Según detalló la funcionaria judicial, se presentó “una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado” y que están a la espera de “que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”.
La fiscal argumentó este nuevo paso judicial como una consecuencia ante la ausencia de ambos imputados ante el llamado de la fiscalía a declarar.
La denuncia expone que Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima “lucraron” con ella al entregarla al expresidente a cambio de “favores”.
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales, así como para Pozo.
Una orden de aprehensión en contra del exmandatario boliviano ya había sido emitida el 16 de octubre, pero no pudo ejecutarse por varias razones, como consta en “muchos informes” emitidos por la Policía. Principalmente, las autoridades informaron que no fue posible dar con su paradero.
“Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar como su domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí”, explicó la fiscal.
Además, los policías informaron que trataron de buscar en otros domicilios, y luego de “labores de vigilancia”, Morales “no se encontraba habitando esos lugares”.
Asimismo, las autoridades notificaron que, cuando se emitió la orden de captura para Evo, sus seguidores realizaron fuertes bloqueos de carreteras por 24 días, especialmente en el centro del país para defenderlo. Por esta razón, la Policía no habría podido ingresar al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, mencionó la fiscal.
“Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos”, concluye un informe de la Policía, leído por la fiscal, que denunció que los manifestantes golpearon a los efectivos de seguridad.
“Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)”, precisó la fiscal Gutiérrez.
Meses atrás, cuando la fiscalía comenzó esta investigación, el expresidente Morales se defendió y sostuvo que el caso ya fue juzgado durante la dictadura de Jeanine Añez y que fue declarado inocente. Desde su entorno, leen esta causa como parte de una persecución judicial y política con el fin de inhabilitarlo y desgastarlo para las elecciones del año próximo.
Página/12