La calidad educativa depende de la cantidad de recursos destinados para su desarrollo. En la Argentina esta idea parece no tener un correlato con los hechos y plantea cuestiones contrapuestas. Según un reciente informe, en 40 años la inversión en educación aumentó y sólo una vez superó la meta del 6% del PBI que establece la ley. Sumado a esto, en ese período de tiempo la educación superior (universidades y educación superior no universitaria) recibió más recursos que la educación básica (nivel inicial, primario y secundario).
Los datos muestran un problema de fondo, sobre el cual el reciente trabajo realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación (AE) al que accedió Ámbito pone en tela de discusión. Cabe preguntarse no solamente cuánto se invierte en educación, sino también cómo se enfocan esos recursos y hacia qué áreas se distribuyen. El tema plantea una especial atención en momentos donde el Gobierno propone una “inversión inteligente” tras la presentación del Presupuesto 2025 que realizó el presidente Javier Milei días atrás.
La investigación titulada “Evolución del financiamiento educativo”, con autoría de Alejandro Morduchowicz (especialista en planeamiento y políticas educativas), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación) se encarga de analizar cómo evolucionó la inversión en educación entre 1980 y 2022.
A partir de datos oficiales del Ministerio de Economía se profundizó sobre la distribución de recursos para la educación en términos porcentuales respecto al PBI y en valores reales. En el relevamiento se pudo concluir cuánto aportan al financiamiento la Nación y las provincias, y cómo se reparten los fondos entre los distintos niveles educativos.
Se cumplió la meta del 6% del PBI una vez en 42 años
La reconstrucción de la serie histórica que lleva adelante AE en el informe entre 1980 y 2022 muestra que si bien hubo un aumento sostenido del gasto público en educación, solo una vez se cumplió con la meta del 6% del PBI que dicta la ley de Financiamiento Educativo y la ley de Educación Nacional sancionada en 2006 (ver Gráfico 1).
En ese lapso de tiempo se observó que la inversión que realizan las provincias aumentó un 292%, mientras que la inversión de Nación creció un 30%. Actualmente, de cada $4 que se destinan al presupuesto educativo, $1 lo ejecuta el Estado nacional y los $3 las provincias, lo que muestra una inequidad en el reparto de los recursos.
“Se puede ver con claridad cómo evolucionó el financiamiento de la educación en distintos momentos políticos claves de la Argentina desde la vuelta de la democracia: la caída de los recursos de inicios de los ‘80 debido a la crisis de la deuda, los vaivenes generados por la transferencia de las escuelas secundarias y la posterior aplicación de la ley Federal de Educación, la crisis de 2001, la ley de Financiamiento Educativo y las restricciones fiscales de los últimos años”, señala Alejandro Morduchowicz, uno de los autores del informe.
Tras la crisis política y económica de los ´80, el financiamiento educativo cayó a principios de los años ‘90, y tocó fondo en 2002 y 2003 con la crisis de la salida de la convertibilidad. Desde el año 2004 retoma el incremento de los recursos destinados a la educación, que se refuerza en los años 2005 y 2006 (con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional).
La “inversión estratégica” en educación que quiere Javier Milei
Si bien la meta del 6% del PBI se cumplió en los años 2009 y 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología) fue en 2015 donde ese objetivo de inversión que establece la ley se cumplió de forma exclusiva para educación, por lo que en 42 años una sola vez un gobierno logró esa meta.
Semanas atrás, cuando Milei presentó el Presupuesto 2025, uno de los artículos del proyecto llamó la atención, el número 27, que trata sobre el gasto educativo. Allí se establece que, en caso de aprobarse la ley, se suspenderá por un año la obligación que tiene el Estado (Nación más provincias) de invertir en educación el 6% del PBI tal como lo indica la actual ley.
Tras el anuncio de la iniciativa de gastos para el año próximo, desde el Gobierno prefienre no hablar de cifras sino de “inversión estratégica” o “inversión inteligente” para el área educativa. Sostienen que en los últimos años hubo un gran gasto (en programas, planes y estrategias) que condujo a resultados bajos en el rendimiento escolar.
De la mano del compromiso que Milei firmó (como candidato presidencial) con AE y que ahora revalidó el secretario de Educación Carlos Torrendell, el objetivo es enfocarse en los “aprendizajes fundamentales”. La apuesta será por el Plan Nacional de Alfabetización, con el que se busca que los alumnos lleguen a 3° grado con los conocimientos de lectura (comprensión) y escritura adecuados.
La promesa del Plan Nacional de Alfabetización, en tanto “inversión inteligente” con fuerte impacto sobre la educación básica abre el camino para la desinversión en el resto de áreas educativas, sobre todo en las universidades. A esto se suma otro factor que agrava la situación: la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que representaba un cúmulo de recursos esencial para las provincias para el pago de salarios docentes, donde se deriva el 90% del presupuesto.
Al mismo tiempo, el texto del proyecto de la “Ley de leyes” que llevó el Poder Ejecutivo al Congreso suspende la obligación de invertir 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y del 0,2% del PBI en educación técnico profesional.
“Los datos obtenidos muestran la poca estabilidad de los recursos para la educación, lo que dificulta cualquier tipo de programación de políticas a largo plazo”, afirma Morduchowicz. El especialista sostiene que las conclusiones obtenidas en la investigación “permiten reflexionar sobre las perspectivas a futuro en un momento en el que se está redefiniendo el rol del Estado nacional y las responsabilidades provinciales en materia de financiamiento sectorial” agregó.
Mayor gasto en educación superior
En tanto, Juan Ignacio Doberti, Doctor en Ciencias Económicas y docente e investigador de la UBA aseguró: “Hay dos aspectos claves del financiamiento educativo durante el período 1980-2022: la relación nación/provincias en el aporte presupuestario y la división entre educación básica/educación superior en la asignación de recursos”.
El primer punto deja en claro que el financiamiento educativo creció un 226% en la educación superior y un 163% en la educación básica durante los últimos 42 años. La diferencia acumulada entre 1980 y 2022 es de 63 puntos porcentuales en favor del nivel superior (ver Gráfico 3).
“En el primer eje se observa claramente la retracción de la participación relativa del gobierno central y, por el contrario, la mayor contribución de las provincias en un proceso cuestionable porque estas tienen menor capacidad recaudatoria y una debilidad notoria para la gestión escolar” explicó Doberti.
“En el segundo aspecto, se se advierte el mayor incremento en la asignación destinada al nivel superior frente a los niveles inferiores, en un proceso vinculado al mayor aumento de la matrícula universitaria que partía de niveles de cobertura menores” amplió el investigador de la UBA.
En 1980, la educación primaria tenía una cobertura del 95%, la secundaria del 54% y la de educación superior del 16%. “El análisis resulta especialmente oportuno en el actual contexto de reducción del presupuesto público, puesto que los desafíos de mejoras en la calidad y equidad de la enseñanza exigirán una utilización eficiente de los recursos” señaló Doberti.
La inversión estatal en educación superior (es decir, universidades y educación superior no universitaria) creció sostenidamente más que la destinada a la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) desde la ley de transferencia de los servicios educativos de 1992, cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas.
La diferencia se profundiza entre los años 2006 y 2022, y alcanza un pico en 2018, donde se invirtieron 105 puntos porcentuales más en educación superior que en básica.
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