Los acusados enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos contra 23 víctimas, como parte del plan sistemático de terrorismo de Estado que operó durante la última dictadura.
La resolución judicial, firmada el pasado 30 de diciembre, último día hábil del año, incluye a los ex tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Tadeo Bettolli, y al ex teniente primero Alberto Patteta, todos ellos integrantes del Ejército Argentino. También señala al ex comisario general José Francisco Rodríguez Valiente, el ex suboficial mayor Gabino Manader, el ex suboficial principal Jorge Ángel Ibarra, el ex sargento José Marín y el ex agente Emilio Zárate, todos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Asimismo, involucra al oficial de la Alcaidía Policial Juan Ramón Rodríguez Valiente, al ex alcalde y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7 Pablo César Casco, y al agente Ignacio López, perteneciente a Comunicaciones de la Policía del Chaco.
En los casos de Rodríguez Valiente, López y Zárate, la jueza ordenó su detención con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los demás procesados ya están cumpliendo diversas penas en otras causas. Por otro lado, la resolución decretó la falta de mérito del agente Humberto Ramón Maidana, de la Alcaidía Policial, y la prescripción de la acción penal en los casos de Carlos José Sartori, comandante de Gendarmería, y los cabos de policía Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar, debido a su fallecimiento. Además, el suboficial Miguel Vitorello fue apartado por incapacidad sobreviniente, mientras que el agente Luciano Cáceres se encuentra bajo evaluación médica para determinar su situación procesal.
Esta investigación judicial es la quinta en abordar crímenes perpetrados en la provincia del Chaco entre 1974 y 1977. Los hechos ocurrieron en la Brigada de Investigaciones, el principal centro clandestino de detención que operó en la provincia y que actualmente alberga la Casa por la Memoria, así como en la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7.
La causa “Caballero IV” incluye a 22 víctimas, entre ellas un bebé de ocho meses que fue detenido junto a su madre. También se identifican cuatro hermanas menores, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, todos vinculados a movimientos sociales, parroquias, barrios, Ligas Agrarias y agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron secuestradas en operativos conjuntos del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego, fueron trasladadas al centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde sufrieron tormentos, y posteriormente a la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7.