Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas.
Este funcionario recientemente promovido como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que tiene la obligación de controlar que todos los argentinos paguen sus impuestos, administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo.
La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.
Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario.
Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.
Dos inspectoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en ese momento el máximo organismo recaudador, se encontraron en 2007 con una sorpresa durante una revisión al casino de Buenos Aires, propiedad de un empresario amigo de Néstor Kirchner. Cuando las funcionarias fueron a requerir la documentación del casino se encontraron con Vázquez, su propio compañero. Él las acompañó por las oficinas, pidió los datos, esperó que las atendieran y las llevó hacia la salida, según reveló el diario La Nación de Argentina. Esa intervención le costó un sumario interno.
La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.
Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta alianza periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá.
Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después.
Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.
Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.
Una escala en las Islas Vírgenes
Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades.
El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.
Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.
La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.
Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá.
Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.
Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De “cuevas” y omisiones
Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.
La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.
Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009.
El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.
Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.
Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.
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