aseveró.
En ese contexto, resaltó que la “autovía de la Ruta 11 es central para la vida urbana del Gran Resistencia porque atraviesa cinturones de mucha población y producción. En el tramo de la autovía de la Ruta 11, los semáforos no funcionan. En uno de los cruces más concurridos, que es el de la avenida 25 de Mayo, hace un año no hay luz, ya murieron tres personas y hay accidentes viales prácticamente todas las semanas; hay tramos que realmente son vergonzosos”, afirmó.
“Corredores Viales más temprano que tarde, seguramente, estabilizará el incremento porque ya es una decisión y, al no tener la suerte de paraguas protector que daba la medida cautelar, lo podrá hacer. Ojalá que en el amparo el criterio sea más favorable a los usuarios, porque lamentablemente parece que hoy los derechos como usuarios y consumidores no están siendo reconocidos porque en ningún momento del fallo eso está”, arremetió.
Elección del defensor del Pueblo
Voloj también se refirió al cierre de su mandato, que finalizará el 18 de marzo y adelantó que “se verá si hay una prórroga o no hasta tanto se elija el nuevo defensor”. “Hoy es el día último para inscribirse y la audiencia pública de selección es el día 6, lo que no implica que ese mismo día sea elegido el defensor o defensora. Se requieren dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados, es decir, más de 22 diputados sobre 32”, recordó.
Sobre su gestión, el titular de la Defensoría del Pueblo, resumió: “Es difícil hacer auto balances porque uno siempre va a querer mirar el descuento positivo a todo lo que hizo. Intentamos principalmente que la Defensoría sea conocida para bien o para mal. Hoy, tiene presencia en todo el territorio provincial. Logramos que cada punto de la provincia esté conectado con la Defensoría porque todos los Juzgados de Paz son receptores de la Defensoría”.
“Hemos hecho más de 100 operativos territoriales, llevando organismos a que den respuesta a la gente. Hemos hecho presentaciones judiciales de todo tipo en materia colectiva, también de luz, agua, transporte público y cuestiones de consumidores. Hemos intervenido, asesorado y escuchado a más de 25.000 casos en estos cuatro años. Hemos tenido la posibilidad de modernizar las áreas, de digitalizar”, enumeró.
En tanto, reconoció que “ante la demanda faltaron más recursos, más equipos y más tecnología, lamentablemente nunca el presupuesto acompañó. Pero más allá de eso, que en definitiva es una circunstancia, creo que el trabajo está hecho”, sostuvo y recalcó que “no hay caso o gente que no haya sido asesorada, asistida o acompañada por la Defensoría”.