En medio de la polémica por la Educación Sexual Integral (ESI) y los libros que se reparten en la Provincia de Buenos Aires en el marco del programa Identidades Bonaerenses, Chequeado analizó datos sobre la distribución y entrega de métodos anticonceptivos en el marco del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable que depende del Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo con los números publicados por el Estado nacional, la distribución de insumos y tratamientos del programa (preservativos, anticonceptivos de corta y larga duración, y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-) sufrió una caída del 64,1% si se compara el tercer trimestre de 2023 con mismo periodo de 2024.
Los datos surgen del análisis que realizó el Centro de Datos de Chequeado de la ejecución de las metas físicas (bienes y servicios) del Presupuesto abierto que publica el Ministerio de Economía en forma trimestral.
Caída en la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la IVE
La distribución de preservativos -el único método que a la vez evita embarazos no deseados y protege del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual- se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades; esto es: se registró una caída del 45,5% entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024.
La asistencia en salud sexual y reproductiva, que incluye la entrega de anticonceptivos inyectables y orales, también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.
De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como los implantes subdérmico, que se reparten en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)– también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa, un 57% menos.
Sin embargo, la reducción más importante se dio en la entrega de los medicamentos para la IVE, como el misoprostol y la mifepristona, un derecho establecido por la Ley 27.610. En 2023 se entregaron 106.737 y en 2024 ninguno. En ese caso la caída fue del 100%.
¿Cuántos insumos para el programa Salud Sexual y Reproductiva debería haber entregado el Estado nacional en 2024?
Chequeado realizó un análisis de los informes de seguimiento de las metas físicas publicadas por el ministerio de Economía de 2020 a 2024 (de enero a septiembre de cada año, para así comparar con igual período de 2024) y encontró que la ejecución del programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable muestra déficits en todas sus áreas.
Del análisis específico de 2024 surge que de los 65.740 de métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes (Plan Enia) que tenía programado este programa para el tercer trimestre de este año, sólo fueron distribuidos 21.770. Es decir que sólo se distribuyó el 33% de lo que se debería haber entregado.
En cuanto a los preservativos la situación es más crítica: estaba programada una entrega de 26,1 millones, pero se entregaron 2,4 millones, lo que significa que sólo se entregó el 9,1% de lo planificado. Acceder a métodos anticonceptivos, entre ellos el preservativo, es un derecho establecido en la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.
El dato que más se destaca es la distribución de medicamentos para la IVE: no se entregó ningún tratamiento de los 100.400 programados para los primeros 9 meses del año. Esto significa que no hubo distribución de los medicamentos necesarios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho garantizado por la Ley 27.610.
El informe del Ministerio de Economía señala que “los desvíos en la distribución de insumos y medicamentos se deben principalmente a problemas en la cadena de suministro y en los procesos de adquisición”.
Sobre este punto, desde el Ministerio de Salud aseguraron a Chequeado que “se encuentran en curso procesos de compra de métodos anticonceptivos de corta y larga duración: implantes subdérmicos de 1 varilla; anticonceptivos combinados inyectables mensuales, anticonceptivos inyectables trimestrales; anticonceptivos combinados orales, anticonceptivos solo progestágeno (desogestrel), anticonceptivos combinados orales con gestodeno; y anticonceptivos hormonales de emergencias”.
También indicaron que “se están efectuando todos los pasos administrativos correspondientes para avanzar con las compras mencionadas y evitar demoras en la cadena de suministro”.
La población más vulnerable, la más afectada
Chequeado consultó a Silvina Ramos, socióloga investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), quien explicó el impacto de esta situación: “La drástica e importante reducción en la cantidad de insumos distribuidos en la Argentina por parte del Gobierno nacional va a traer consecuencias negativas importantes en la vida y el bienestar de las mujeres”.
Y agregó: “Por un lado, porque si hay menos insumos hay menos acceso a la prevención de un embarazo que no se desea tener en ese momento de la vida. Y, a su vez, la falta de insumos para el aborto van a afectar el acceso a la interrupción voluntaria, entonces esos embarazos no intencionales se van a terminar transformando en maternidades forzadas y sabemos que la maternidad forzada afecta obviamente la integridad física y psíquica de las personas y también afecta su proyecto de vida y las oportunidades de desarrollo personal”.
Por su parte, Patricia Sotile, abogada especialista en género del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explicó a este medio: “Esto tiene gran impacto en poblaciones más vulnerables generando barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de quienes concurren a los sistemas públicos de salud y se encuentran allí con faltantes no sólo de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, como así también de diversos métodos anticonceptivos”.
¿Cuál es la situación de las provincias?
Desde distintas organizaciones, como ELA y CEDES, advierten que hay provincias que tuvieron que comprar los anticonceptivos que esperaban del Estadio nacional. “Se puede decir que algunas provincias han mostrado buena voluntad para comprar insumos, pero enfrentan restricciones importantes en sus presupuestos y, además, la decisión del Gobierno nacional ha sido tan repentina y tan drástica que nadie ha podido planificar apropiadamente el manejo de los recursos”, explicó Ramos.
Santa Fe fue una de las provincias que hizo una compra de urgencia ante los envios insuficientes del Ministerio de Salud de la Nación: “Para garantizar el acceso gratuito insumos de salud sexual y reproductiva destinamos $ 3.300 millones para la compra de medicamentos, métodos anticonceptivos y de barrera, entre otros que vamos a necesitar para el segundo semestre de este año para las políticas que implementamos a través de la Dirección de Salud Sexual Integral”, indicó Silvia Ciancio, ministra de Salud de la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro (Juntos por el Cambio).
En el caso de la provincia de Tucumán -que gobierna Osvaldo Jaldo (Frente de Todos por Tucumán- Chequeado consultó al Ministerio de Salud pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional de esa provincia indicaron que recibieron numerosas denuncias de mujeres y personas gestantes por dificultades en el acceso a la IVE.
“En los últimos meses se comunicaron con nosotras personas que manifiestan una serie de dilaciones ante un pedido de acceso a este derecho garantizado por la Ley 27.610. De acuerdo a lo que pudimos conocer, en algunos centros de salud se está informando que no hay medicación y se les facilita la receta para comprarla. En otros centros directamente no obtienen receta, ni respuestas. Estas situaciones configuran un incumplimiento de la ley IVE”, indica el comunicado.
Desde el Ministerio de Salud de Salta -provincia gobernada por Gustavo Sáenz (Identidad salteña) también explicaron a este medio que la provincia “está comprando los insumos porque el envío del Ministerio de la Nación es mínimo o nulo en algunos casos”.
Sotile explicó que en los casos en que los Estados provinciales no cuentan con fondos suficientes para garantizar la atención de su población, “se produce una violación a los principios de igualdad y no discriminación de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades que no pueden acceder en forma igualitaria a los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales”.
Chequeado