La especialista apunta, en una columna de opinión publicada este domingo en el sitio El Diario Ar, que el Gobierno de Javier Milei quiere reformar el Código Penal y el Procesal Penal de la Nación para que cualquier persona acusada de un delito, sin que haya sido condenada, tenga una suerte de antecedente penal que le permita a un juez dictarle una prisión preventiva en otras causas. Esta es la figura de reiterancia, que significa un riesgo para el principio de inocencia.
El proyecto que impulsa el oficialismo en el Congreso no se queda solo en esto. Incorpora, también, la idea de “peligro de reiterancia” que es todavía más vaga: implica que puede dictarse la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito.
Es decir, una persona podría quedar detenida sólo por las ideas del juez y ya no por las pruebas que la vinculen a un delito. Así, se pone en jaque también el principio de legalidad y se abre paso a una práctica arbitraria y estigmatizante en base a una supuesta peligrosidad de las personas.
La prisión preventiva no sirve como herramienta para prevenir el delito. No sólo no es su función, sino que tampoco sirve para lograrlo. Las personas privadas de su libertad con prisión preventiva en Argentina aumentaron entre 2010 y 2022 en un 40%. En el mismo período, los hechos delictivos no disminuyeron, sino que aumentaron un 44%.
Algunas consecuencias
Una reforma de este tipo puede traer consecuencias negativas en las formas en que se usa el sistema penal para la persecución y control de las personas:
Primero, el aumento del uso de la prisión preventiva de forma exponencial. Hoy, el 42% de las personas alojadas en cárceles federales no tiene condena. Además, alguien acusado por un delito menor, no violento, hoy excarcelable, puede terminar en prisión.
Y, sobre todo, con un gobierno y un poder judicial proclives a criminalizar la protesta, la “reiterancia” puede usarse como argumento para dictar prisión preventiva a manifestantes, en el caso de que ya tuvieran otra causa abierta. De hecho, esta figura ya se viene usando así en la provincia de Mendoza.
Si el Congreso convalida estas reformas lo único que se va a lograr es aumentar la criminalización y la persecución de personas sospechadas de cometer un delito. Incluso, quedará en peligro el derecho a la protesta ya vulnerado con detenciones arbitrarias y acusaciones por delitos que no existieron, como ocurrió en las manifestaciones masivas en contra de las políticas del Gobierno.
El Diario Ar