En línea con su estrategia de ajuste fiscal, el Gobierno oficializó la eliminación del “Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social”. Según el decreto 1094/2024, publicado en el Boletín Oficial, se disolvieron tanto el programa como la Comisión Nacional que lo gestionaba, junto con el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
El Gobierno alegó que, “desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito”. “Sin embargo, a septiembre de 2024 se registra una cartera activa de $751.240.653″, aclararon y explicaron que “el monto actual de la cartera refleja una pérdida de los fondos totales entregados históricamente”.
En consecuencia, consideraron que esta situación evidencia “una deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos”.
“No ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone, lo cual refleja una falta de control y supervisión efectiva en la ejecución del Programa”, evaluaron.
Entre otras irregularidades detectadas, resaltaron que “desde la creación del Programa de Microcréditos no se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos en los emprendedores de la economía social”.
Con respecto a la comisión, el Ejecutivo señaló que “presenta un sobredimensionamiento en relación con las necesidades actuales del Programa, con una estructura y funciones que exceden los requerimientos operativos y de gestión necesarios para el cumplimiento de sus objetivos”.
“La contribución al desarrollo del Programa de Microcréditos por parte de la mentada Comisión Nacional, en términos de alcance e impacto, no ha sido significante ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento, lo cual denota una ineficiencia económica que justifica su disolución”, mencionaron y sostuvieron: “El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que debe ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado o público, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
En el marco de la reducción de la presencia del Estado nacional, también mencionaron que “en la actualidad, diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, así como organizaciones sin fines de lucro, cuentan con líneas de microcréditos activas destinadas a pequeños emprendedores, lo que indicaría la capacidad del sistema financiero para satisfacer esta demanda”.
Desde el Gobierno fundamentaron que para tomar esta decisión “se tuvo en cuenta que el país se encontraba atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que aún impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico, en el marco de una crisis tan severa que pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”.
Así, destacaron que esta situación “transcurre en medio de una situación de enorme gravedad social como consecuencia de una economía que no crece desde el año 2011, con altísimos índices de pobreza e indigencia con especial impacto en la niñez y deterioro de los salarios reales, ayudas sociales y haberes previsionales”.
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