En su primer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei logró un superávit fiscal a costa de numerosos recortes, entre los que incluyó a las políticas de salud. Eso fue acompañado de una retórica anti Estado y de la promoción del libre mercado, incluso para el acceso a los remedios y a la atención médica. Ambas decisiones afectaron la continuidad de los tratamientos de cientos de miles de pacientes y podría agudizarse.
En ese sentido, FESPROSA denuncia que la liberación de los precios de los medicamentos implicó “la discontinuidad o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados”. Además advierten que el pase a venta libre de los remedios que se vendían bajo receta y que eran de gran demanda le quitó a los usuarios los descuentos que antes hacían las obras sociales. Eso se suma a la eliminación del programa de medicación gratuita del PAMI que cubría a aquellos jubilados con enfermedades crónicas.
Además, la Federación advierte que la parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Iván Lugones, provocó la muerte de decenas de pacientes de cáncer. Por esta razón, presentaron un amparo ante la Justicia.
Hacia el próximo año, el secretario general de la Federación, Jorge Yabkowski, advierte que el Gobierno en el Presupuesto 2025 dispuso un recorte de fondos para todo el Ministerio de Salud, pero que desfinanció especialmente la partida para el VIH.
“La partida presupuestaria 22, que fue una conquista hace 20 años, es la que provee de fondos para tratar el sida, la hepatitis C y la tuberculosis multirresistente, que tienen medicación muy costosa y específica, sufrió un recorte del 76%”, explicó Yabkowski en una entrevista en Radio 10. Si bien el presupuesto no fue tratado, la prórroga del actual le da al Ejecutivo una amplia discrecionalidad para el uso de los fondos.
Según Yabkowski, el Gobierno nacional va hacia una política de “reducción absoluta” en materia de salud y quiere “transferir todos los hospitales nacionales a las provincias” para que “se hagan cargo los gobernadores e intendentes”. Esto podría ser un problema para las jurisdicciones provinciales que este año sufrieron un recorte en las transferencias de Nación. Bajo ese argumento, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto que elimina la atención gratuita universal en hospitales públicos y establece un seguro obligatorio pago.
El ajuste también llega a las leches medicamentosas para bebés
Una encuesta nacional, realizada entre julio y septiembre de 2024 por la consultora IPSOS, reveló que el 42% de los niños no acceden a leche medicamentosa, también conocidas como leche de fórmula, y que la mayoría de los médicos enfrentan numerosos obstáculos para recetarla.
En los últimos años, crecieron los obstáculos impuestos por obras sociales, prepagas y el Estado para acceder en tiempo y forma a leches medicamentosas, aquellas que se indican ante cuadros de alergias alimentarias, trastornos digestivos, prematurez y determinadas enfermedades metabólicas.
La investigación fue llevada adelante entre julio y septiembre de 2024 e incluyó 305 cuidadores (padres y madres de niños de 0 a 2 años, con prescripción de leches medicamentosas) y 150 médicos (pediatras, alergistas y gastroenterólogos) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires (La Plata y Mar del Plata), Córdoba, Santa Fe (Rosario), Mendoza y Tucumán.
Entre los principales hallazgos del trabajo, se destaca que un 42% de los padres y madres informó no recibir la cantidad de leche medicamentosa indicada por los médicos, lo cual impacta en la salud y el desarrollo de sus hijos. A su vez, sólo el 57% de los encuestados conoce la legislación que garantiza el acceso gratuito a estas leches medicamentosas. Esta brecha en el conocimiento es particularmente pronunciada fuera de los principales centros urbanos, con solo un 6% de conocimiento en Mendoza y un 27% en Rosario.
Por su parte, el 81% de los médicos percibe barreras significativas para prescribir la leche medicamentosa que considera más apropiada para su paciente, principalmente asociadas a largos trámites y burocracia para lograr la cobertura (74%) y al rechazo de la cobertura total de la fórmula (69%).
El estudio también arrojó que los cuidadores desconocen que tienen derecho a cobertura total, lo que los lleva a aceptar respuestas negativas sin realizar reclamos. Diversas obras sociales y prepagas evitan brindar rechazos por escrito, lo que limita la capacidad de las familias de realizar reclamos formales.
La ley nacional 27.305, sancionada en 2016, conocida como la “ley de leches medicamentosas”, obliga a las obras sociales y prepagas y, en el caso de que la familia no cuente con seguridad social, al Estado, a cubrir al 100% el consumo de leches de fórmula medicamentosas.
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