La Ley sancionada por unanimidad a partir del proyecto 3574/22, de autoría de Jorge Capitanich, crea el régimen de Escuelas Públicas de Gestión Social, que propicia un marco regulatorio para estas instituciones públicas, que deben ser además gratuitas, abiertas, diversas e inclusivas.
El proyecto establece que deben ser gestionadas por organizaciones sin fines de lucro de reconocida trayectoria y que responden a un proyecto pedagógico, social, comunitario, cooperativo y solidario, basado en las necesidades propias de los contextos en los que se encuentran insertas y estructurado en base a los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional.
Desarrollando proyectos pedagógicos a partir de procesos de construcción dialécticos y horizontales que pongan en el eje de la enseñanza y de los aprendizajes la formación de sujetos autónomos, críticos, comprometidos con el desarrollo integral de su comunidad, en base a los lineamientos de la política educativa provincial.
Plantea además el desarrollo de un modelo de gestión comunitaria y colegiada, que propenda a la democratización de la conducción institucional, favoreciendo relaciones horizontales entre los actores que forman parte de sus instituciones.
El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación, asegurando el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones establecidos por la presente ley, emitiendo la normativa ministerial que correspondiere, y disponiendo las medidas necesarias para su implementación. Las Escuelas Públicas de Gestión Social se ajustarán a los estamentos y marcos normativos y jurídicos establecidos dentro del ámbito de competencia y estructura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y a las mismas obligaciones que las instituciones de gestión estatal, exceptuando solamente aquellos aspectos explícitamente normados en la presente ley.
El debate
La diputada radical y presidenta de la Comisión de Educación, Zulma Galeano, obró de miembro informante del proyecto de ley 3574, de autoría del exgobernador Jorge Capitanich, y remarcó que el proyecto “llegó a mis manos con la intención de poder generar un orden en las escuelas de gestión social, en un momento donde la sociedad discutía sobre sus manejos. Desde muchos años hay escuelas educativas que buscan dar respuestas”.
Remarcó que estas instituciones “son escuelas públicas, conforman el sistema educativo de la provincia, no es una confrontación. En Chaco funcionan desde 2012 sin el respaldo de una normativa que las regule. Me consta que docentes de muchas de esas instituciones han mencionado la necesidad de contar con un régimen para que sus derechos y obligaciones estén expresados y haya un orden en sus instituciones”.
Mencionó los directores firmantes del proyecto de ley apoyando este marco normativo. Y sostuvo que “esta ley es una gran necesidad y muy esperada. Cambia una mirada. A Algunos les convenía estar en esa situación, pero necesitamos tener ordenados los derechos y leyes”.
Agradeció a asesores, trabajadores y al Ministerio de Educación.
La diputada justicialista Analía Flores, por su parte, destacó el rol de Cristina Canteros (presente en el Recinto), “imprimiéndonos un sentido comunitario, solidario, de mirar a los que más necesitan desde una educación pública comprometida. Esta historia no termina acá. Es el culmine de un largo proceso de años. No había una nimia, sino como todo proyecto y cosa que crece llega un momento en el que hay que llevar a otro nivel la discusión y la organización. Tenía que llegar este momento”.
Defendió que fueron las propias instituciones las que buscaron su marco normativo en un momento en el que crecía la “estigmatización” contra este sistema educativo que ya existía en la ley, pero que tiene la particularidad de haberse organizado previo a un reglamento en las comunidades por la propia necesidad. “Tienen muy poca ausencia y deserción tanto de docentes como de estudiantes, por como custodian sus propias instituciones”. “Hubo una avanzada mediática desde el desconocimiento”, subrayó la legisladora.
Le continuó el diputado radical Patricio Pavón y destacó el tratamiento para sentar “un precedente” en cuanto a la reglamentación de esta normativa. Observó casos como la escuela del barrio Emerenciano, y rescató en general a las instituciones. Adelantó su acompañamiento en general y su abstención en el artículo 17 de la norma “que podría llegar a permitir la omisión de la lista de orden de mérito.
La diputada justicialista Mariela Quirós abonó a las palabras de sus pares de la Comisión de Educación que despachó por unanimidad el proyecto. “Es una tarea del sector, las escuelas hace muchos años viene trabajando para consensuar un proyecto y sumar las voces de quienes representamos a los distintos bloques”. Rescató su rol y celebró el avance en este sentido.
El diputado radical Samuel Vargas también destacó el rol de las escuelas y señaló que “el Estado tenía una asignatura pendiente que vamos a cumplir hoy”. Destacó a los profesores “Tito” Tabares y “Fito” Molodezky, ambos incorporados al mercado de la educación de artes y oficios. “Quiero destacar en estos dos profesores y en la memoria de ellos, y también el trabajo del hijo de Molodezky. Y no dejar pasar el gesto del gobernador Leandro Zdero.
Por el CER, la diputada Andrea Charole, recordó la sanción de las escuelas de educación bilingüe intercultural, “para que la sociedad pueda ver la situación de las escuelas o cómo es su enseñanza”. Destacó el trabajo en conjunto y el trabajo de las escuelas de gestión social. “Las escuelas de gestión social trabajan en los barrios muy periféricos. Hoy es un día muy importante para ellos. Nuevamente Chaco con la bandera de una educación como esta, seguramente pocas provincias lo tienen”.
Rodrigo Ocampo, del interbloque del Frente Chaqueño, destacó que “son un símbolo de lucha contra el analfabetismo, la pobreza, la desigualdad. Vinieron a ocupar un lugar que quizás otras escuelas no lo podían hacer. Son muchos los dirigentes que pasaron por estas instituciones que hoy van a tener una ley que se merecen, no porque les resuelva todos los problemas, pero porque le da una estatura jurídica que se merecen”, sostuvo.
Por Juntos por el Cambio, Zulema Wannesson, adelantó: “Voy a exponer un aspecto distinto porque he mirado a las escuelas de gestión social con enojo”. “Tuve la suerte de estar en esta Comisión de Educación
Aprendí que fueron creadas por las necesidades de las comunidades más alejadas. Muchas escuelas que andaban bien fueron sindicadas. No había mala intención de la sociedad que señalaba los excesos. A lo largo de estos meses con estas dos maestras (Galeano y Flores), he empezado a valorar a las escuelas de gestión social y celebro esta reglamentación. Y que tengan docentes vocacionales como todos los que pudieron hacer esta reglamentación. Me desdigo de lo que dije muchas veces, saco la estigmatización, la pongo en un lugar oscuro de la política y celebro que podamos darles a las sociedades que lo necesitan este tipo de docencias”.
Desde el Frente Grande, Tere Cubells, valoró las palabras y la posición asumida por su par preocupante, así como el nombramiento de referentes de escuelas de gestión social que en su momento también sufrieron persecución política por enarbolar estas luchas. También adelantó su acompañamiento a un proyecto que avizoró se sancionaría de manera unánime, luego e tantos años de discusión y estigma.
Por el NePAR, Juan José Bergia rescató también el rol social de los dirigentes mencionados. “Reconocer a los que están hoy en la pecera, a todos los que sufrieron esa estigmatización. En nombre de ellos sale esta ley. Se puede creer, conseguir los consensos. Y acordar no significa entregar las convicciones y por eso vamos a votar positivamente esta ley y reglamentación necesarias. Por los que están, por los que no están, por todos los que siguieron luchando”.
El jefe de la bancada de JxC, Sebastián Lazzarini, afirmó: “Me identifico en las palabras de la diputada Wannesson, yo las miraba de reojo”. “Con todas las letras, hoy somos capaces de poder debatir esta iniciativa y convencidos de que va a ser ley, por una definición política de parte del Gobernador de la Provincia que dio las instrucciones precisas al Ministerio de Educación”.