Considerando lo anterior, el nuevo escenario que prevé volver a prorrogar el Presupuesto de hace dos años para todo el 2025 traerá consecuencias concretas en la vida de la población, analizaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El Gobierno nacional decidió, en un hecho inédito para la historia argentina reciente, prorrogar el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo y ajustar a discreción las partidas económicas para este 2025.
La prórroga de la prórroga implicará en lo concreto: ajuste del 30% – considerando impacto de la inflación – en las partidas destinadas a Educación y Cultura lo mismo que para Asistencia Social, sumado a un recorte del 40% en Ciencia y Tecnología, del 75% en Vivienda y Urbanismo, del 49% en Agua Potable y Alcantarillado y del 10% en Salud, mientras que, en contrapartida, aumentará 70% lo previsto para Inteligencia.
Así lo detalló un informe de ACIJ que indicó, además, que “entre el último presupuesto aprobado en 2022 y la actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante DNU y Decisiones Administrativas”.
Como resultado, el presupuesto vigente al cierre de 2024 fue, términos reales, un 23% inferior al último aprobado por el Congreso hace dos años atrás. Vale recordar que esta herramienta debería dar cuenta de la hoja de ruta de la gestión nacional, es decir, de las prioridades políticas-económicas, definiendo vía el debate legislativo en qué se va a gastar y cuánto se va a gastar.
“Las prórrogas deberían ser un recurso excepcional pero su aplicación se ha vuelto frecuente: se produjeron 4 en los últimos 15 años. Esta discrecionalidad se agrava en contextos de inflación, que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios”, agregó el informe al que accedió este medio. Al respecto, la brecha que divide al crédito inicial (Presupuesto aprobado) del crédito vigente (con las modificaciones durante el Ejercicio) alcanzó su nivel más alto en 2024 cuando la diferencia entre el presupuesto original y el vigente fue más del doble (139%).
Lo anterior no es menor si se considera que al enviar el proyecto del Presupuesto 2025 al Congreso en septiembre pasado, el oficialismo puso eje en lograr el “déficit cero” a la vez que buscó dar garantía de que el país cumplirá con sus deudas (la deuda externa más grande es con el FMI, tomada por la gestión de su actual ministro de Economía, Luis Caputo).
De esta manera, la apuesta a prorrogar un Presupuesto aprobado en 2022 y la posibilidad de cumplir con tales prioridades, estaría atada a un cada vez mayor ajuste, pero a costa de una economía real que sigue mostrando caídas significativas, con un consumo golpeado por el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de la población y con parálisis productiva.
Más ajuste en partidas clave
El gobierno de Javier Milei publicó esta semana el Decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, tras las fallidas negociaciones con la oposición y la decisión del Ejecutivo de no convocar sesiones extraordinarias. En ese sentido, mientras por primera vez desde el retorno de la democracia se produce una segunda prórroga consecutiva del Presupuesto, numerosas políticas podrían verse afectadas por una falta de financiamiento adecuado, ya que queda a discreción del gobierno ajustar o no las partidas correspondientes para compensar el impacto de la inflación, como debía ocurrir si se debatía en el Congreso.
De esa manera, la foto del presupuesto inicial para 2025 -producto de una doble prórroga- será muy diferente al último aprobado por el Congreso, allá por 2022.
El presupuesto vigente en 2024 implicó una primera a prórroga del que venía de 2023 y se dio en un contexto de altos niveles de inflación mensual. Frente a esta situación el gobierno realizó actualizaciones del presupuesto, de forma tal que alrededor del 58% del crédito vigente el año pasado fue resultado de modificaciones y sólo el 42% al crédito inicial (el monto prorrogado).
“El presupuesto aprobado para el año 2023 equivale tan solo al 30% del presupuesto vigente al cierre de 2024”, analizaron al respecto desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En esa línea, indicaron que “este funcionamiento habilitó un importante nivel de discrecionalidad” que se dio tanto por un ajuste en los montos que quedaron por debajo del proceso inflacionario así como por la decisión política de priorizar ciertos gastos en detrimento de otros.
“En primer lugar, le permitió llevar adelante una fuerte reducción del gasto, ya que las modificaciones establecidas a través de 23 decisiones administrativas y 5 DNUs no llegaron a compensar la inflación de 2024. Como resultado, el presupuesto vigente al cierre de 2024 es, en términos reales, un 23% inferior al último aprobado por el Congreso”, detallaron desde el centro de estudios. A ello se suma que “esa reducción no fue proporcional en todas las partidas, sino que el gobierno transfirió más recursos a las que consideraba estratégicas, desfinanciando a otras”.
Considerando lo anterior, el nuevo escenario que prevé volver a prorrogar el Presupuesto de hace dos años para todo el 2025 traerá consecuencias concretas en la vida de la población.
De acuerdo con la investigación de Alejandro Gaggero, Sofía Pasquini, Natán Spollansky y Malena Vivanco, Eduardo Ferreyra, las partidas destinadas a Educación y Cultura y Promoción y Asistencia Social sufrirán una reducción del 30% en términos reales a lo que se agrega el recorte del 40% en Ciencia y Tecnología, del 75% en Vivienda y Urbanismo, del 49% en Agua Potable y Alcantarillado y del 10% en Salud, mientras que lo destinado a Inteligencia aumentará un 67% y el de Sistema Penal caería apenas un 1%.
El presupuesto prorrogado también cristalizaría la desfinanciación de políticas que impactan directamente en la garantía de derechos, como el programa Acompañar (-90% en términos reales), prevención del embarazo adolescente (Plan ENIA, -80%), vacunación nacional (-44%), construcción y mejora de jardines infantiles (-80%).
En definitiva, “mediante el uso -y abuso- de la prórroga presupuestaria y los DNU, el gobierno podría continuar desfinanciando políticas públicas clave para garantizar los derechos de los sectores vulnerables, ejerciendo de manera discrecional una facultad que, por mandato constitucional, corresponde al poder legislativo”, agregaron desde ACIJ.
Según los especialistas tributarios, “la posibilidad de gobernar con un presupuesto prorrogado se convierte, así, en una suerte de ‘cheque en blanco’ para el Ejecutivo, que no ve incentivos para adherirse a la lógica democrática del debate legislativo”. La prórroga en Argentina, que debería ser excepcional y esporádica, se ha vuelto habitual: en los últimos 15 años se utilizó en cuatro ocasiones (2011, 2020, 2022 y 2024) y “su uso recurrente debilita el rol del Congreso y otorga al Ejecutivo un control excesivo sobre la política financiera presupuestaria”.
La ley y la trampa
El artículo 75. inc. 8 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso es el órgano que tiene la facultad de decidir sobre el destino de los fondos públicos, debatiendo y aprobando el presupuesto anual presentado por el Ejecutivo. Frente a ello, se han establecido alternativas para los casos en que no se resuelva el desacuerdo legislativo y al inicio del ejercicio fiscal (1 de enero) el Gobierno no tenga un presupuesto aprobado por el Congreso.
“Si bien esta herramienta -contemplada en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera N°24.756 (LAF)-, no es exclusiva de Argentina, en nuestro país se conjuga con una serie de normas vigentes que aumentan la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo del presupuesto público, haciendo de la prórroga algo muy distinto a lo que se ve en otros países”, aclararon desde ACIJ.
Y agregaron que “el Ejecutivo ha recurrido a la figura de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que implica el uso de una facultad legislativa que la propia Constitución Nacional establece que es excepcional”. Desde 2011 hasta octubre de 2024, se dictaron un total de 340 DNU, 38 de ellos (11%) realizaron modificaciones presupuestarias.
De acuerdo a lo relevado, entre el último presupuesto aprobado por el Congreso en 2022 y la actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante DNU y Decisiones Administrativas.
Teniendo en cuenta esto, una nueva prórroga ampliará aún más la discrecionalidad del gobierno para modificar sus prioridades presupuestarias agrandando la brecha entre el crédito inicial -aprobado- y el vigente -en ejecución- que, en 2024, alcanzó su nivel más alto al marcar una la diferencia entre ambos de más del doble (139%).
El Destape