La organización considera que el gobierno del presidente Javier Milei hizo un uso “desproporcionado” de las fuerzas de seguridad “como norma” y que, con este informe, se ha encontrado “un patrón de represión y criminalización” para quienes se manifestaron para expresarse en contra de las políticas llevadas a cabo por esta gestión.
Del estudio, se desprende que hubo 1155 personas heridas, “muchas de ellas con lesiones graves”; 33 con impactos de balas de goma “en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión”; 50 trabajadores de prensa heridos “durante las coberturas de las manifestaciones” y 73 personas “criminalizadas” por participar en las protestas.
“Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva”, sostiene el texto.
En diálogo con la prensa, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía, indicó que ‘Disenso en riesgo’ refleja la restricción del ejercicio de la libertad de expresión “en las calles” y “el achicamiento del espacio cívico”.
“Desplegamos una metodología que incluyó pedidos de acceso a información pública al Estado Nacional, que en muchos casos fueron denegadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación”, indicó García Rey.
La titular adjunta de AI Argentina agregó que relevaron más de 30 testimonios “de víctimas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza”, así como imágenes “porque, ahora, las redes sociales habilitan muchísimo más la difusión”, indicó.
En esa misma línea, señaló que desde el organismo que integra proponen “dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia” como un recurso para coartar el disenso, por un lado, y “silenciar las voces”, por otro.
“Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno”, subrayó García Rey, quien agregó: “Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo”, remarcó.
Según el documento, el uso de la fuerza por parte de las autoridades “debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos” como así también, el “uso indebido del derecho penal”, con el fin de “criminalizar” las manifestaciones, debe eliminarse debido a que atenta contra el estado de derecho.
“Frente a esta situación, Amnistía Internacional urge al Gobierno argentino a adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales”, lo que “incluye la derogación del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza”, concluye el informe.
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