La Armada no podrá mudar su Archivo General (AGA) ni “depurar” ni “triturar” la documentación, tal como lo tenía previsto. La jueza federal de San Martín Alicia Vence así lo resolvió después de que el abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás advirtieran que podría ser una maniobra para poner en riesgo la prueba esencial para las causas de lesa humanidad.
El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.
A través de un mensaje naval reservado, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. Los pormenores de la decisión son todavía una incógnita.
En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.
Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.
Hay varias jurisdicciones en las que se investiga el accionar criminal de la Armada durante los años del terrorismo de Estado: en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y San Martín, particularmente.
Si bien hubo presentaciones en la mayoría de ellas, la primera en reaccionar fue la justicia de San Martín. Allí se probó que el Arsenal Naval de Zárate, inserto en la llamada Área 400, funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
La jueza Vence dictó una medida cautelar de prohibición de “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir –ya sea total o parcialmente–dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”, según surge de la resolución a la que accedió Página/12.
“Considero que los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo sino además en los múltiples procesos que a lo largo del territorio nacional tienen por objeto la averiguación de la verdad en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en el período 1976-1983”, escribió Vence.
La magistrada, además, explicó que tomaba esta decisión por los derechos de las víctimas y con el propósito de honrar los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos. La resolución será comunicada tanto al ministro de Defensa, Luis Petri, como al jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos María Allievi.
Los otros tribunales
En distintas jurisdicciones se replicaron los pedidos para que la Armada no pueda destruir documentación –algo que ya fue frenado por la decisión de la jueza Vence.
En la causa por los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la jueza María Eugenia Capuchetti –que está durante el último tramo del receso de verano a cargo del Juzgado Federal 12– habilitó feria para tratar el pedido de las distintas querellas que encabezan Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital, Flavia Fernández Brozzi (Kaos) y Myriam Bregman.
Miguel Palazzani fue el primer fiscal en pedir que se dicte una medida cautelar sobre el AGA. Lo hizo ante el juzgado federal de Bahía Blanca. Su colega Laura Mazzaferri hizo lo propio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata y ante el juzgado de Santiago Inchasti.
En Comodoro Py, el fiscal Alejandro Alagia también se presentó ante el TOF de feria para reclamar que se trate la cuestión durante la feria, que ya está concluyendo. “Cualquier medida que implique la alteración, la destrucción y/o el traslado de los archivos y documentos originales del Archivo General, provocaría un perjuicio de imposible reparación posterior, porque afecta la tarea de este Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de los procesos penales en curso y atenta directamente contra el deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, advirtió Alagia.
Un freno
“Saludamos la decisión de la jueza Alicia Vence de San Martín, que es la más acertada y afortunadamente quien ha comprendido con velocidad las obligaciones del Estado argentino y del Poder Judicial de cumplir los compromisos internacionales de juzgar y sancionar a quienes han cometido los más aberrantes crímenes y ello incluye hacer todo lo que haya que hacer para la preservación de los documentos”, afirmó Llonto en diálogo con este diario.
“Veremos si el Ejecutivo cumple esta orden, porque estamos frente a un Presidente y ministros a quienes la ley, la justicia y los Derechos Humanos les importan un bledo y eso nos hace dudar del cumplimiento efectivo. Los años nos pusieron cautelosos. De todos modos, cuando una jueza o juez le hace recuperar un poco de esperanza a la humanidad, debemos saludar una decisión como la de la jueza Vence”, completó.
A nivel administrativo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –tanto la conducción nacional de Rodolfo Aguiar como la seccional Capital de Daniel “Tano” Catalano– hizo saber su oposición a la decisión del traslado del AGA.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció la situación ante distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En general, todos recordaron que la resolución de la Marina tiene un antecedente claro: la decisión del ministro Luis Petri de desmantelar los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaron en Defensa desde 2010 para contribuir con las causas de lesa humanidad.
En las últimas horas, Petri se jactó en su red social X de haber contribuido al cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de buscar a los niños y las niñas robados durante la dictadura. En realidad, la Conadi no se cerró; lo que sí hizo Javier Milei fue eliminar la unidad especial de investigación (UEI) y vedar el acceso a los archivos en poder del Estado.
“Fui muchos años miembro de la Conadi designado por procuradores”, le respondió el fiscal Félix Crous. “La creó Carlos Menem, la preside por ley el secretario de Derechos Humanos y la integran el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. La Conadi no fue cerrada. No sabe lo que escribe, pero ya sabemos lo que quiere”, concluyó Crous.
Página/12