La reforma sobre la nacionalización del litio, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declara este mineral y otros considerados estratégicos de utilidad pública y reserva su explotación al Estado, prohibiendo concesiones a particulares.
El fallo de la Corte
El proyecto para desestimar este amparo que data desde 2022, fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN.
La resolución se basó en la ‘supremacía constitucional’, señalando que, aunque se concediera el amparo respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio.
Por lo tanto, estimó que incluso una eventual concesión del amparo no tendría efecto, ya que la norma constitucional impide la existencia de concesiones sobre este mineral específico.
Grupo Bararal, titular de la concesión minera 246359 para el lote ‘San Pedro’ en la comunidad de Satevó, en el estado de Chihuahua, note del país, argumentó que la reforma de 2022 afectaba su título de concesión vigente hasta 2068, que les permitía la exploración y explotación de diversos minerales. No obstante, la Suprema Corte determinó que dicha modificación a la Constitución mexicana establece que no se otorgarán concesiones en el caso del litio, reafirmando la exclusividad del Estado en su explotación.
Soberanía energética y minera
La determinación judicial se enmarca en los esfuerzos del Gobierno mexicano por consolidar la soberanía energética y el control estatal sobre recursos estratégicos como el litio, esencial en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.
La nacionalización del litio busca garantizar que su explotación beneficie directamente al desarrollo nacional y no quede en manos de intereses privados.
En tanto, la resolución también sienta un precedente importante en la política minera del país, al confirmar que la exploración y explotación del litio son facultades exclusivas del Estado mexicano, alineándose con las reformas legales y constitucionales recientes que buscan proteger este recurso estratégico.
Página/12