La decisión había sido anticipada a finales de la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, al precisar que “el Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23696, llamada Ley de Reforma del Estado”.
El Ejecutivo explicó que la norma, que deberá ser refrendada por el Congreso, “se dicta en línea con las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al proceso de apertura económica y en el entendimiento de que la conectividad aérea resulta un pilar fundamental para el desarrollo económico de la Nación”.
Al mismo tiempo, el texto reglamentario expresó que “esta medida propende a que Aerolíneas Argentinas S.A. opere bajo criterios de eficiencia comercial y genere un ámbito de competencia en igualdad de condiciones, profundizando la libertad de los mercados, sin que esto implique la pérdida de soberanía nacional”.
En ese sentido, indicó que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.
La determinación de la administración de Javier Milei de avanzar con la privatización de la compañía, que había quedado excluida de la Ley Bases, se da en medio del conflicto con el personal que incluyó medidas de fuerza y reclamos en las últimas semanas.
Al respecto, en el documento oficial, el Gobierno apuntó contra los trabajadores de la empresa sosteniendo que “a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta”.
En este aspecto, puntualizó que “entre tales beneficios se encuentran los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de dos familiares o de un acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”.
La firma del decreto se suma a la presentación del proyecto de privatización realizada por el diputado macrista Hernán Lombardi y que no logró el apoyo necesario para la sanción de un dictámen y que sea tratado rápidamente en una sesión de la Cámara.
No obstante, fuentes oficiales indicaron que diputados del PRO, el MID y LLA acordaron avanzar con el dictamen de comisión el martes de la semana que viene, mientras que en el entorno del presidente Javier Milei reiteraron la advertencia de que si el Congreso no aprueba la privatización antes de fin de año, le entrega la empresa a los empleados de Aerolíneas o desaparece.
Todo esto en el marco de una situación de conflicto con los gremios, que parece haber llegado a un punto sin retorno y frente a la decisión imprescindible por parte del Directorio de la empresa de nombrar cuanto antes a un Gerente de Operaciones, ya que sin este la compañía no está en condiciones de funcionar, debido a que el que estaba renunció.
El plazo es el próximo 16 de octubre, cuando vence el plazo para el nombramiento. Ese mismo día la Asamblea de Accionistas de Aerolíneas Argentinas, deberá resolver la expulsión del sindicalista Pablo Biro como miembro del Directorio.
La definición del Gerente de Operaciones siempre se dio en un consonancia con los pilotos, esta vez eso no parece que vaya a ocurrir porque la propuesta de los pilotos fue definida por fuentes, como “descabellada”.
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