La Jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, culminó con las cinco audiencias de declaraciones indagatorias en el marco la instrucción de la causa Caballero IV, en las cuales la Fiscalía Federal puso en conocimiento de las imputaciones a exmiembros de la Policía del Chaco, del Ejército y del Servicio Penitenciario Federal por crímenes de lesa humanidad contra 22 víctimas.
Es la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 a 1977, en la Brigada de Investigaciones -el principal Centro Clandestino que funcionó en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria-, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.
Entre los imputados se encuentran el exteniente coronel, Aldo Martínez Segón; el exteniente coronel, Tadeo Bettolli y el exteniente primero, Alberto Patteta, todos pertenecientes al Ejército Argentino. A ellos, se le suman el excomisario general, José Francisco Rodríguez Valiente; el exsuboficial mayor, Gabino Manader; el exsuboficial principal, Jorge Ángel Ibarra; el exsargento, José Marín y los agentes, Humberto Ramón Maidana y Emilio Zarate, todos integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Completan la nómina de imputados el oficial, Juan Ramón Rodríguez Valiente; el exalcalde y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7 Pablo Cesar Casco, y el agente Ignacio López de Comunicaciones de la Policía del Chaco. Algunos de los imputados llevaron adelante declaraciones realizando su defensa y otros declararían en los próximos días.
Se están realizando Juntas Medicas del Cuerpo Médico Forense de la Corte, para establecer si el suboficial de la Alcaldía Policial, Miguel Vitorello y el agente de la Dirección de Investigaciones, Luciano Cáceres, están en condiciones de comprender la acusación y poder ejercer su defensa, para resolver finalmente si se avanza con sus indagatorias o son apartados del proceso.
Las víctimas
En la causa Caballero IV, hay 22 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, todos ellos con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, así como también en Ligas Agrarias y en agrupaciones como la Unión de Estudiantes Secundarios , la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron secuestradas por operativos de fuerzas conjuntas del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego fueron llevadas al Centro Clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones y después trasladadas a la Alcaidía Policial y a la Cárcel Federal U7.
En la última audiencia indagatoria, se leyeron las acusación por los casos de Miguel Sánchez, Mario Cuevas y cuatro hermanas menores de edad de una familia.
Unión de Estudiantes
Sánchez fue fundador de la Unión de Estudiantes Secundarios de Misiones. Fue secuestrado el 7 de agosto de 1976 en la ciudad de Posadas y al poco tiempo fue trasladado al pabellón de detenidos políticos de la Cárcel Federal U7 de Resistencia. En Octubre de 1976, fue sacado de su lugar de detención y fue entregado de manera ilegal por el oficial del Servicio Penitenciario Federal Pablo Cesar – Jefe de Guardia del Penal – a un grupo de personas de civil que pertenecerían al ejército argentino.
Fue introducido al baúl de un auto Ford Taunus blanco y llevado al Centro Clandestino “Casita de los Mártires” cito en Posadas, Misiones. Allí fue asesinado por los tormentos que padeció y su cuerpo fue entregado a sus familiares el 5 de noviembre de mismo año, con la prohibición de abrir el cajón.
Cuevas
Mario Cuevas nació en Reconquista y fue presidente ENET Nº 1. Luego integró la Comisión Municipal Autárquica de Vivienda y fue director del periódico “Sapucay”. Ante la persecución a partir del Golpe de Estado de 1976, se refugió en Resistencia.
Fue detenido el día 30 de junio de 1976 en paraje “Boquita Cortez”, por una comisión policial de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y fue herido con un disparo en la pierna izquierda, por lo que fue internado en Hospital Perrando.
Luego fue trasladado a la Alcaidía Policial y a la Dirección de Investigaciones donde fue torturado en distintas oportunidades y finalmente trasladado a al U7, de donde fue retirado para ser fusilado en la Masacre de Margarita Belén y el cuerpo entregado a sus familiares.
Familia González
El 28 de abril de 1976, en horas de la noche, un operativo de fuerzas conjuntas del Ejercito Argentino y la Policía del Chaco, allanó el domicilio del Barrio Juan de Garay, donde vivían la familia constituida por los padres Ramón González y Amada Eulogia Borba y sus hijas Gladis Beatriz (17 años), Carmen Lilian (13) Elena (4) y Ana Chara (18).
Los padres fueron llevados detenidos a la Brigada de Investigaciones, mientras que las 4 niñas quedaron detenidas en la casa, incomunicadas y custodiadas por tres policías, quienes sistemáticamente las amenazaban y las apuntaban con armas en la cabeza. Esa situación de presión constante la vivieron durante varios días. En esos días llevaron a las dos mayores a declarar a la Brigada de Investigaciones.