Organizaciones sociales y activistas de derechos humanos realizarán una caravana “por la libertad” de la dirigente jujeña, Milagro Sala, a 9 años de haber sido detenida en su provincia y permanecer hasta el momento presa de forma domiciliaria en la Ciudad de La Plata.
La movilización se realizará este jueves y tendrá como punto de partida la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, a las 13.30, luego se dirigirá hacia la Plaza Moreno en La Plata y finalizará en el domicilio donde permanece detenida, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente y estar impedida de volver a Jujuy por cuestiones de salud.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que hay “tres razones” por las cuales Sala no debiera estar presa y todas responden a irregularidades en los procedimientos judiciales.
“En primer lugar, las condenas que tiene son irregulares. De hecho, ambas (una a dos años de prisión y la otra a trece) han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el CELS, por la propia Milagro Sala y también por la organización Andes porque todas se llevaron a cabo sin respeto a las garantías de su debido proceso”, sostuvo Morales.
Indicó que la entidad “insiste” en que su detención “fue ilegal” porque, en principio, participaba de un acampe y después porque el inicio de distintas causas consecutivas “fue manteniendo la prisión preventiva” de la dirigente.
“Las condenas que pesan sobre ella son irregulares y contrarias a la Convención Interamericana”, criticó.
La segunda cuestión señalada por Morales está relacionada con el deterioro en la salud de Sala, tanto física como psíquica.
Si bien, luego de la intervención de la Corte Interamericana, pasó de cárcel común a prisión domiciliaria, los problemas de salud continuaron en ascenso.
“En 2019 tuvo serios problemas de salud como también en el 2021. Además, se sumó la demora en la autorización de una operación de una trombosis en la pierna izquierda que le generó más problemas. En el 2023 tuvo que ser trasladada a la ciudad de La Plata para que se le realizara la intervención y donde aún continúa detenida, porque sus condiciones de salud no le permiten volver a Jujuy”, manifestó.
Sin embargo, expresó que el gobierno de Jujuy “sigue insistiendo con el hostigamiento y la persecución” de Milagro Sala, mientras que los fiscales de la provincia le exigen a la dirigente que regrese y cumpla su condena en la cárcel “sin tener en cuenta su situación de salud ni su deterioro psíquico y físico”.
Por último, Morales indicó que organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos intervinieron para reclamar, como lo hacen “desde hace mucho tiempo”, que Sala “esté en libertad” y, de esa manera, pueda atravesar los procesos judiciales correspondientes.
“Todo esto llevó a que se presentara una denuncia ante la Corte Interamericana. Eso aún está en trámite y esperemos que el sistema interamericano de Derechos Humanos le dé una respuesta a Milagro Sala frente a este proceso de persecución y hostigamiento”, aseveró.
En la misma línea, el CELS sostiene que la detención y las condenas a Sala “se inscriben en un proceso continuado y sostenido por parte de las autoridades políticas y judiciales jujeñas”, con el objetivo de “limitar” la actividad de Milagro Sala, como también la de su organización social, Tupac Amaru.
El organismo informó que, a los 10 meses de ser detenida, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU), aseguró que ya en diciembre de 2015 hubo “acusaciones consecutivas” con causas judiciales y un contexto de “vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad” de Sala “de manera indefinida”.
“Luego de haber cursado varios meses en prisión, la CIDH, en julio de 2017, ordenó al Estado que adopte medidas alternativas tales como el arresto domiciliario debido a que estaba en riesgo su integridad personal. El 3 de noviembre, luego de que el Estado incumpliera dicha decisión, la CIDH ordenó entonces que adoptara de manera inmediata las ‘medidas de protección que sean necesarias’ para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala”, comunicaron.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2017 estableció que el Poder Judicial jujeño “debía cumplir la resolución de la Corte IDH y disponer el arresto domiciliario de Milagro Sala o cualquier otra medida menos restrictiva de sus derechos”.
NA