El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 de San Martín comenzó este miércoles el juicio oral a 28 personas acusadas de conformar una organización internacional que funcionó bajo la figura de una congregación religiosa denominada “Templo Filadelfia”, mediante la cual captaban a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y someterlas a condiciones de esclavitud. La sede central de la organización estaba ubicada en la ciudad bonaerense de San Justo y contaba con anexos en diferentes ciudades del país, en la República de Paraguay y en Brasil. Según la imputación, los hechos ocurrieron desde 1972 hasta el 1 de diciembre de 2020.
El Ministerio Público Fiscal está representado por el titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Federal N°2 de San Martín, Alberto Gentili.
Los imputados están acusados de los delitos de asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en calidad de coautores en perjuicio de al menos 25 víctimas en situación de vulnerabilidad.
Una de las mujeres identificadas como las líderes de la organización, además, deberá responder como coautora del delito de delito abuso sexual contra cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos.
El inicio del juicio
El tribunal, integrado por Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese, dio inicio a la audiencia en la que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio tanto de la fiscalía, representada por el fiscal Alberto Gentili, como de las querellas representadas por la Defensoría Pública de Víctimas, Inés Jaureguiberry, y la querella particular, por Mariana Barbitta. El debate continuará el próximo viernes 1° de noviembre.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo; de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy; y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de Carmen Chena.
De los 28 acusados que llegaron al juicio, se puede distinguir la conformación de un grupo de personas integrado por Eva Petrona Pereyra, Miguel Evangelista Mora Bogado, Griselda Noemí Lemos, Carlos Raúl Barrionuevo, Mónica Susana Giménez, Rigoberto Ismael Mora Bogado y María Luisa Alza, quienes tomaron intervención en la organización desde sus inicios.
Por otra parte, Ruth Elizabeth Mora Bogado, Juan Pablo Mora Bogado, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Martín Carlos Cáceres, Ramón Omar Carranza, Olga Mabel Carranza, Norma Aydee Valdez, Osvaldo Horacio Gutiérrez, Claudia Elizabeth Acosta, Carlos Matías Barrionuevo, Claudio Rubén Álvarez Díaz, Katherin Esther Herrera de Alegre, Fabio Bernabé Aguirre, Claudio Gabriel Aguirre, Guillermo David Alza, Norma Beatriz Gutiérrez, Víctor Abraham Ayunta, Pablo Elías Carranza, Liliana Beatriz Barrionuevo y Damaris Fernanda Sabich, participaron de la organización, por lo menos, desde diciembre de 1997.
El requerimiento de elevación a juicio también incluía a los acusados Daniel Ignacio Aguirre e Inés Beatriz Herrera, pero ambos fallecieron antes del inicio del debate.
Esas 30 personas, junto a los prófugos Débora Iris Ortiz y Alcides Mora Cáceres, y a Adriana del Valle Carranza y Divina Luz Pereyra -que también fallecieron pero antes del requerimiento de elevación a juicio-, conformaron, según el MPF, dicha asociación ilícita con permanencia en el tiempo y división de roles mediante la cual obtuvieron grandes réditos económicos en beneficio de los líderes de la organización y sus núcleos familiares, y la ampliación de la maniobra delictiva en varios puntos del territorio nacional, como así también en los países vecinos de Brasil y Paraguay, mediante la construcción de nuevos anexos y filiales, adquisición de vehículos para efectuar los traslados y viviendas para acoger a las víctimas.
Eva Petrona Pereyra era la líder principal y, junto a las ya fallecidas Divina Luz Pereyra y Adriana del Valle Carranza, llevaban adelante el control de las víctimas. Por su parte, Miguel Evangelista Mora Bogado, era el pastor principal de la iglesia, encargado del adoctrinamiento teológico por el cual se le enseñaba a los files a obedecer y a ser sumisos a las órdenes de las líderes de la organización.
El funcionamiento
Según la investigación, la estructura delictiva creciente a lo largo de los años permitió captar, trasladar, recibir y acoger personas vulnerables bajo el pretexto de mejorar sus condiciones de vida. Luego, mediante un procedimiento de persuasión coercitiva que se profundizaba dentro de la congregación, eran obligadas a trabajar en la elaboración de productos panificados, venta ambulante, albañilería o a efectuar labores para otras personas. Los ingresos económicos debían ser entregados de forma íntegra a la iglesia Filadelfia.
Asimismo, las víctimas también debían asistir, obedecer y alabar a las líderes de la organización que se arrogaban poderes divinos, tales como ser las “ungidas de Dios”, seres divinos que podían escuchar y transmitir los designios y voluntad del Señor. Bajo esta creencia, se ganaban la confianza, respeto y obediencia de los fieles, y faltar a su palabra era equiparado a fallarle al Señor.
Dentro de este marco de obediencia y servicio, los damnificados eran reducidos a la servidumbre, ya que también debían limpiar sus casas, cocinarles e incluso dormir a sus pies a fin de asistirlas durante la noche.
Según consta en el expediente, las víctimas también eran obligados a cuidar de campos y ganado, o a construir nuevos templos y viviendas, edificaciones que, en definitiva, terminaban por ampliar la maniobra delictiva.
Asimismo, las labores de albañilería también se debían efectuar para el uso y goce personal de las líderes, tal así como la casa que se realizó en un barrio cerrado ubicado en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, donde Petrona Pereyra tenía su hogar de descanso.
Además, algunas víctimas denunciaron haber sido trasladas a Brasil y Paraguay, donde también existían anexos del templo Filadelfia, para realizar labores de albañilería, venta ambulante o trabajos de limpieza en casas particulares.
Según el requerimiento de elevación a juicio leído en la primera audiencia, las horas de sueño eran limitadas y la alimentación no era suficiente. Particularmente, se les brindaba una sola ración de comida sólida al día, dormían pocas horas y vivían en malas condiciones. Compartían habitaciones y hasta incluso camas. Los elementos de higiene también escaseaban y la libertad ambulatoria era estrictamente controlada. Para salir debían pedir permiso, el que pocas veces les era otorgado y, para efectuar los recorridos de venta ambulante, usualmente eran acompañados por otra víctima, con mayor experiencia y confianza con las líderes.
Para lograr el control de las voluntades de las personas damnificadas, dentro de la congregación se habrían implementado rigurosos métodos de adoctrinamiento y castigos, como así también la prohibición del contacto de las víctimas con personas que no pertenecían a la organización.
La investigación da cuenta que la organización Filadelfia también imponía la formación de parejas que presuntamente eran elegidas por Dios. De estas uniones nacían niños que crecían bajo estas creencias y, al llegar a la edad estipulada, eran incorporados al sistema de explotación laboral al igual que sus padres, retroalimentando de forma progresiva a la organización. El acceso a la salud también era sumamente limitado. Las personas damnificadas rara vez obtenían permiso para hacerse controles médicos e incluso pocos poseían su documentación.
Captación
Según la acusación, el proceso de captación se realizaba de forma paulatina. En un primer momento se les transmitía a los fieles que se congregaban en las distintas filiales que el Templo Filadelfia tenía a lo largo y ancho del país, como así también en países vecinos, la idea de prosperidad y bendición a cambio de la entrega y fidelidad al Señor.
Estos templos se ubicaban en localidades de la provincia de Buenos Aires como San Justo (sede central), Pontevedra y Bahía Blanca; Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán; Melipal, en la provincia de Neuquén; Guaymallén, provincia de Mendoza; y en la ciudad de Salta, en la provincia homónima. Asimismo, también existían al menos dos templos más en Brasil y Paraguay.
Asimismo, se identificaba a las personas con características de vulnerabilidad (menores de edad, condiciones socioeconómicas desfavorables, escaso o nulo nivel de escolaridad, familias desmembradas o problemas de salud) a quienes se les hacía creer que Dios los había elegido para vivir en la sede central de San Justo, en donde serían bendecidos y sus condiciones de vida mejorarían.
Según la investigación, para este momento, la voluntad de las víctimas ya se veía ciertamente condicionada, toda vez que este ofrecimiento en verdad representaba para ellos un designio de Dios que no podía ser desacatado.
Otro método identificado para concretar la captación era la invitación a las denominadas “Fiestas del Señor”, evento anual que se realizaba en la sede central de San Justo. En estas “fiestas” se efectuaban reuniones de culto que comenzaban de una forma “habitual” y luego las personas se quedaban danzando, cantando y alabando a Dios hasta altas horas de la noche. En este momento, Eva Petrona Pereyra se mostraba poseída por el Señor y comenzaba a profetizar en su nombre. En este marco, se les solicitaba a los fieles entregar lo más preciado, que podía ser tanto una propiedad, como un hijo. Así, los feligreses dejaban a sus hijos en el lugar y quedaban disposición de las líderes del templo.
Los niños debían abandonar el colegio desde temprana edad -aproximadamente a los 11 años- y se incorporaban al sistema de trabajo. Asimismo, no podían tener relación con sus compañeros de escuela y también se limitaba el contacto con familiares, incluso con los que estaban inmersos en la congregación.
Castigos, aislamiento y control de voluntades
Dentro de los métodos empleados por la organización para lograr el control total de las personas damnificadas, uno era la imposición de castigos físicos y psíquicos, que se podía dar por utilizar el dinero de las ventas para comprar alimento, manifestar deseo de irse de la congregación o rechazar una pareja, entre otros casos.
Cuando una persona desobedecía alguna regla, se realizaban reuniones grupales en donde se ponía a la persona a castigar delante de todos y se le propinaban golpes, insultos y retos vergonzosos delante del resto de las víctimas.
Otro de los métodos de castigo eran los cortes de pelo y el aislamiento social. Este último método podía darse de dos maneras, por un lado las personas que vivían bajo la organización Filadelfia tenían la orden de no dirigirle la palabra a la persona castigada, o directamente quien cometió la infracción era trasladado de sede.
El castigo mayor era enviar a las personas a campos lejos de conglomerados sociales, siendo el lugar predilecto uno llamado “El Descanso” del partido bonaerense de Balcarce, donde las víctimas pasaban necesidades básicas tanto edilicias, alimenticias y de higiene, sin poder recurrir a ayuda alguna.
Inicio de la investigación
La denuncia inicial fue realizada el 18 de diciembre de 2018 por parte de una víctima ante el Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza, lo que motivó una serie de medidas investigativas.
Luego, la causa fue radicada en el fuero federal, ante la Fiscalía Federal N°1 de Morón que con la colaboración de la PROTEX, la DOVIC y la DGRADB dispusieron una serie de medidas. El Juzgado Federal N°3 de Morón dispuso el allanamiento de once domicilios, la mayoría de ellos ubicados en la localidad de La Matanza. Los procedimientos se llevaron a cabo el 17 de mayo de 2019. Como resultado, 25 personas resultaron detenidas.
Durante el operativo se secuestraron importantes sumas de dinero -en pesos y dólares-, cuadernos con anotaciones para la hora de rendir las cuentas, recetas, documentación de los inmuebles de la organización, campos en donde se implementaban los castigos y se efectuaba la explotación agraria, entre otros elementos de interés para la causa. A fines de 2020, el Juzgado Federal Nº3 de Morón ordenó la subasta de 15 autos, camionetas y utilitarios que habían sido embargados a la presunta secta religiosa.
Fiscales