Estalló finalmente la guerra judicial contra la Corte Suprema de Justicia. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional (AMFJN) pidió al máximo tribunal que suspenda y revoque el fallo dictado el último día del año pasado que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resuelva en apelación todas las causas civiles, comerciales, penales y laborales.
La asociación, que es la entidad gremial que reúne a los jueces federales, planteó un escrito en la Corte en el que pide que se revoque lo decidido en 16 causas, que obligan a presentar los recursos contra los fallos de Cámara ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y no ante la propia Corte.
Entre esas causas se cuenta no solo el precedente del caso Levinas, que dio origen a este conflicto, sino la causa del Correo Argentino, donde la familia Macri pidió apartar a la jueza y a la fiscal que dispusieron la quiebra de la empresa ante una deuda millonaria que les reclama el Estado Nacional. Ahora esa causa la resolverá el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde tres de sus cinco miembros tienen vínculos con Pro.
A este pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios –firmado por el presidente el camarista federal Andrés Basso– le seguirán otros que están elaborando las Cámaras en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, jefe de los fiscales, también ya le pidió a la Corte que suspenda el fallo, ya que los fiscales nacionales no pueden litigar en la justicia porteña porque considera que sería ilegal. En un oficio enviado a Rosatti, Casal señala que el fallo Levinas, que obliga a que todas las sentencias de la justicia nacional sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, le impedirá “cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos”.
Basso sostuvo que la AMFJN está legitimada para representar a sus asociados en la defensa de sus intereses legítimos, según su estatuto. De hecho ya fue reconocida la legitimación por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos anteriores.
Argumentó ahora que con el fallo Levinas la Corte modificó su propia jurisdicción sin facultades para hacerlo, contraviniendo la Constitución Nacional. Insistió en que el Poder Judicial de la Ciudad no tiene competencia sobre la justicia nacional. Además dijo que el fallo dispuso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como “tribunal intermedio local” para revisar sentencias de jueces nacionales, lo cual es inapropiado sin una ley que lo respalde.
Si bien los tribunales nacionales son transitorios, esta característica “no puede ser invocada para someter sus decisiones a un tribunal local”. Dijo que los jueces nacionales tienen el mismo origen constitucional que los jueces federales, y no pueden ser asimilados a los jueces de la Ciudad. Señaló Basso que la decisión de la Corte afecta “el derecho de defensa del Estado Nacional y de los particulares” al imponer una instancia no prevista en la legislación.
Dijo el juez que el caso “Levinas” ordena a las cámaras nacionales a someterse a un régimen procesal que ya fue tachado de inconstitucional en una causa que tramita en la justicia contencioso administrativo federal. “Existen varias demandas en curso” dijo el juez y recordó que se ha dictado una medida cautelar que suspende su aplicación. Asimismo recordó que afecta a los fiscales y defensores oficiales.
La Nación