La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a El Salvador por impedir en 2013 un aborto a una mujer, conocida públicamente como Beatriz, a pesar de que su vida corría peligro y el feto tenía una malformación congénita. Por primera vez el tribunal continental falló sobre un caso relacionado con el aborto, prohibido en El Salvador bajo cualquier modalidad con penas de cárcel de dos a ocho años, pero habitualmente interpretado por la justicia como homicidio agravado, que conlleva penas de hasta 50 años de prisión.
“El Estado (salvadoreño) es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la salud (…) en prejuicio de Beatriz”, indicó el tribunal continental con sede en San José, al notificar la sentencia.
Beatriz, un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la mujer, tenía 22 años y padecía una enfermedad autoinmune llamada lupus eritematoso sistémico. A las 12 semanas de embarazo su feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.
“El Estado es responsable por la violación al derecho a la protección judicial” de la víctima cuando la Corte Constitucional salvadoreña le denegó una petición de aborto, dijo la Corte. Pasados 81 días desde la petición del aborto, Beatriz comenzó el trabajo de parto y debió ser sometida a una cesárea de urgencia, a las 26 semanas de embarazo. El bebé murió cinco horas después.
En una entrevista exclusiva con AFP en 2013 desde el hospital en San Salvador, donde estaba internada, Beatriz dijo: “Quiero la cesárea, primero por mi salud y porque no va a vivir el niño. No está bien lo que me han hecho, me han hecho sufrir”.
“Triunfa la justicia”
Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, ya había tenido un primer embarazo en 2011 que se complicó por una preeclamsia (hipertensión durante el embarazo) relacionada con su enfermedad autoinmune, lo que obligó a los médicos a practicarle una cesárea para salvar la vida del feto. Después de 38 días internado, el bebé sobrevivió.
“Lo que de verdad queremos es que otras mujeres no sufran lo que mi hermana tuvo que pasar”, dijo en 2023 el hermano de Beatriz, quien prefirió no revelar su identidad, durante el inicio de las audiencias en la Corte Interamericana.
Beatriz era originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, 100 km al sureste de San Salvador. Su caso es solo un ejemplo de la situación de las mujeres, especialmente de bajos recursos, en países donde el aborto está prohibido. “La condición médica de base de Beatriz exigía por parte del Estado un deber especial de protección, a través de la provisión de atención médica diligente y oportuna, y no la recibió”, destacó la sentencia. En San Salvador, activistas feministas recibieron el fallo con alegría.
“Triunfa la justicia. Estamos felices, hoy 20 de diciembre es un día que ha pasado a la historia para la justicia reproductiva de las mujeres”, declaró la abogada Angélica Rivas de Colectiva Feminista.
En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.
Medidas de reparación
La Corte ordenó medidas de reparación: “deben de adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a embarazos de riesgo para la vida o la salud de la madre”. Y el estado salvadoreño deberá adoptar medidas que garanticen “seguridad jurídica en la atención de situación como las del presente caso”.
En marzo de 2023 comenzaron las audiencias del caso, que fue llevado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, que opera como fiscalía en estos procesos.
Tras la situación sufrida por Beatriz, El Salvador cambió varios protocolos de atención a mujeres embarazadas. Sin embargo, la Corte consideró que “persisten los vacíos en la normativa para la atención adecuada y oportuna de casos como el de Beatriz”.
¿Qué le pasó a Beatriz?
Beatriz tenía un hijo pequeño con su marido cuando supo que estaba otra vez embarazada. Vivían en una zona rural de El Salvador. Tenía lupus eritematoso sistémico agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea, y le diagnosticaron que la gestación ponía en riesgo su vida. Se trataba además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tenía posibilidades de sobrevida. A pesar de que quince especialistas médicos de la Maternidad donde estaba internada le indicaron que tenía que abortar, no le aprobaron esa práctica debido a la penalización absoluta del aborto que rige en el país.
El hecho ocurrió en el año 2013 y tuvo amplia repercusión internacional. Beatriz recurrió a la Justicia pero la Sala Constitucional, la máxima instancia judicial en El Salvador, le negó una autorización para abortar. Las organizaciones que acompañaban a la joven llevaron el caso a la Corte IDH que obligó al país a garantizar la interrupción de ese embarazo. Beatriz tuvo que esperar 81 días para una práctica que es legal en la mayoría de los países. Le hicieron una cesárea temprana y el feto murió a las pocas horas de nacer, como se preveía.
La tragedia no terminó ahí para la joven: su salud quedó afectada. Y el 8 de octubre de 2017 Beatriz murió por una neumonía adquirida en un hospital luego de ser ingresada por un accidente de tránsito: después de todo lo sucedido, su salud era demasiado frágil para resistir.
Desde que modificó su Código Penal en el año 1998 y endureció su legislación sobre aborto, El Salvador ha acumulado señalamientos, indicaciones, recomendaciones de diversos órganos y hasta de otros Estados, incluyendo un fallo condenatorio de esta misma Corte IDH en el caso conocido como Manuela, por la detención y posterior muerte de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio.
La legislación salvadoreña
La completa criminalización del aborto en El Salvador rige desde 1998 cuando se modificaron el Código Penal y la Constitución, y se eliminaron las tres causales que estaban vigentes desde 1974 por las que era legal la interrupción voluntaria de un embarazo: en caso de peligro para la salud o la vida de las mujer, malformación fetal congénita incompatible con la vida y si la gestación era producto de violación. En la reforma de la Constitución se le dio al embrión y al feto el status de persona y se estableció la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción.
En El Salvador el aborto se considera un delito, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer gestante. Tiene penas de 2 a 8 años de cárcel. Pero a las mujeres que llegan con emergencias obstétricas con pérdidas de embarazo, se las denuncia ante la sospecha de aborto. Y muchas terminan con penas de 30 o 40 años de cárcel por homicidio agravado.
Desde 2009, la Agrupación Ciudadana, en alianza con organizaciones nacionales e internacionales, logró la libertad de 65 de esas mujeres injustamente criminalizadas. Todas fueron denunciadas desde el sistema público de salud.
Un dato estremecedor: en El Salvador el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas. La investigación del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) “¿Sin opciones? muertes maternas por suicidio” de 2019 reveló que para quitarse la vida, en la desesperación por enfrentar embarazos que no buscaron –a veces forzados o impuestos como resultado de abusos sexuales –, se envenenan con herbicidas y pesticidas.
La Corte IDH acaba de abrir el camino para desandar tantas atrocidades.
Página/12