Cerimedo es especialista en marketing político, dueño de medios digitales, entre ellos La Derecha Diario, y está vinculado con las ultraderechas latinoamericanas. Una investigación transnacional confirmó que Grupo Madero Media, su consultora, utilizó estrategias similares, basadas en trolls y fake news, en Brasil, Argentina y Chile. Además, los vínculos entre LLA y los prófugos brasileños condenados por asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. Hasta el momento, hay cuatro detenidos de los 61 que son buscados por el juez federal Daniel Rafecas a pedido de los tribunales del país vecino.
La policía brasileña develó un entramado criminal que se organizó en distintos espacios para derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Además de Bolsonaro, hay una treintena de acusados, entre ellos dos generales del ejército, antiguos ministros y exasesores de su gobierno, que actuaron de forma “coordinada” para “intentar mantener” al expresidente en el poder tras ser derrotado en las elecciones de 2022. Se dividieron en grupos que tenían distintas funciones, pero un solo objetivo: eliminar a Lula. Planeaban asesinarlo –incluso a través del envenenamiento– al igual que a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, para después armar un Comité de Crisis integrado por militares afines a Bolsonaro.
Se estructuraron en distintos núcleos para orquestar el golpe y se armaron comisiones para difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas, ejecutar los planes golpistas y hasta contaban con un departamento de inteligencia. La investigación de casi 800 fojas muestra los intentos desestabilizadores desde la victoria de Lula hasta el paso de mando en de enero de 2023, entre ellos bloqueos de carreteras, campamentos frente a los cuarteles pidiendo “intervención militar” y graves disturbios en Brasilia. El argentino asesor de Milei, Cerimedo, estaba en esa organización y se encargó del núcleo “Desinformación y ataques al sistema electoral”. Así lo demuestran las pruebas de la policía, que indican que utilizó las redes sociales y las plataformas digitales para desprestigiar los resultados electorales con información falsa sobre las máquinas de votación electrónica. Entre otras cosas, armó una transmisión por Youtube que tuvo más de 400.000 vistas en vivo para “facilitar la difusión de estas noticias fraudulentas y amplificar la desinformación ilícita”.
Pero Cerimedo no solo asesoró a la ultraderecha en Brasil, también lo hizo en Chile (donde realizó campañas en contra de la reforma constitucional) y en Argentina, donde trabajó con Milei durante su candidatura a través de su consultora Numen. En el año 2022, organizó una reunión con el hijo del todavía presidente de Brasil y diputado, Eduardo Bolsonaro, que hizo una visita oficial a la Argentina en la que aprovechó para reunirse con Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villaruel. Bolsonaro viajó junto con Giovanni Larosa, corresponsal en Brasil del portal La Derecha Diario (propiedad de Cerimedo). Según confirmó el equipo periodístico de una alianza de 18 medios latinoamericanos liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en las cuentas rendidas al Tribunal Superior Electoral (TSE) se comprobó que Larosa recibió dinero de la campaña de Eduardo Bolsonaro en 2022. Ese mismo equipo de investigación corroboró que Cerimedo difundió mensajes basados en mentiras en Brasil, Argentina y Chile.
La trama criminal para eliminar a Lula se completa con el general de la reserva del Ejército, Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa bolsonarista, además de compañero de fórmula de su reelección en 2022; el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el presidente del Partido Liberal bolsonarista, Valdemar Costa Neto y el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Agusto Heleno. Ahora, el informe final fue enviado al Supremo Tribunal Federal y es la Procuraduría General de la República, a cargo de Paulo Gonet, la que evaluará las pruebas.
Los vínculos bolsonaristas en Argentina
Desde el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil hablan de un “despacho del odio”, que estuvo comandado por Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro e hijo del expresidente, y Cerimedo. “Se trató de una industria de desinformación financiada por el aparato del Estado Brasileño”, le dijo a Página 12 Paulo Pereira, representante del PT en Argentina. Y señala a Cerimedo como uno de los encargados de imponer la “narrativa del golpe de Estado”. “No es un simple influencer, es un empresario del odio”, agregó.
En Argentina hay 61 prófugos de la justicia de Brasil que tienen pedido de captura ordenado por el juez federal Daniel Rafecas por instrucción de los tribunales brasileños. Hasta el momento, hay cuatro detenidos. Todos forman parte de un grupo de ultraderechistas que fueron condenados o procesados por el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo una semana después de la asunción de Lula.
Según la información que pudo recolectar este diario, la diputada libertaria María Celeste Ponce mantuvo reuniones con varios, incluso se mostró sonriente en las redes sociales. Uno de ellos es Fabricio de Moura Gomes, empresario de Iha Bela, que tiene una condena a 17 años de prisión por abolición violenta de Estado Democrática y Golpe de Estado durante el ataque al Palacio de Planalto el 8 de enero. Lo señalan como el “líder político de los prófugos”, un grupo que, incluso, participó del acto de Milei en Parque Lezama cuando lanzó LLA a nivel nacional. Moura Gomes es el que articula entre los bolsonaristas que están en Argentina y LLA. Ponce también se reunió con Raquel Lopes de Sousa, otra de las prófugas condenada a 17 años por participar “activamente” en la “destrucción del mobiliario del Planalto”. “Todos gritaban palabras que demuestran su intención de deponer al Gobierno legítimamente constituido como ‘Fuera Lula’ y ´Presidente ladrón´”, sostiene la sentencia firmada por el juez Alexandre de Moraes, que también era uno de los objetivos del plan de Bolsonaro.
La diputada libertaria también recibió a Alethea Verusca Soares, condenada a 17 años de prisión por la Corte. La lista de Ponce también incluye a Simone Aparecida Tosato Días (condenada a 14 años) y Alessandra Faria Rondon (con una pena de 17 años). Todas sostienen que son perseguidos políticos del juez Moraes. Los últimos detenidos fueron Wellington Luiz Firminio, detenido en Jujuy mientras intentaba cruzar a Chile, y Joel Borges Correa, interceptado en San Luis.
Página/12