El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la aplicación del fallo conocido como “Levinas”, que otorga mayor poder a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Advirtió que la decisión del máximo tribunal podría generar serias complicaciones para los fiscales nacionales, quienes no están habilitados para intervenir en la jurisdicción porteña.
El conflicto judicial y el pedido de suspensión
El pedido de Casal se suma a la resistencia que han manifestado distintos fueros de la Justicia Nacional, como el penal, civil, comercial y laboral, en rechazo a la aplicación del fallo dictado por la Corte Suprema. Según el Procurador, la sentencia crea un escenario de incertidumbre legal y operativa para los fiscales, ya que los recursos contra fallos de las cámaras nacionales ahora deberían ser elevados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), en lugar de la Corte Suprema.
El fallo en cuestión, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estableció que las sentencias de la Justicia Nacional en la Ciudad deben ser revisadas por el TSJ porteño. Esta decisión, que surgió a partir de una causa entre la familia del artista León Ferrari y el periodista Gabriel Levinas, sienta un precedente para todas las causas en la jurisdicción porteña. Sin embargo, la postura del juez Carlos Rosenkrantz fue disidente, argumentando que el TSJ porteño no es la autoridad jerárquica correspondiente para dirimir conflictos de competencia con tribunales nacionales.
Resistencia en el ámbito judicial
Desde el fallo, diversas cámaras judiciales han expresado su rechazo y planean emitir resoluciones para oponerse a su implementación. En este contexto, Casal advirtió que la aplicación del criterio establecido en el fallo “Ferrari” limitará el accionar del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
“Las normas que rigen las competencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación no le otorgan legitimidad procesal para intervenir ante tribunales locales”, explicó el Procurador. En consecuencia, los fiscales nacionales no estarían habilitados para litigar en la Justicia porteña, lo que podría obstaculizar el normal desarrollo de los procesos.
Implicancias y solicitud de Casal
Casal también alertó sobre el riesgo de que se genere una superposición de funciones entre fiscales nacionales y porteños, con posibles diferencias en la aplicación de políticas criminales y de criterio judicial. “No resulta posible resolver la ausencia de habilitación constitucional y legal de los fiscales nacionales para intervenir ante un tribunal local”, sostuvo.
En este sentido, el Procurador sugirió que la Corte Suprema suspenda la aplicación del fallo hasta que se establezcan normas claras que permitan la actuación de los fiscales nacionales en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en el ámbito judicial, con un creciente rechazo de distintos sectores a la nueva distribución de competencias.
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