La sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña ordenó la prisión preventiva del director ejecutivo de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, y de otras tres personas, al confirmar sus procesamientos y los embargos de hasta 9 mil millones de pesos por conformar una asociación ilícita y cometer estafas reiteradas a través de un esquema de inversiones fraudulentas que afectó a más de 500 víctimas.
En la causa se investiga una estructura empresarial que operaba con la captación de inversiones bajo falsas promesas de altos rendimientos financieros, que funcionaba principalmente mediante la creación de fideicomisos y empresas ficticias, como Wenance SA y Be Capital Inversores SA, que eran utilizadas para atraer inversionistas con la promesa de devolver el capital invertido más intereses elevados, cuando en la práctica esos fondos no eran utilizados para inversiones reales.
El esquema incluía la duplicación de créditos entre fideicomisos para aparentar solvencia financiera y aumentar la captación de fondos. Cuando dejaron de pagar los rendimientos prometidos se reveló la estafa, que afectó a más de 500 víctimas.
Confirmación de embargos millonarios
Uno de los puntos relevantes del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional fue la confirmación de los embargos impuestos en primera instancia sobre los bienes de los imputados.
En particular, se ratificó el embargo de 9 mil millones de pesos sobre Muszak, así como embargos de 1.600 millones de pesos, 1.520 millones de pesos y de 4.000 millones de pesos, respectivamente, sobre los otros tres imputados. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que respondan con su patrimonio a las reparaciones económicas a las víctimas.
Además de los embargos, la Cámara mantuvo las cauciones reales impuestas para garantizar la presencia de los imputados en el proceso, con montos que ascienden a cientos de millones de pesos. Las decisiones subrayan la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de proteger los derechos de las víctimas en este complejo caso de fraude financiero.
El Ministerio Público Fiscal y la reunión de evidencia
Desde las etapas iniciales del caso, la fiscal Mónica Cuñarro impulsó medidas investigativas, entre ellas peritajes contables y bancarios y allanamientos, y requirió embargos millonarios sobre los bienes de los imputados, que fueron clave para asegurar la identificación de bienes relacionados con los actos ilícitos.
Para ello la representante del MPF convocó a la pesquisa a las oficinas especializadas del Ministerio Público Fiscal y trabajó conjuntamente con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), creada a fines de 2023 por el procurador general de la Nación a efectos de coordinar funcionalmente las tareas de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). En este contexto, ambas direcciones prestaron asistencia a la fiscalía.
También intervino en el caso la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) con el objeto de desentrañar el esquema delictivo. Su labor confirmó la duplicación de créditos en fideicomisos, lo cual era parte del mecanismo fraudulento.
La fiscalía también presentó pruebas sobre el incremento patrimonial desproporcionado de los imputados, lo que respaldó la hipótesis de que los fondos de los inversores no fueron destinados a inversiones legítimas.
Obtuvo además numerosos testimonios de víctimas que entregaron grandes sumas de dinero bajo la creencia de que participaban en negocios lícitos y rentables, cuando en realidad estaban siendo defraudados por los acusados.
De esta forma, en la investigación se incorporó como evidencia documentación societaria, testimonios de víctimas y registros financieros que exponen el entramado delictivo liderado por el director ejecutivo de Wenance.
La fiscalía oportunamente había solicitado el procesamiento y la prisión preventiva de los involucrados -lo cual fue acogido por la sala V de la Cámara-, en el entendimiento que los imputados integraban una asociación ilícita destinada a defraudar a inversores mediante promesas de altos rendimientos en fideicomisos y préstamos inexistentes.
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