Sin ley de presupuesto, este año el Gobierno más que duplicó el gasto y distribuyó partidas, por vía de decretos y de manera discrecional, por $55,6 billones. En 2025 se encamina a hacer lo propio: de no aprobarse la ley, la administración de Javier Milei tendrá vía libre para reasignar recursos por al menos unos $20 billones sin previa autorización del Congreso.
Al filo del cierre de las sesiones ordinarias en el Congreso, el oficialismo clausuró toda negociación del presupuesto 2025 con los gobernadores aliados de Pro y de la UCR y dejó abierta la amenaza de prorrogar, por segunda vez, el presupuesto de 2023. Nunca en la historia reciente se apeló a este mecanismo –de por sí excepcional– dos veces consecutivas.
Si bien el Gobierno parece minimizar sus consecuencias, la oposición advierte que, sin ley de presupuesto, al ministro de Economía, Luis Caputo, se le dificultaría un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como así también sería una mala señal al mundo inversor.
Al asumir su mandato hace un año, Milei justificó su decisión de prorrogar el presupuesto 2023 en la emergencia económica que heredó de la gestión de Alberto Fernández, que dejó al país al borde de la hiperinflación. Cuando comenzó su gestión, las partidas de gastos totalizaban $40,2 billones. Por efecto de la inflación –que acumuló a octubre una suba del 107%– la recaudación excedente le permitió al Gobierno ampliar el presupuesto y más que duplicar el gasto sin aval del Congreso.
En efecto, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Poder Ejecutivo amplió partidas este año por $55,6 billones, llevando el presupuesto vigente a $95,9 billones, un 138,4% de suba respecto del inicial. Aun así, el Gobierno, merced a su política de ajuste y de reordenamiento fiscal, logró a octubre un superávit financiero acumulado de $1,82 billones, en contraste con el déficit de $5,43 billones registrado durante el mismo período del año anterior.
¿Tendrá el Gobierno la misma discrecionalidad en el manejo del gasto el año próximo si prorroga el presupuesto? Sí, pero en menor escala por la baja de la inflación. En 2025 prevé un total de ingresos por $115,2 billones; así está estimado en el proyecto de presupuesto que todavía no se aprobó y que se elaboró sobre un cálculo de inflación del 18% punta a punta. Ergo, de prorrogarse el presupuesto vigente de 2023 (con el gasto actualizado en $95,9 billones), los excedentes acumularían unos $20 billones.
Este sería el margen de discrecionalidad que tendría el Poder Ejecutivo para asignar partidas si, eventualmente, se prorrogase una vez más el último presupuesto de la gestión de Fernández. La oposición afirma que esta arbitrariedad, en definitiva, tendrá patas cortas pues, a su juicio, le resultará más perjudicial al Gobierno no tener ley que prorrogar la actual.
Tres puntos claves
El presupuesto que envió Milei a la Cámara de Diputados contiene al menos tres puntos clave que, de no convertirse en ley, quedarían en la nada. Uno de ellos es la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que establece el ajuste por inflación de los haberes. Hoy esa fórmula sigue vigente por el decreto 268/24 que estuvo a tiro de ser rechazado por el Congreso y, además, fue judicializado.
Otro artículo clave del presupuesto 2025 es el que establece la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares. Esta decisión convierte un gasto automático en un gasto discrecional, lo que lo hace ajustable; de allí el interés de Caputo a que se establezca por ley.
El proyecto también incluye un artículo fundamental para la estrategia financiera del ministro de Economía: el que replica, a manera de espejo, el decreto 846/2024, el cual flexibiliza las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera. En efecto, ese decreto libera al Ministerio de Economía de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado, permitiéndole avanzar sin autorización del Congreso.
La oposición más dura intentó rechazarlo hace diez días en la Cámara de Diputados por entender que concede demasiadas atribuciones al Gobierno; sin embargo, a duras penas el decreto logró mantenerse en pie merced a los bloques dialoguistas que, por orden de sus gobernadores, decidieron no sumarse a la ofensiva. Confiaban en que el oficialismo, a cambio, se mostraría más concesivo en sus demandas en el presupuesto 2025.
Los reclamos de los mandatarios aliados se sintetizan en dos puntos: que la Nación coparticipe recursos tributarios que, insisten, corresponde a las provincias pero que el Gobierno no reparte o subejecuta. También reclaman que el Gobierno atienda las deudas y garantice el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas a la Anses, un agujero fiscal que desvela a 13 gobernadores.
“Solo reclamamos que se cumpla con las leyes vigentes”, sostienen los gobernadores. Empero, Caputo les bajó el pulgar y dejó trascender que sus reclamos son “inadmisibles” por su costo fiscal que, según dejó trascender, totalizaría 3700 millones de dólares. Asimismo, en el Gobierno reprochan que los gobernadores “siempre demandan más recursos” pero son renuentes a discutir las deudas que sus provincias mantienen con la Nación.
El golpe de gracia a las negociaciones –que hasta ahora tuvieron escasos avances sustantivos– lo dio el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, cuando el martes pasado suspendió la firma del dictamen del presupuesto, a solo diez días de la finalización de las sesiones ordinarias. Un ardid que le permitió al oficialismo neutralizar a la oposición e imponer su pliego de condiciones.
Los gobernadores aliados intentarán una última negociación este lunes; sin embargo, son pocas sus expectativas. “Veremos entrado el año próximo si se mantienen tan intransigentes. No es gratuito no tener ley de presupuesto”, advierten.
La Nación/Laura Serra