El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció públicamente que se “está trabajando” para eliminar los nombres de los individuos y empresas – aproximadamente 280 mil – que ingresaron al blanqueo de capitales de las bases de datos de la AFIP, rebautizada ARCA.
“Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo”, posteó en la red social X. El trasfondo tiene como objetivo que quienes exteriorizaron capitales no queden entrampados a futuro con nuevos impuestos, a lo que se sumó la intención diagramada por algunas provincias de cobrar una alícuota por sobre determinados montos blanqueados.
Pero a la intención política se le oponen motivos legales por información bajo secreto fiscal que obligaría a modificar normativas y exponerse a futuro a consecuencias penales, pero sobre todo técnicos. No es posible eliminar todo rastro de los sujetos involucrados, lo que implicaría un borrado manual de los sistemas de AFIP (más de uno), sino que su supresión, por el “back up” con el que están programados habilitaría del mismo modo su recuperación posterior.
El “borrado” que propone la administración de Milei para quienes exteriorizaron capitales es posible sólo si incluye varios de los sistemas con los que opera el fisco. Según pudo confirmar Ámbito de fuentes especializadas dentro del organismo recaudador es que el motivo principal para que no se trate de algo permanente ni imposible de recuperar es que todos los días, la AFIP/ARCA realiza un “back up” que es diferencial y respalda todo lo que se transaccionó en ese día. Una muestra de ello queda alojada en lo que se llama “Archive” de la base de datos que permite su restauración.
“Técnicamente se puede borrar sin ningún tipo de problema y técnicamente se puede recuperar sin ningún tipo de problema”, confirmó a este diario un funcionario que sospecha que ningún miembro de carrera de “La Casa” ejecutaría una orden semejante que no estuviera acompañada por una Resolución del Administrador General pero que también contara con aval parlamentario ante eventuales responsabilidades penales ulteriores por lo que implica borrar registros de un sistema informático protegido con la información más sensible con la que cuenta un Estado.
Además, existe una reglamentación vigente que obliga legalmente a conservar por 10 años los registros en la denominada “cintoteca”. Un dato al pie: si los datos del blanqueo hubiesen tenido por objetivo jamás ser alterados, hubiesen sido alojados en una base de tipo Blockchain, lo que la hubiese vuelto invulnerable, e imposible de modificar luego. Tal vez la idea del borrado llegó después.
Imposible borrado
Sin embargo, el blanqueo ingresó a los sistemas del fisco como una declaración jurada. Entró a una base de datos que se denomina SETI como si fuese un formulario. Esa base guarda la DDJJ con todos los datos exteriorizados por el contribuyente y la deja disponible para lo que se denomina “explotación”, para áreas funcionales como informática tributaria o Recaudación.
Cada declaración se genera – en el caso de corresponder y superar los montos especificados en la norma – un pago al fisco según la alícuota específica, por lo que también se genera un registro en la base de pagos, que es otra distinta. Por otro lado, queda, a su vez, en un repositorio de la base está motorizada por Oracle. Funciona de manera diferencial: va generando registros denominados “logs” que protegen de cualquier ruptura en el sistema y que permiten recuperar la base y cada registro ante eventuales caídas.
El “borrado” sugerido por Milei implicaría ingresar a la base de datos de declaraciones juradas y eliminar a ese “blanqueador”. Pero debería ir acompañada al borrado de ese mismo sujeto de la base de propagación interna dentro de AFIP, que se denomina RUC. Pero también puede suceder que haya que borrar un “pago” –si ese sujeto debió tributar por lo exteriorizado-, lo que podría tener como efecto obvio que no cierre la auditoría de recaudación. Hay un pago que no tiene trazabilidad.
Qué pasaría ante una fiscalización
Existe una contracara adicional: porque si el contribuyente termina a futuro incluido en una fiscalización, el descargo del sujeto debería ser que ese dinero estaba blanqueado y comprendido dentro de una normativa que lo dejaba a salvo. Pero, ¿y el registro? El contribuyente sería el principal interesado en que su participación en el blanqueo tenga un respaldo que no haya sido eliminado para no tener un problema a futuro que el propio fisco eliminó.
Deberían entonces buscar el “back up” en el sistema SEFI, o recuperarlo de allí. “Siempre queda alguna marca”, señalaron desde ARCA, en estricto off. Los “back ups” son diarios además, y son diferenciales, toman lo nuevo ingresado pero también lo eliminado.
Todo lo anterior es sin contabilizar algo externo a la AFIP: la apertura en los bancos de las cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), destinadas a ese fin. Las entidades bancarias por buena voluntad que le pongan para eliminar las cuentas abiertas, tienen por detrás a los reguladores que son tanto el Banco Central pero también la UIF. Solo el éxtasis por la buena noticia de no haber caído a la lista gris del GAFI permitiría tanta audacia junta.
Hoy, los datos del blanqueo están guardados bajo estricto control para evitar las filtraciones que tantos dolores de cabeza trajeron a la administración de Mauricio Macri. Según pudo saber Ámbito, hay tres funcionarios con acceso a los listados: uno de ellos es José Bianchi, subdirector general de Recaudación; el otro es Pablo Di Bella, Director de Programas y Normas de Recaudación y la propia administradora federal Florencia Misrahi.
Un último punto menos relevante existe en el panorama de controles cruzados. Las pistas de auditoría que no suelen pedir “flashbacks” del estado de situación previo a un borrado pero sí pueden detectar un código secuencial de las “DJ”, que no está o que nunca estuvo. Territorio fértil para borrar más allá del blanqueo. Oracle no puede guardar los datos bajo secreto fiscal de la AFIP/ARCA, pero sí tiene mecanismos de auditoría propios para detectar si falta algo, en su registro de bitácora. Desde allí también se podría saber cuándo se eliminó ese registro que aparece faltante.
El exadministrador de Aduanas Guillermo Michel fue el primero en alzar la voz sobre este anuncio imposible que hacía el Gobierno en el marco de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Y lo enmarcó en un anuncio de campaña. Como se ve, hay aspectos legales, informáticos y técnicos que lo impedirían. Exigiría un desarrollo de sistemas tributarios para armar un programa que elimine masivamente las declaraciones de quienes blanquearon y direcciones de operaciones que borren los “logs” de los servidores. ¿Quién daría esa orden?
Casi que el asunto más controversial quedaría del lado del supuesto beneficiario de la medida. Sí es cierto que no le cobrarían tributos a futuro si nadie sabe que blanqueó. El problema sería justificar patrimonio blanqueado si la propia ARCA luego decide fiscalizarlos.
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