La resolución se dictó a requerimiento del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, en el marco de una investigación penal iniciada hace dos años, donde se constataron altos niveles de contaminación en el frente costero de San Pedro, localidad que hace al menos 30 años tiene inactiva su planta de tratamiento de efluentes cloacales. La fiscalía contó además con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), cuyo titular es el fiscal federal Ramiro González.
El llamado a indagatoria que resolvió el martes pasado el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, está dirigido al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; al secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Mariano Brañas; al director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; al exsecretario de Obras Públicas, Javier Silva; y al exsecretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, los dos últimos con mandato cumplido en diciembre de 2023.
De acuerdo a los elementos y pruebas que recopiló en su investigación, el fiscal Di Lello consideró que las conductas atribuidas a los acusados se encuentran tipificadas en el artículo 248 del Código Penal, en concurso real con el artículo 55 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, en carácter de coautores. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental.
Según la notificación oficial, las indagatorias están previstas para los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025, entre las 9.30 y las 10.30.
Problemática regional
La causa se inició el 13 de diciembre de 2022 a raíz de una investigación vinculada al vertido de efluentes con sustancias peligrosas en el río Baradero llevada a cabo por el titular de la Fiscalía Federal de Campana, Sebastián Bringas, quien dispuso realizar una pericia sobre muestras tomadas aguas arriba del tubo de descarga de la firma Ingredion Argentina SA (ubicada en Baradero) la cual arrojó como resultado niveles superiores a los límites establecidos por una resolución de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires
Pero los responsables de ese estudio alertaron acerca de que el agua de río ya bajaba con un grado de contaminación fecal. Es decir, una descarga cloacal anterior a la de la industria. En función de ese dato, la fiscalía ordenó ampliar las tareas investigativas al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), tendientes a identificar el origen de los coliformes fecales hallados en las muestras tomadas en Baradero.
Así, el grupo especial de la PFA se trasladó al límite de Baradero con San Pedro para obtener muestras en la confluencia del río Paraná con el río Paraná de las Palmas. El resultado de ese análisis fue superior al límite permitido de coliformes fecales termotolerantes, y dieron positivo para la presencia de bacterias de escherichia coli.
En virtud de ese resultado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso declinar la competencia a su par de San Nicolás a los fines de que se investigue la posible contaminación del río Paraná advertida a la altura de San Pedro. Luego de que el juzgado federal de San Nicolás aceptara la competencia, la investigación fue asumida por el fiscal federal Di Lello, quien solicitó varias medidas a la División Delitos Ambientales de la PFA.
En primer lugar, que se identifique e inspeccionen los vuelcos de efluentes cloacales en todo el frente costero de San Pedro, relevar e informar si existía alguna anormalidad, que se establezcan las ubicaciones exactas de los puntos de vuelco, y obtener muestras líquidas aguas arriba y abajo. También, que se localicen las plantas de tratamientos de efluentes de cloacales.
Análisis
El 9 de enero de 2023 se tomaron muestras de un vuelco pluviocloacal ubicado en inmediaciones del puerto de San Pedro. De igual modo, se procedió en cercanías del Museo del ARA Irigoyen (en el cruce de las calles Reinaldo Ansaloni y Juan de Garay) donde se halló un ducto con caudal constante de vertidos que emanaban olores nauseabundos.
El resultado de laboratorio de esas muestras fue coincidente respecto a evidenciar que los valores de DQB (demanda química de oxígeno) y sólidos sedimentables estaban por fuera del parámetro establecido por la Resolución ADA 336/03. Además, tres estudios revelaron valores superlativos en cuanto a la presencia de coliformes fecales y se pudo constatar que San Pedro no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Al tomar conocimiento de la investigación, la UFIMA remitió al fiscal federa de San Nicolás una investigación iniciada el 28 de febrero de 2023 a partir del correo electrónico enviado por una vecina del barrio Unidos de San Pedro. La mujer adjuntó un artículo periodístico donde se describía: “La desidia en la ex planta depuradora: qué hacer con esos valiosos terrenos”. Y alertaba sobre el vuelco de desechos cloacales sin tratamiento al arroyo Baradero de San Pedro.
La causa acumuló un informe de la Dirección de Control Técnico de la ADA sobre los expedientes administrativos relacionados a las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. En ese sentido, un monitoreo realizado el 28 de febrero de 2023 sobre los líquidos que fluyen al río Paraná sin paso previo por la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, concluyó que “no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente”.
Y confirmó que la planta depuradora está totalmente desafectada de servicio, por lo que el líquido cloacal es conducido por un bypass que llega al río Paraná en una zona recreativa contigua al puerto. Esa situación “se agrava por la probable derivación de parte de efluente cloacal al sistema pluvial, con la consecuente descarga en otros puntos del río agua arriba”, agrega el informe.
En el marco de las múltiples medidas adoptadas por la fiscalía, se notificó al municipio sobre los resultados de esos estudios, y se solicitó que informe sobre los planes de acción, fuentes de financiamiento y plazos tendientes a la implementación de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales dentro de los límites impuestos por la normativa vigente.
Preocupación desde 1982
El juez dispuso una orden de presentación y allanamiento en la Municipalidad de San Pedro, a los fines de obtener copias de los planos de la planta de tratamiento cloacal, el secuestro de toda la documentación tendiente a acreditar en qué estado se encontraba, quiénes resultaban ser los responsables del funcionamiento y toda información que fuera vital para evaluar el impacto ambiental denunciado.
El procedimiento se concretó el 31 de julio de 2023, instancia en la que el por entonces secretario de Servicios Públicos, Álvarez, manifestó que la planta de tratamiento cloacal de San Pedro pertenecía a la provincia de Buenos Aires, a principios de 1980 pasó a formar parte del patrimonio municipal y funcionó hasta el año 1982. Y aportó que los residuos cloacales son “desechados a un riachuelo que sería un brazo del río Paraná”.
Al ampliar esa presentación, la secretaria de Legal y Técnica de San Pedro indicó que “la ex planta de tratamiento cloacal ubicada en calle Rómulo Naón e Hipólito Irigoyen no se encuentra en funcionamiento, como así tampoco se realizan tareas vinculadas a reciclaje o cualquier actividad relacionada con desechos, sean éstos cloacales o residuos. Y que al menos hace 30 años no hay actividad”.
Otra evidencia que fortaleció la imputación fue un estudio solicitado a los especialistas de la UFIMA sobre el informe pericial que efectuó el laboratorio de la Autoridad del Agua. Los especialistas dictaminaron que la presencia elevada de coliformes fecales en el efluente presenta, a la luz de la Ley N°24.051, la característica peligrosa “H6.2”, que se traduce en sustancias infecciosas o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
La fiscalía también citó a prestar declaración testimonial al director provincial de Agua y Cloaca de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Sergio Benet. El funcionario confirmó que ese organismo no había recibido ningún proyecto relacionado a la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro, y que los funcionarios de esa ciudad no habían manifestado inconvenientes al respecto.
22 ordenanzas y más 30 resoluciones
También se citó a declaración testimonial a la presidenta del Concejo Deliberante de San Pedro, Mónica Beatriz Otero, a fin de que aportara toda la documentación relativa a los proyectos que se pudieron haber presentado desde el año 1982 a septiembre 2023, en relación al tratamiento de efluentes cloacales.
De la documentación aportada se desprende que en ese lapso de 41 años se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones vinculadas con el tema, pese a lo cual, nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora o se presentaron proyectos al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires para construir una nueva.
La concejala también informó sobre la resolución N°8 del 10 de agosto de 2023, que el Concejo emitió luego de la entrada en vigencia de una medida cautelar dispuesta por el juez Villafuerte Ruzo, que ordenó al municipio eliminar las conexiones ilegales de vertido y acondicionar la planta de tratamiento.
A raíz de esa resolución, el Concejo Deliberante local solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a la limpieza y desinfección del predio de la explanta depuradora, y se brinden recursos y alternativas para dar solución definitiva al problema.
En los considerandos de esa resolución, los concejales pusieron de manifiesto los reclamos que vienen haciendo los vecinos por esta problemática: “Después de 23 años sin funcionar la Planta Depuradora de San Pedro, es momento de realizar las tareas correspondientes de limpieza, desinfección y el posterior mantenimiento del lugar, por cuestiones de salud y seguridad de los ciudadanos vecinos del lugar y por toda la sociedad en general”.
Fiscales